Revés de Transparencia al Gobierno por ocultar sus medidas contra la okupación en Madrid

El Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha dado un importante revés al Ejecutivo de Pedro Sánchez por ocultar el despliegue de la Delegación del Gobierno en Madrid para frenar el fenómeno de la okupación. Tras una reclamación de OKDIARIO al órgano que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia de 2013, el equipo de José Manuel Franco ha tenido que responder a este periódico, si bien, no contesta con toda la información solicitada.

El CTBG dio un plazo de 10 días para que la Delegación del Gobierno, que está adscrita al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, facilitara a este periódico «el presupuesto de la Oficina de Viviendas Ocupadas». No obstante, a pesar de la reprimenda del CTBG, el Gobierno ha replicado diciendo que no cuenta con la información. En su respuesta, la Delegación del Gobierno indica que habría que consultar al Ministerio del Interior que, por su parte, también declina informar sobre el tema en cuestión.

«Dado que se estima que una parte de la solicitud, esta debe ser contestada por el Ministerio del Interior», expresan desde la Delegación. «Respecto del listado de actuaciones y planes que tiene en marcha la Delegación del Gobierno para frenar este fenómeno de la okupación, se ha facilitado toda la información», justifican a pesar de que no se ha remitido ni una sola cifra.

Este periódico pedía, en concreto, los datos actualizados de la okupación en la Comunidad de Madrid según consta en la Delegación del Gobierno en la región. Cabe recordar que en febrero de 2018, la entonces delegada del Gobierno, Concepción Dancausa (PP), ofreció en rueda de prensa estadísticas muy detalladas sobre estos delitos. Se informó que «en la Comunidad de Madrid había entonces casi 4.000 casas con okupas, más de la mitad en la capital», y que en un año «la Oficina de Viviendas Ocupadas había recibido 1.762 comunicaciones de nuevas ocupaciones».

Sin embargo, desde entonces no han actualizado estos datos y el equipo de José Manuel Franco se niega a informar al respecto a pesar del varapalo del Consejo de la Transparencia. La Delegación del Gobierno tendría en su haber un desglose de las okupaciones por municipio, por tipología, por fecha de okupación, por tipo de propietario, si consta si son narcopisos, etc. pero el delegado del Gobierno y líder del PSOE de Madrid evita ofrecer estas estadísticas que sirven para calibrar cómo de importante es este problema en la región.

Una oficina fantasma

En su respuesta tras el tirón de orejas del Consejo de la Transparencia, el Gobierno dice que «no tiene adscrita ninguna Oficina de viviendas ocupadas ni este Centro Directivo del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ni la Delegación del Gobierno de Madrid».

«Los Presupuestos Generales del Estado, que tienen por objeto financiar los gastos necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios que se prestan en Delegaciones, no contiene partida presupuestaria alguna con ese objeto, al no encontrarse contemplada la mencionada oficina como órgano dependiente de la Delegación del Gobierno», agregan.

En todo caso, apuntan que «siendo la problemática de las viviendas ocupadas ilegalmente un fenómeno complejo y en el que intervienen distintos actores (entidades financieras, entidades privadas, propietarios de inmuebles, etc) y distintas administraciones (Agencia Social del Alquiler, de la Comunidad de Madrid; Empresa Municipal de la Vivienda, del Ayuntamiento de Madrid; etc), la Delegación del Gobierno está atenta al problema, en el marco de sus competencias».

A continuación, sin entrar a detallar planes específicos contra los okupas, la Delegación del Gobierno dice que «recibe las preocupaciones que tanto las asociaciones de vecinos como las Juntas de Seguridad transmiten al respecto», «convoca reuniones a entidades como la SAREB», y «mantiene la coordinación adecuada a través de Policía y Guardia Civil». «Asimismo ha establecido contacto tanto con las entidades del Ayuntamiento de Madrid como con la Consejería de Vivienda de la Comunidad», finalizan.

Respuesta de Interior

Por otra parte, la Delegación del Gobierno ha derivado en la Policía Nacional la petición de información y su director general, Francisco Pardo, rechaza facilitar la información a OKDIARIO apoyándose en que «el derecho de acceso a la documentación pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad pública». «La gestión de los recursos humanos disponibles constituye un factor determinante de la capacidad operativa de las distintas unidades policiales», se expone.

En todo caso, Pardo evita informar sobre la evolución año a año de propiedades okupadas y recuperadas, el presupuesto de la Oficina de Viviendas Ocupadas y el listado de actuaciones y planes que tiene en marcha la Delegación del Gobierno para frenar los delitos de usurpación de la propiedad privada. Opta por la opacidad total ante una petición de que informe sobre el número de agentes que están centrados en poner freno a los okupas por si ello provoca que aumente este fenómeno al ver que son pocos.