Así opera la trama del PSOE de Parla para que altos cargos y afines cobren sueldos públicos de por vida

• Ana Borges
• Periodista política cubriendo la información de la Comunidad de Madrid. Antes trabajé en esRadio cubriendo información política.
• • 14/03/2026 05:52
  • Actualizado: 14/03/2026 05:52

Desde un vicealcalde socialista que negocia con sindicatos las bases para adquirir una plaza en la Administración pública de Parla hasta un examen amañado para ser auxiliar administrativo en este ayuntamiento. Así parece que funcionan las oposiciones y nombramientos de cargos públicos en este Consistorio gobernado por el PSOE con 11 concejales y Más Madrid con 2.

Tal y como ha desvelado OKDIARIO este sábado, un concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Parla (Madrid), Andrés Correa, ha sido denunciado penalmente por un delegado de la Confederación General del Trabajo (CGT) por haber negociado, aprobado e impulsado las bases del proceso selectivo mediante el cual él mismo obtuvo una plaza fija de auxiliar administrativo en el Consistorio.

Según la denuncia a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Andrés Correa negoció las bases en la Mesa General, elevó la propuesta a la Junta de Gobierno Local, participó en su aprobación mediante el acuerdo de 2 de diciembre de 2022, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el día 9 de ese mismo mes, impulsó las convocatorias, presentó al proceso selectivo y finalmente obtuvo la plaza.

La denuncia fue registrada el 4 de marzo de 2026 por un delegado de la Confederación General del Trabajo (CGT), pero los hechos ocurrieron en el año 2024, cuando Correa era primer teniente de alcalde de Parla, concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento, también concejal de Economía y Hacienda y portavoz del PSOE.

El origen del caso se remonta a la aprobación de la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que obligó a todas las administraciones españolas a estabilizar sus plantillas interinas mediante convocatorias abiertas.

Los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a autoridades o funcionarios y, subsidiariamente, tráfico de influencias.

Lo que convierte los hechos en presuntamente delictivos es que Correa, al mismo tiempo, era beneficiario directo del sistema que estaba diseñando. Llevaba más de quince años ocupando en situación de temporalidad la plaza que posteriormente fue objeto de estabilización. El Régimen Jurídico del Sector Público impone la obligación legal de abstenerse cuando concurra interés personal directo.

La negociación de las bases para estas plazas de auxiliar administrativo también benefició a la actual concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Parla, Maria Curiel, compañera de Correa.

Andrés Correa ha dejado recientemente la concejalía de Recursos Humanos tras denunciar Vox este caso en reiteradas ocasiones en el pleno de Parla y figura en la actualidad como concejal del PSOE en el área de Hacienda del Ayuntamiento de Parla. Su plaza de auxiliar administrativo, que consiguió de esta manera tan irregular, permanece reservada en situación de excedencia forzosa por ocupación de cargo público.

Oposiciones amañadas

No es el único chanchullo en el que está sumergido el Ayuntamiento de Parla. Poco a poco vamos conociendo más detalles del presunto fraude cometido en las oposiciones a auxiliar administrativo celebradas el pasado 10 de marzo. Unas oposiciones a las que se presentaron cerca de 800 personas, entre ellas concejales y familiares de concejales del equipo de gobierno (PSOE y Más Madrid).

Tal y como avanzó en exclusiva OKDIARIO el miércoles, varios opositores denunciaron a este periódico que, de las 33 preguntas que tenía el examen tipo test, 31 de ellas seguían un denominador común. De las cuatro respuestas posibles, divididas entre A, B, C y D, tres de ellas llevaban un punto al final de la misma, salvo una. La respuesta correcta del examen era siempre la siguiente a la que no lleva el punto.

Algunos opositores anunciaron que impugnarán el examen y desde el Ayuntamiento socialista han señalado que, «no teniendo constancia alguna de alegaciones ni impugnaciones de opositores/as, todo lo relativo a este proceso selectivo debe aclararse debidamente desde el respeto de la presunción de inocencia».

Sin embargo, las sospechas de amaño aumentan cuando se van conociendo los detalles de las personas que se presentaron al mismo. A la prueba se presentó la concejal de Educación del Ayuntamiento de Parla, de Más Madrid, Isabel María Ávila.

Ella misma ha reconocido que así lo hizo en un comunicado, aunque ha matizado que no sabía nada del presunto engaño. «Me he presentado como una aspirante más, entre las casi mil personas que concurrimos a las 24 plazas convocadas», dice en el comunicado. «Soy una más de las afectadas por esta situación y tengo la certeza de que mi resultado en la prueba no será favorable, así que pediré que la nota de mi examen se haga pública para demostrarlo», añade.

También a las oposiciones se ha presentado la hermana de la concejal del PSOE de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Parla.  Se trata de María Luisa Curiel Sánchez, que actualmente tiene un puesto de personal laboral en el departamento de Empleo del Ayuntamiento. María Luisa es hermana de María Curiel, actual concejal de Servicios Sociales del PSOE.

El Grupo Municipal de Vox en Parla, a través de su portavoz, Juan Marcos Manrique, ha solicitado formalmente la creación de una comisión de investigación para esclarecer «las graves irregularidades» denunciadas por los aspirantes en el examen. También ha solicitado la comparecencia del alcalde Ramón Jurado.

Asimismo, Vox considera que, si se confirman los hechos denunciados, deberán depurarse todas las responsabilidades, tanto administrativas como, en su caso, penales. Por su parte, el PP de Parla ha pedido la celebración de un pleno extraordinario para esclarecer este asunto.

El sindicato CGT también se ha sumado a la denuncia y ha anunciado que impugnará el examen y pedirá una investigación, e incluso ha abierto la posibilidad de emprender acciones legales. En una entrevista con OKDIARIO, su portavoz, Eugenio Ortega, considera que «esto es claramente hecho a propósito». «Tiene toda la pinta de manipulación y vamos a depurar responsabilidades porque entendemos que puede tener incluso repercusiones penales».