Imputados 6 mandos de la Policía por acoso a un subinspector que denunció irregularidades: «Deja de joder, vamos a tener un problema»

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 52 de Madrid ha imputado a seis mandos de la Policía Nacional, entre ellos un comisario y varios inspectores y subinspectores, por presuntos delitos de acoso laboral y prevaricación contra un subinspector. En plena polémica por el supuesto acoso sexual del ex DAO Jota González tras la denuncia de una policía y del letrado Jorge Piedrafita, emerge otra situación, en este caso, de presunto acoso laboral extremo.

Tal como adelanta en exclusiva OKDIARIO, el denunciante, con tres décadas de servicio en el cuerpo, denuncia una persecución que tiene su origen en 2018, cuando alertó a sus superiores de robos sistemáticos en instalaciones militares de la OTAN en Irak y de conductas irregulares de varios compañeros destinados en la embajada española en Bagdad.

El procedimiento judicial, que acumula informes médicos, minutas policiales y testimonios de testigos, se encuentra en fase de instrucción a la espera del dictamen del médico forense y del pronunciamiento del Ministerio Fiscal.

Los antecedentes del caso se remontan a mayo de 2018. El denunciante ejercía entonces como jefe de seguridad de la embajada española en Irak cuando encontró a un compañero en situación crítica, sometido a un acoso severo por parte de otros agentes.

Al mismo tiempo, documentó con fotografías y vídeos cómo varios de esos compañeros robaban en instalaciones militares aliadas de la OTAN. «Se llevaban comida, se llevaban un montón de cosas de esos cuarteles con el fin de no gastarse el dinero de la dieta internacional», relatan fuentes consultadas por este periódico.

Remitió un parte a Madrid con las pruebas. Los denunciados fueron expedientados, pero respondieron imputándole a él un delito de prevención de riesgos laborales ante la Audiencia Nacional.

El Juzgado Central de Instrucción número 2 archivó la causa: la fiscal jefe Carmen Monfort determinó que la acusación era una invención. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó después ese archivo al desestimar los recursos de los denunciados. Además, también recurrieron en un juzgado de la jurisdicción social y los jueces les tumbaron una vez tras otra sus pretensiones.

Acoso policial en Latina

De regreso en Madrid, el afectado fue destinado como jefe de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la comisaría de Latina. El 2 de enero de 2022 sufrió un infarto de miocardio como consecuencia de la carga de estrés que supone una imputación en la Audiencia Nacional, sabiendo que era inocente, como luego quedó acreditado. Eso le generó una isquemia cardíaca crónica, con una discapacidad reconocida del 10% por la Comunidad de Madrid. Pese a ello, fue mantenido en un puesto de alta exigencia.

A partir de finales de 2023, el comisario del distrito comenzó a requerirle minutas explicativas de forma reiterada, algo sin precedentes en la carrera del subinspector. Esto le generó aún más ansiedad por estar vigilado por todos los frentes sin un motivo de peso.

En diciembre de ese año, tras abandonar el servicio por indicación de su cardiólogo, fue obligado a justificar por escrito su marcha. En su respuesta, el subinspector señalaba que la Policía Nacional «en ningún momento se ha informado o ha comprobado el estado de salud del funcionario que suscribe, ni tampoco se ha preocupado por este funcionario después de haber sufrido este episodio de salud grave».

La propia Unidad de Régimen Disciplinario archivó tres expedientes consecutivos abiertos contra el afectado por iniciativa del comisario. En uno de ellos, el instructor concluyó que el subinspector que había presentado el parte «realiza afirmaciones en sus minutas que no son ciertas» y que el inspector jefe que lo respaldó «se ha limitado a adornar» el escrito «sin aportar ningún dato de utilidad». La prolijidad documentada de los intentos fallidos de sancionar al subinspector quedó así certificada por el propio sistema disciplinario del cuerpo.

En junio de 2024, el hoy denunciante notificó su situación a la Subdirección General de Recursos Humanos, dirigida por Gemma Barroso Villarreal –que ha ejercido de DAO de forma interina– a las órdenes de Francisco Pardo Piqueras, advirtiendo del riesgo para su salud mental. La respuesta fue un escrito genérico sin ninguna consecuencia real.

El desenlace llegó cuando el comisario provincial de Madrid le citó en su despacho y, según un escrito redactado por su abogado, le ofreció elegir destino a cambio de cesar en sus quejas: «Sé quién eres, sé lo bueno que eres, y deja de joder a estos tíos, porque al final vamos a tener un problema. Es mejor mover a uno que mover a seis. Dime dónde quieres ir».

El subinspector rechazó el ofrecimiento por escrito el 25 de junio de 2024. El 17 de julio fue cesado en su puesto y trasladado forzosamente a la comisaría de Carabanchel mediante una orden entregada de forma sorpresiva por un policía de escala básica cuando el subinspector entraba a trabajar.

Imputados: comisario y mandos

El procedimiento en el juzgado número 52 tiene como investigado al comisario –que ahora ejerce en el Instituto Nacional de Ciberseguridad
(INCIBE)–, al inspector jefe operativo de la Comisaría de Latina, al jefe de la Sección Operativa de Policía Judicial de Latina —ya jubilado—, a un inspector —jefe grupo de Policía Judicial— y a dos subinspectores.

El juez Jesús de Jesús instruye la causa, en la que los imputados han solicitado urgentemente el archivo.

Paralelamente, el 12 de marzo de 2026 el abogado del denunciante ha interpuesto una denuncia por prevaricación administrativa contra el jefe de procesos selectivos de la División de Formación y Perfeccionamiento, tras negarse este a entregar la grabación de una entrevista de ascenso a inspector en la que el denunciante ya ha sido suspendido en dos ocasiones anteriores, desconocidos los motivos. Una de esas ocasiones está judicializada en lo contencioso-administrativo.

Este policía, con 30 años de servicio y con una trayectoria impoluta, está viendo que, sin razón ni motivación, han sufrido supuesto acoso por el simple hecho de haber denunciado irregularidades en una embajada española. Ahora espera que sean los tribunales quienes completen el expediente que sus superiores, según la instrucción judicial abierta, habrían preferido enterrar.