El Ayuntamiento de Rivas, feudo de Podemos, gasta 2 millones en un seguro privado de sanidad

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, feudo de IU, Podemos, PSOE y otros partidos de izquierda, ha gastado más de dos millones de euros en un seguro privado de salud. A pesar de que en el ideario de estas formaciones políticas está atacar de forma sistemática este modelo de atención de sanidad, no han tenido problema en contratarlo para los trabajadores municipales.

Este contrato se lleva reproduciendo año a año, al menos desde 2019, con 400.000 euros por ejercicio. También en los presupuestos de 2023 están contemplados las siguientes partidas: «Seguro médico privado (420.000 euros), seguro colectivo de vida para empleados (146.000 euros), ayudas por matrimonio/natalidad, jubilación y otras (215.000 euros)».

Se trata de una incoherencia manifiesta ya que los partidos que gobiernan Rivas están en contra, según dicen, de que las empresas privadas hagan negocio con servicios básicos. Sin embargo, es una práctica habitual. Por ejemplo, la líder de Podemos, Ione Belarra, no ha tenido problema para adjudicar un servicio de sanidad privada, al margen del Sistema Nacional de Salud, para la sede de su Ministerio, en el Paseo del Prado, donde también se benefician los trabajadores de las carteras de Consumo y Sanidad. También el Portal de Contratación recoge múltiples contratos con compañías de salud privadas en el Ministerio de Presidencia o, por ejemplo, en las Cortes Generales.

Rivas ha dado especialmente la batalla contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid a costa de la Sanidad pública. Los concejales del municipio llegaron a encerrarse hace escasos meses en las dependencias del Consistorio para llamar la atención. Los altos cargos realizaron una especie de acampada en protesta porque el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso (PP) no construye un cuarto centro de salud. Se acostaron en sacos de dormir como si fueran scouts en lugar de cargos públicos. La particular protesta a modo de fiesta de pijamas fue recibida con sorpresa e incredulidad en diferentes instancias.

Ahora han incluido una partida para construir con medios propios ese centro de salud. Sin embargo, reservan únicamente un euro para ese proyecto. De todas formas, la Consejería de Sanidad no va a aceptar ese convenio de colaboración entre administraciones. En este contexto, además, se ha levantado un hospital privado con la aprobación del Ayuntamiento de izquierda radical.

El equipo del consejero Enrique Ruiz Escudero acepta construir ese cuarto ambulatorio, pero en unos plazos que no gustan en la corporación municipal que gobierna Rivas. La Comunidad de Madrid aceptó que el consistorio levantara un colegio público, pero a la postre fue un error que ha provocado una escalada de litigios legales a causa de unas reformas que acometió la Administración local y que pretende que costee la regional.

Sanidad

Por su parte, el Ministerio de Ione Belarra ha adjudicado un contrato de 71.297 euros para un servicio en la sanidad privada que se encargará de «la vigilancia de la salud» del personal de los servicios centrales de su Ministerio. Ello, a pesar de que en la sede del departamento existe un gabinete médico público y que existe Muface, un servicio de salud propio para funcionarios. Por su parte, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, contratará un «servicio especializado» para realizar «reconocimientos preventivos» a sus empleados por 13.890 euros.

Ambos dirigentes han impulsado estos días la protesta política contra Isabel Díaz Ayuso utilizando la Sanidad pública como arma electoral. «Hoy en Madrid la ciudadanía ha salido a la calle a defender la Sanidad Pública. Los gobiernos de las derechas optan por la precariedad y la falta de recursos como vía para la privatización. Hay que pararlos», trasladó Garzón en sus redes sociales el pasado domingo. Belarra acudió a la protesta, «para defender lo público», junto a Pablo Iglesias.

No es la primera vez que el ministerio de Ione Belarra recurre a un servicio de este tipo en la sanidad privada. Como reveló OKDIARIO, en septiembre pasado ya gastó 30.000 euros en una empresa para cuidar la salud de 375 empleados hasta final de año. Pagó 50 euros por revisión médica y 30 por análisis de sangre y de orina.