Los policías culpan al delegado del Gobierno de las agresiones sufridas en Sol por «permitir la acampada»

• Pablo Romero-Salazar
• Periodista. Cubriendo la Comunidad de Madrid.
• • 13/10/2026 14:43
  • Actualizado: 13/10/2026 14:43

El sindicato JUPOL ha acusado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de hacer trabajar a la Policía Nacional «a ciegas» y le ha responsabilizado de las agresiones que sufrieron varios agentes el lunes en las inmediaciones de la Puerta del Sol. La organización sostiene que Martín ha permitido la acampada sin dar instrucciones operativas a las unidades desplegadas y reclama medidas urgentes.

JUPOL ha denunciado que policías de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) fueron agredidos con brutalidad y que a uno de ellos le golpearon cuando ya estaba tendido. El sindicato ha difundido un vídeo de los hechos y habla de una situación de «extrema gravedad» para la seguridad de los agentes.

Los altercados se produjeron cuando personas con banderas de España, algunas franquistas, y de la Cruz de Borgoña se concentraron cerca de Sol para increpar a los acampados por la crisis de la vivienda. La Policía detuvo a cuatro personas, una mujer y tres hombres, uno de ellos menor, por atentado contra agente de la autoridad y desórdenes públicos. Fuentes policiales indican que varios agentes resultaron heridos.

«Basta de dejar a los pies de los caballos a los policías», ha exigido JUPOL, que sostiene que la seguridad de los agentes no puede depender de la «improvisación» ni de decisiones políticas.

Una advertencia que se repite

No es la primera vez que los sindicatos policiales señalan a Martín. JUPOL ya lo calificó como el máximo responsable de una «decisión política» de no actuar al inicio de la acampada. Su portavoz, Ibón Domínguez, le reclamó entonces que, si considera que hay que desalojar, dé la orden y asuma su responsabilidad sin esconderse tras la Policía Municipal. El sindicato UFP también aseguró que el delegado conocía la concentración y el dispositivo desplegado.

La acampada lleva instalada desde finales de septiembre frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. La Comunidad de Madrid presentó el 1 de octubre un recurso contencioso-administrativo contra Martín por negarse a desalojarla, tal como le habían exigido el Gobierno regional y el Ayuntamiento. El juzgado que recibió el recurso lo elevó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por falta de competencia objetiva.

El TSJM rechazó el 5 de octubre la medida cautelarísima y pidió antes la opinión de la Abogacía del Estado, que representa a la Delegación. El tribunal alertó de la posible afectación del derecho de reunión y de la irreversibilidad de un desalojo, que podría exigir medidas de compulsión física. Dos días después, volvió a rechazar la medida cautelar al considerar que, por ahora, no está acreditada la inactividad de la Delegación. La resolución no entra en el fondo del asunto.

En sus alegaciones, la Delegación negó una «total pasividad»: aseguró haber habilitado pasillos para peatones, accesos a inmuebles y servicios de emergencia, y haber acordonado la sede de la Comunidad. Añadió que las imágenes aportadas no acreditan altercados contra personas ni daños suficientes para justificar la disolución.