Zasca de González Amador al fiscal: «Estoy enfrentado a su jefe, mi piso es totalmente legal»

Alberto González Amador compareció ante la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en calidad de investigado y protagonizó uno de los momentos más tensos del procedimiento al dirigirse directamente al fiscal para recordarle que está «enfrentado» con el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Mientras, negó con rotundidad cualquier irregularidad en la reforma de su vivienda.

El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declaró de forma voluntaria y anunció desde el primer momento su voluntad de colaborar. Únicamente no responde a las preguntas de la acusación popular ejercida por Más Madrid y el PSOE, a quienes ha acusado de haber «dilatado el proceso», «politizarlo» y «filtrar información».

La declaración, que se ha prolongado durante 2 horas y 17 minutos, ha girado en torno a tres ejes principales: la compra de la sociedad Círculo de Belleza SL por 500.000 euros, la estructura societaria con la que facturaba sus servicios, y la adquisición de dos pisos en el barrio de Chamberí, Madrid.

La juez instructora ha centrado buena parte del interrogatorio en dilucidar si detrás de la compra de Círculo de Belleza puede existir un indicio de corrupción en los negocios o administración desleal.

González Amador rechazó esta calificación con vehemencia y total contundencia. Esgrime que la propia inspectora tributaria, Mercedes Urbano López de Meneses, se retractó tiempo después: «La misma inspectora ha dicho que la sociedad ya no es interpuesta. Por lo tanto, ya no hay una operación fraudulenta». Agregó que, lejos de defraudar, adelantó impuestos: «Mis asesores me llegaron a decir que llegué a pagar de más».

El investigado explicó que el valor real de Círculo de Belleza SL residía en dos contratos, uno con una distribuidora farmacéutica —que le daba acceso a 400 farmacias— y otro con otra empresa para la expansión del negocio en Latinoamérica. «Para mí eso hubiera sido suficiente», afirmó, calculando una facturación potencial de hasta tres millones de euros.

Sin embargo, a la Fiscalía aparentemente no le valen las explicaciones y le repregunta una y otra vez. «¿Para qué necesitaba entonces Círculo de Belleza  SL para contactar con la otra empresa?», le espeta el fiscal. El investigado responde que conoce personalmente al CEO de esa compañía: «Cuando todos nos conocemos… no soy un pirata».

Encontronazos

Otro momento de alta tensión llega cuando el fiscal ha desgranado la evolución de los ingresos que la sociedad de González Amador de 275.000 euros en 2020 y 722.000 en 2021, con un salto hasta superar el millón en años posteriores.

Ante la pregunta de a qué obedecía ese incremento, el investigado responde que «cada vez que se demandan más servicios, más servicios doy, más facturo», y ha insistido en que ninguna factura ha sido «un regalo»: «Ellos ganan dinero».

Ha negado también con énfasis cualquier tipo de vínculo con contratos públicos: «Jamás he ido a ver a ningún funcionario de la Administración, no ya de Madrid, sino jamás en ninguna. Ni he preparado ni firmado una oferta en la administración pública. Jamás».

El pasaje más escabroso de la declaración ha llegado cuando el fiscal Diego Lucas Álvarez le ha preguntado por la reforma de su piso y por publicaciones periodísticas que afirmaban que había unido ilegalmente dos plantas.

González Amador ha respondido con un golpe retórico dirigido no al fiscal presente en la sala, sino a su entonces superior jerárquico: «No a usted personalmente, estoy enfrentado con su jefe. Pero a su señoría le invito a que venga al piso a verlo».

La referencia al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz —cuya implicación en la filtración de datos fiscales del investigado le ha supuesto una condena de inhabilitación— ha sido la frase más cargada de electricidad del día.

Desde el inicio de la sesión, González Amador ha dejado claro que no respondería a Más Madrid y al PSOE, acusación popular en el caso –eso a pesar de que quieren acabar con esa figura legal–: «Lo único que hemos visto es que han dilatado el proceso, han filtrado información. Creo que no va a aportar nada más que politizar aún más esta causa». La juez ha tenido que recordar que, constitucionalmente, no podía obligarle a declarar ante ellos.

Este procedimiento tiene su origen en una inspección de la Agencia Tributaria que en 2021 detectó presuntas irregularidades en la tributación de las sociedades de González Amador, vinculadas a su actividad como consultor para una gran empresa de hospitales. La causa derivó en una pieza separada al apreciarse posibles indicios de delitos que van más allá del fraude fiscal, lo que convirtió un expediente administrativo en una investigación penal de alto voltaje político para los de Mónica García y Pedro Sánchez.

González Amador ha salido de la sala disipando del todo las preguntas que más incomodan al caso. La juez tiene ahora sobre la mesa una declaración larga, combativa y llena de matices que deberá ponderar.