La Guardia Civil cree que los asesores de Mas se repartieron 173.000 € por redactar la Constitución catalana

El ex presidente Artur Mas ha repetido una y otra vez que los miembros del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) de la Generalitat, que elaboraron su Libro Blanco para alcanzar la independencia, trabajaron de forma desinteresada y sin cobrar ni un sólo euro.

Sin embargo, la Guardia Civil ha hallado sólidos indicios de que estos «expertos», encabezados por el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi i Sunyer, se repartieron más de 173.000 euros públicos de la Generalitat por redactar la Constitución catalana y diseñar la estructura jurídica del nuevo Estado que los independentistas aspiran a crear.

En sus informes remitidos al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, la Guardia Civil califica a Carles Viver como el «arquitecto jurídico» del procés. No sólo presidió el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) creado por Artur Mas en abril de 2013 para trazar la hoja de ruta del proceso de independencia.

Ya bajo la Presidencia de Carles Puigdemont, elaboró las Leyes de Desconexión aprobadas ilegalmente por el Parlament el 6 y 7 de septiembre de 2017 (tres semanas antes del referéndum ilegal del 1-O) y coordinó la redacción del borrador de la Constitución de la República catalana imaginaria.

El «Consell Assessor» de Pilar Rahola

No es cierto que los 15 miembros del Consell per a la Transició Nacional (entre los que se encuentra la periodista Pilar Rahola, que cobra una abultada nómina de TV3 por actuar como propagandista del procés) trabajaran gratis.

La Guardia Civil halló en el disco duro del ordenador de Carles Viver un presupuesto remitido en marzo de 2015 a Artur Mas, para repartir 173.400 euros públicos entre los «expertos» que estaban elaborando los informes jurídicos para alcanzar la independencia.

El documento distribuye los pagos en nueve apartados y se titula «Presupuesto para la elaboración de nuevos informes y proyectos legislativos siguientes: Constitución provisional, Ley provisional de la Justicia, régimen de nacionalidad, régimen de lenguas, tratados internacionales, organismos internacionales, Defensa, cooperación España-Cataluña y participación ciudadana en el proceso constituyente».

Los investigadores de la Guardia Civil han hallado buena parte de estos informes en el mismo ordenador de Carles Viver, por lo que sospechan que efectivamente Artur Mas aprobó la partida de gastos que le propuso el ex magistrado del Tribunal Constitucional.

El presupuesto asigna las mayores cantidades a cinco de los expertos que elaboraron el Libro Blanco para la Transición Nacional de Cataluña (es decir, para la independencia). Propone pagar 22.000 euros al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona (UA) Enoch Albertí por participar en la redacción de la Constitución catalana y por coordinar los informes sobre la Justicia y el régimen de nacionalidad de la Cataluña independiente.

Carles Viver asigna otros 16.000 euros a Joan Vintró (también catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona) por coordinar los informes sobre el régimen de lenguas y por ayudar a redactar la Constitución catalana.

Siempre según el mismo documento, Alfonso González Bondía (profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona) se embolsaría 15.000 euros por elaborar los informes sobre los tratados internacionales que debe suscribir una Cataluña independiente.  De los cinco «expertos citados», González Bondía es el único que no formó parte, oficialmente, del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN).

El presupuesto asigna 11.000 euros al periodista y profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona Salvador Cardús por redactar los informes sobre la Defensa en una Cataluña independiente y su colaboración con España. Por último, el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra Ferran Requejo cobraría 6.000 euros por diseñar los mecanismos de participación ciudadana para crear la Cataluña independiente.

Viver cobraba 9.000 euros al mes

A estas cantidades hay que sumar otros 100.000 euros públicos, que Carles Viver distribuye para gratificar al resto de colaboradores que participaron en la elaboración de informes, distribuidos en diez grupos de trabajo: Constitución provisional de la República catalana (15.000 euros), Justicia (16.000 euros), Régimen de nacionalidad (15.000 euros), régimen de lenguas (16.50 euros), Tratados internacionales (14.000 euros), organismos internacionales (14-000 euros), Defensa (14.000 euros), Cooperación (14.000 euros), participación ciudadana (44.900 euros) y «asesoramiento general al comisionado» (10.000 euros).

La Guardia Civil investiga ahora cómo se canalizaron estos pagos, destinados a profesores universitarios que diseñaron, por encargo de Artur Mas, la hoja de ruta para alcanzar la independencia y la estructura jurídica de un hipotético Estado catalán.

Los investigadores sospechan que la Generalitat pudo camuflar estos pagos, en concepto de asesorías, a través del Instituto de Estudios Autonómicos (luego rebautizado como Institut d’Estudis de l’Autogovern) que dirige el propio Carles Viver Pi i Suñer. Este organismo tiene un presupuesto público de más de 1,1 millones de euros anuales.

El propio Carles Viver cobra cerca de 112.000 euros anuales como director de este organismo. Y un dato especialmente llamativo: el presidente Carles Puigdemont disparó el sueldo de Carles Viver a medida que se acercaba el referéndum ilegal del 1-O y la declaración de independencia.

La interventora, también imputada

De este modo, el «arquitecto jurídico» del procés cobró de la Generalitat una nómina de 6.773,92 euros en noviembre de 2016, que se elevó hasta los 7.510,46 euros en abril de 2017 y alcanzó los 9.538 euros en julio de 2017, tres meses antes del referéndum ilegal.

Durante la aplicación del artículo 155, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Mora, exigió a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, explicaciones sobre el anómalo incremento de la nómina de Carles Viver. La propia Rosa Vidal está imputada en la misma causa que instruye el Juzgado número 13 de Barcelona, porque engañó reiteradamente al Ministerio de Hacienda y al juez para ocultar los pagos de la Generalitat destinados a la organización del referéndum ilegal de independencia.

Carles Viver Pi i Suñer fue magistrado del Tribunal Constitucional, a propuesta de CiU y con apoyo del PSOE, entre 1992 y 2001. Llegó a ser vicepresidente del Alto Tribunal durante cuatro años (entre 1998 a 2001), antes de comenzar a trabajar para la Generalitat en 2004 bajo la Presidencia de Jordi Pujol.