Urdangarin y Torres van a la cárcel pero no devuelven 4,5 millones públicos que saquearon

El marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, ingresará en las próximas horas en la cárcel para cumplir la condena de cinco años y 10 meses de prisión que le ha impuesto el Tribunal Supremo, tras revisar ligeramente a la baja la sentencia dictada en febrero de 2017 por la Audiencia Provincial de Baleares.

Urdangarin y su socio, Diego Torres, van a prisión, pero no devuelven los 4,5 millones de euros públicos que se embolsaron mediante contratos con el Govern balear y la Generalitat valenciana. Ambos socios sólo han sido condenados a devolver (de forma solidaria con el ex presidente Jaume Matas) los 619.000 euros que cobraron de la Fundación Illesport, ligada al Govern, por el patrocinio del equipo ciclista de Baleares.

Durante sus años de actividad, el Instituto Nóos facturó cerca de 20 millones de euros: 6 millones de las Administraciones públicas (el Govern balear y la Generalitat valenciana) y otros 14 millones por contratos de asesoramiento a grandes empresas privadas, que renunciaron a reclamar judicialmente su devolución.

Tal como reveló entonces el diario El Mundo, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach propuso en diciembre de 2014 a Iñaki Urdangarin pactar una condena de 6 años de cárcel, además de devolver los 6 millones de euros públicos cobrados por el Instituto Nóos y reconocer sus delitos: malversación, fraude, falsedad y delito fiscal.

La oferta de pacto del fiscal Horrach

Asesorado por sus abogados, Urdangarin decidió rechazar esta oferta y afrontar un proceso judicial en el que la Fiscalía pediría para él una pena muy superior: 19 años y medio de prisión. Arriesgó, y no le ha salido mal la jugada.

La condena a cinco años y 10 meses de cárcel que finalmente deberá afrontar es ligeramente inferior la que Horrach le propuso para llegar a un acuerdo. Y además, Urdangarin y Torres se libran de devolver el grueso de los ingresos que obtuvieron de las Administraciones públicas. Únicamente deben devolver los 619.000 euros del patrocinio del equipo ciclista.

Urdangarin y su socio Diego Torres cobraron 3 millones de euros de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) y la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau (FVTCB) para organizar tres ediciones del foro Valencia Summit, celebradas entre 2004 y 2006.

Cada uno de estos eventos costó a las arcas públicas algo más de 900.000 euros, aunque su coste real en ningún caso superó los 200.000 euros, según la instrucción del juez José Castro. La Intervención General del Estado fue más lejos y señaló en un informe que ambos socios obtuvieron de cada uno de estos eventos un beneficio de más del 90%, ya que los costes reales fueron pagados por los patrocinadores privados.

Los jueces no ven delito en Valencia

El tribunal de la Audiencia Provincial de Baleares presidido por la magistrada Samantha Romero constató que al menos los convenios correspondientes a 2005 y 2006 incumplieron la Ley, pero absolvió a todos los acusados de la Administración valenciana (Alfonso Grau, Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Jorge Vela y Elisa Maldonado) al considerar que les eximía la “falta de claridad de la normativa reguladora”.

En Baleares, el Instituto Nóos organizó otros dos foros sobre deporte y turismo para el Govern de Jaume Matas: el primero costó a las arcas públicas 1,2 millones de euros y el segundo 1,1 millones. También en este caso, el beneficio que obtuvieron Urdangarin y Torres superó el 80%.

De este modo, de los 6 millones de euros que cobraron de la Generalitat y el Govern balear por organizar los cinco eventos, Urdangarin y su socio obtuvieron un beneficio de al menos 4,5 millones de euros que no han sido condenados a devolver a las arcas públicas.

Condenado por dos delitos fiscales

Iñaki Urdangarin sí ha sido condenado por el Tribunal Supremo a pagar los 236.000 euros que defraudó a Hacienda, y a pagar a la Agencia Tributaria una multa de 512.553 euros como autor de dos delitos fiscales. En cuanto a la infanta Cristina, la sentencia le ha salido a devolver: el Supremo ha rebajado de 265.088 a 136.950 euros su responsabilidad civil a título lucrativo por los delitos cometidos por su marido.

Aunque la Sala del Tribunal Supremo presidida por el magistrado Manuel Marchena ha realizado una labor muy meticulosa, su labor estaba condicionada por la tipificación de los hechos que realizó la Audiencia de Baleares en febrero de 2017.