Demanda del novio de Ayuso: pide 60.000 € a las ministras Montero y Rodríguez por intromisión en su honor

• Paula M. Gonzálvez @pmgonzalvez
• Periodista. Portadista y redactora. Formada en Criminología, Marketing Editorial y Cine. Email: paula.mgonzalvez@okdiario.com
• • 18/04/2024 06:45
  • Actualizado: 18/04/2024 08:47

Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha interpuesto dos demandas de conciliación contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en las que exige 40.00 euros y 20.000 euros, respectivamente, en concepto de indemnización por intromisión ilegítima en el derecho al honor y en la intimidad -en el caso de Montero-, y por intromisión en el derecho al honor en el caso de Rodríguez, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes jurídicas conocedoras del caso.

La interposición de estos actos de conciliación suponen el paso previo a la presentación de la demanda ante el Tribunal Supremo. En total, el empresario y novio de la presidenta madrileña pedirá por juicio ordinario 60.000 euros a las dos ministras del Gobierno de Pedro Sánchez por hablar públicamente de su situación personal en relación a la Agencia Tributaria. Así, las ministras del Gobierno de Pedro Sánchez tienen la opción de avenirse, rectificar y reconocer que se han equivocado. De no hacerlo, se llegaría al Alto Tribunal, que en este caso actuará como uno de Primera de Instancia.

Hay que recordar que la ministra Montero llegó a revelar que la pareja de  Ayuso había cobrado dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas cuatro horas antes de que lo publicase ElDiario.es y cuando sólo se sabía que había sido denunciado por la Fiscalía por un presunto fraude fiscal. La presidenta madrileña acusó a Montero de decir «por los pasillos» del Senado los «datos personales» de su pareja, «que ni siquiera el propio afectado conocía», en relación a las investigaciones que se publicaron después sobre las comisiones que cobró presuntamente su pareja durante la pandemia.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, hizo referencia el pasado 13 de marzo en el Congreso de los Diputados a la investigación por fraude fiscal a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando afirmó que «no se puede comprometer a que la gente tenga acceso a un piso de un millón de euros en el barrio de Chamberí». Luego dijo con sorna que no se oponía a que se compren pisos de un millón de euros aunque añadió que «siempre y cuando se haya ganado honestamente y se haya tributado por ello».

Querellas que no se presentaron

En un primer momento, aseguran dichas fuentes, se valoró la posibilidad de interponer una querella, pero nunca se llegó a dar ese paso tras estudiar las opciones de viabilidad. Por ello, finalmente se ha optado por presentar las demandas como la opción con mayor posibilidades de prosperar en beneficio del demandante, la pareja de Ayuso.

Pese a que algunas publicaciones recientes apuntaban que se había archivado la querella contra María Jesús Montero, fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que esa querella nunca se formuló. Añaden que se trata, realmente, de una impulsada por una tercera persona -de la que se desconoce su identidad, su propósito y cómo lo hizo-, aunque no apareciera destacado en los titulares y pareciera que realmente era González Amador, que nunca se ha querellado contra Montero, insisten, quien estaba detrás.

En cuanto a las filtraciones de la Fiscalía, como se dio a conocer, ya se han presentado dos denuncias diferentes: una es la interpuesta por el Colegio de Abogados contra el Ministerio Fiscal, para averiguar la identidad de la persona responsable de la filtración; la segunda es la realizada por la propia pareja de Ayuso contra la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid por la nota de prensa difundida. Ambas están formuladas y en marcha.

El caso similar de Montero

No es el primer caso reciente similar. Ya el Supremo condenó a Irene Montero a pagar a un padre al que tachó de «maltratador». La ex ministra de Igualdad tuvo pagar 18.000 euros y publicar en sus redes sociales el encabezamiento del fallo, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Supremo que así lo dictaba, que igualmente la apremió a eliminar de sus cuentas el mensaje en el que se refirió al demandante en estos términos.

Lo hizo a través de un vídeo que compartió, en el que se le podía escuchar pronunciando un discurso en el que mencionaba la palabra «maltratador» en alusión a este padre al que tuvo que indemnizar.