Envían a juicio a la ex alcaldesa socialista de Móstoles que se enfrenta a 12 años de inhabilitación
La Fiscalía pidió 12 años de cárcel para la ex regidora de la segunda ciudad de la Comunidad de Madrid
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La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles ha decidido abrir juicio oral contra la ex alcaldesa socialista de esa localidad, Noelia Posse, quien está acusada de prevaricación y malversación de fondos en el conocido como caso ITV. Hace cuatro meses, la Fiscalía solicitó una pena de 12 años de inhabilitación para ella y otros ocho miembros del Gobierno municipal de la anterior legislatura, todos ellos del PSOE. Tal como consta en un auto al que ha tenido acceso OKDIARIO, se declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Madrid.
El Ministerio Público solicita los 12 años de apartamiento de las funciones públicas por un delito de prevaricación en el caso ITV. Se investiga si se perjudicaron las arcas municipales cuando el Ayuntamiento decidió de forma arbitraria presuntamente condonar la deuda de una empresa encargada de realizar las inspecciones técnicas de vehículos. En el escrito de acusación en Madrid, la Fiscalía sostiene que los acusados «causaron un perjuicio económico» al Ayuntamiento de Móstoles, estimado en 615.000 euros, al perdonar la deuda adquirida por esta empresa y reducir el canon anual a 60.000 euros. Además, subraya que el Gobierno municipal tomó esta decisión «a pesar de contar con un informe desfavorable del interventor», quien había alertado sobre la ilegalidad del procedimiento.
En la parte dispositiva del auto se acuerda en la apertura de juicio oral tras las correspondientes acusaciones contra «Noelia Posse, Francisco Javier Torner, María Luisa Ruiz, Alejandro Martín, David Muñoz, Rebeca Prieto, Aitor Perlines, Beatriz Benavides, Natividad Gómez, Dolores Triviño y Mónica Ramírez como administradora de la entidad Itv Móstoles SL por el delito de prevaricación y malversación de caudales públicos».
La juez María Pinto, en su escrito fechado el 31 de julio, requiere «a los acusados para que de forma conjunta y solidariamente en el plazo de un día preste fianza en cantidad de 817.453,94 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele, en cualquiera de las clases señaladas» en la Ley, con el apercibimiento de
«que de no prestarla se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada». En este punto, da orden de abrir pieza separada para que los procesados no se escapen de restablecer el equilibro económico que presuntamente rompieron en las arcas mostoleñas.
Además, recuerda que las acusaciones populares y particulares y la Fiscalía han solicitado la apertura del juicio oral por 12 y 15 años respectivamente de inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio. La acusación particular ha solicitado que deberá ser reintegrado al Ayuntamiento de Móstoles la cantidad provisional de 817.453,94 euros, debiéndose estar a la liquidación definitiva que deberá practicar el Tribunal de Cuentas. También esa parte pide la condena al pago de las costas judiciales del procedimiento. La acusación popular también piden 6 años de prisión para los encausados.
Recientemente el nuevo alcalde, Manuel Bautista (Partido Popular), demandó a la anterior Corporación por el caso ITV. «Nosotros velamos por los intereses de los mostoleños y por eso queremos que el daño reputacional que este caso ha hecho a Móstoles termine y se resarza, y que esa deuda vuelva a las arcas municipales para dar becas y crear infraestructuras», expuso, al tiempo que criticó los casos de «enchufismo» del anterior equipo de Gobierno.
Acuerdo de lesividad
Igualmente, en mayo, el Pleno municipal de Móstoles dio luz verde a la aprobación definitiva de lesividad a las arcas municipales del acuerdo alcanzado en la Junta de Gobierno local en octubre de 2020, que originó el caso ITV, por la condonación de una deuda de dos millones de euros a la empresa concesionaria. Se trata de un paso necesario para solicitar ahora al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que lo declare nulo, con el objeto de restablecer las cuantías íntegras que la empresa adjudicataria debe abonar (la deuda correspondiente a los ejercicios desde 2015 a 2023).
La resolución, que fue aprobada gracias al apoyo de los partidos que conforman el Gobierno local, PP y Vox, y que además ha contado con los votos a favor de Más Madrid Móstoles y con la abstención del Grupo Mixto, detalla que se rechazan todas las alegaciones presentadas, ya que, pese a que el acuerdo adoptado en 2020 fue avalado por el Tesorero Municipal, tuvo «un informe desfavorable de la intervención municipal».
En la propuesta, según ha insistido el portavoz del Partido Popular, Alberto Rodríguez de Rivera, se indica al tiempo que «la condonación de la deuda se produce sin que la concesionaria estuviera en fase concursal, con lo que no procede». «Tampoco existe un análisis en el expediente de la situación recaudatoria, no aparece, y que al tratarse de una concesión demanial, no cabe reequilibrio económico financiero y por tanto el reajuste del canon», ha explicado. En este contexto, el portavoz del PP ha enfatizado que, además, existe «un daño reputacional».
La ex alcaldesa y actual portavoz socialista, Noelia Posse, sostuvo que han votado en contra de la resolución puesto que lo consideran una «farsa» y que va a «terminar siendo recurrida ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa para que el acuerdo que se tome en este pleno se anule».
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