Puigdemont a un paso de la imputación por el saqueo de 10 millones de Aigües de Girona

La Fiscalía Anticorrupción estrecha el cerco sobre Carles Puigdemont por un presunto delito de prevaricación en el denominado caso AGISSA, Aigües de Girona, Salt y Sarrià de Ter, relacionado con la causa del 3%. El actual presidente de la Generalitat de Cataluña fue alcalde de Gerona entre 2011 y 2016, años en los que se habrían producido numerosas irregularidades en la gestión del sistema de aguas de la localidad.

Según los investigadores, se han detraído «numerosos recursos públicos» fingiendo «la prestación de servicios». De esta forma, se habrían repartido más de 10 millones de euros en dividendos y otros conceptos falsos e inflados entre los Ayuntamientos de Gerona, Salt y Sarrià de Ter, así como entre las empresas Girona SA y AGISSA. Unas irregularidades que se habrían estado produciendo con total impunidad hasta la actualidad.

El grupo municipal de la CUP de Gerona denunció ante la Fiscalía al director general de Girona SA y a su vez consejero delegado en AGISSA hasta 2016, Narcís Piferrer, por un delito continuado de Administración desleal. Posteriormente, la Fiscalía presentaba una querella ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Gerona por apropiación indebida.

En esta causa, se investiga al citado Piferrer, a su sucesor en AGISSA, Xavier Ballell, a otros directivos de Girona SA y la propia AGISSA, así como a los miembros de los órganos de Gobierno de los 3 ayuntamientos implicados.

Fuentes del caso consultadas por OKDIARIO aseguran que la investigación «está dando sus frutos y va a buen ritmo». Eso sí, las mismas fuentes recuerdan que ante una hipotética imputación de Puigdemont, el presidente catalán en su condición de aforado tendría que ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, TSJC, y no por el Juzgado de Gerona.

Estas mismas fuentes recuerdan «la relevancia en el momento actual» de que este caso de corrupción haya sido denunciado por la CUP, socio de Gobierno de Puigdemont y compañeros de viaje en su desafío independentista, ya que podría ser empleado para «presionar».

El origen del caso AGISSA

En 1976, los Ayuntamientos de Gerona, Salt y Sarriá de Ter adjudicaron a Girona S.A. mediante concurso el servicio de distribución del agua del sistema de Gerona. En 1992, se constituía la empresa mixta AGISSA, participada en un 80% por Girona S.A. y en un 20% por los 3 consistorios, para prestar dicho servicio sin concurso por un plazo de 12 años y con posibilidad de prórroga de 8 años.

En el año 2011, Carles Puigdemont se convierte en alcalde de Gerona y dos años más tarde en el 2013, se aprueba una nueva prórroga de la concesión de la gestión del agua por otros 8 años modificando varios puntos y cláusulas del contrato.

Según un demoledor y extenso informe de Hacienda incorporado hace dos meses a la causa, «los Ayuntamientos estaban percibiendo unos dividendos de un importe de entre 200.000 y 300.000 euros, que supone entre un 150% y un 250% de su participación en el capital social de AGISSA. A lo largo de todos estos años, los responsables de los Ayuntamientos no sólo habrían dejado de ejercer las funciones de control procedentes sobre las actuaciones de Girona S.A. y AGISSA, sino que tendrían conocimiento de dichas actuaciones en cada momento”.

“A partir del año 2013», añade Hacienda, «el casi medio millón que venía detrayendo Girona S.A. cada año de AGISSA, pasan a detraerlo los ayuntamientos”. Es a partir de 2013, con Puigemont ya en la alcaldía, la retribución del 3% en concepto de «responsabilidad de la gestión y explotación» por servicios no prestados se separa en «un 3% por ingresos de saneamiento», «un 3% por la responsabilidad de la gestión y explotación del servicio de distribución del agua» y finalmente «un 3% de los ingresos de laboratorio».

Desde esta fecha, «los aproximadamente 461.000 euros que Girona SA venía detrayendo cada año de AGISSA, pasan a ser transferidos a los Ayuntamientos. Y Girona SA pasa a cobrar de media más de 200.000 euros cada año por intereses».

Hacienda concluye que Girona SA y los ayuntamientos «se habrían venido repartiendo, cada año, durante 15 años, de manera encubierta, unos dividendos de 400.000 euros para Girona SA y de entre 200.000 y 300.000 euros para los ayuntamientos, además de unos dividendos ‘oficiales’ para Girona SA de 60.101 euros cada año. Total: 10 millones de euros».

Próximas comparecencias

El titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Gerona, Manuel Marcello, ha acordado en los últimos días la imputación de otras 5 personas más en el caso AGISSA.

El instructor ha citado para declarar en calidad de investigados al empresario y exconsejero, Joan de Llobet, que era dueño del 0,75% de la empresa mixta Aguas de Gerona, Salt y Sarrià de Ter, AGISSA; al exconcejal del PSC y ex teniente alcalde de Gerona, Tomàs Sobrequés; al exconsejero de la misma sociedad, Manuel Serra Pardas; al abogado Luis Sibils; y al empresario Ángel Dutras.

Posiblemente tras estas comparecencias, el caso entre en una nueva fase que no sería nada positiva para el futuro judicial de Carles Puigdemont.