La Fiscalía pedirá rebajar la fianza de 4 millones impuesta a la ex directora financiera del Canal

La Fiscalía Anticorrupción emitirá un informe favorable a rebajar la fianza de 4 millones de euros impuesta a la ex directora financiera del Canal de Isabel II, María Fernanda Richmond, detenida en la ‘Operación Lezo’.

Richmond ha declarado finalmente este jueves voluntariamente durante cerca de 2 horas y media ante el nuevo juez instructor del caso, Manuel García-Castellón. En su comparecencia han estado presentes la fiscal Carmen García Cerdá y su abogado, Bernardo del Rosal. Al estar secreta la causa, no estaban presentes los letrados de las acusaciones populares.

En la vista ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional una rebaja en las medidas cautelares decretadas el pasado mes de abril por su presunta implicación en la trama de corrupción y así poder «defenderse desde la libertad». El Ministerio Público vería con buenos ojos una reducción de la fianza de 4 millones fijada por el anterior instructor de la causa, Eloy Velasco. Tras el informe favorable emitido por Anticorrupción, el juez García-Castellón tendrá la última palabra.

La ex directora financiera del Canal de Isabel II se encuentra en prisión provisional desde el pasado 20 de abril en el centro penitenciario madrileño de Soto del Real. Está acusada de presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos.

El objetivo de su declaración voluntaria era poder explicar sus cargos y su papel en las operaciones investigadas en el caso Lezo. Richmond ha asegurado en sede judicial que «no cobró» ninguna comisión en la compra de la filial brasileña Emissao. Esta adquisición se efectuó en el 2013 por 21 millones de euros y apenas un año después el valor de la compañía era de poco más de 5 millones.

Richmond ha explicado que su posición en la empresa pública no le colocaba en situación de conocer el presunto desvío de fondos que llevó a cabo la trama liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y que «no despachaba con él». También ha afirmado que «no tiene cuentas, ni bienes en el extranjero» y que todo su dinero está embargado por el juez. Por ello, ha pedido que el magistrado fije una fianza acorde a su patrimonio.

Recordamos, que la fianza de la ex directora financiera del Canal de 4 millones es superior incluso a los 3 millones impuestos a Jordi Pujol Ferrusola, imputado por blanquear millones de euros.

El día de su primera declaración Richmond tras su detención no tuvo tiempo de reunir toda la documentación de que la que disponía sobre la compra de la empresa brasileña Emissao y tuvo que comparecer ante el juez Velasco sólo horas después de que estallara la operación. Por este motivo, solicitaba su declaración voluntaria ante García-Castellón.

Su defensa ha reclamado al juez una mejora en sus condiciones, al menos «el mismo trato» que al que era su jefe, el ex gerente del Canal de Isabel II Adrián Martín, quien eludió la prisión al pagar una fianza de 100.000 euros. Además, «no ha acusado a nadie y sólo se ha referido a su papel dentro de la empresa y su situación en la causa».

Richmond y el hermano del ex presidente madrileño, Pablo González, son los únicos dos detenidos en la trama ‘Lezo’ que no han abonado la fianza impuesta por el juez Velasco, ambas de cuatro millones de euros, para salir de la cárcel. En el caso del expresidente madrileño y su mano derecha del Canal de Isabel II en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, el magistrado decretó prisión incondicional sin fianza.

La ex directora financiera de la empresa pública del agua en Madrid es esposa de Javier de Andrés, consejero delegado de Indra. De Andrés es amigo de la infancia de González y además de ser investigado en Lezo, fue imputado anteriormente en la trama Púnica.

Richmond ocupó varios cargos en la empresa tecnológica Indra en Reino Unido. Posteriormente, fue la directora financiera de la filial de Indra en Argentina y después desembarcaba en el Canal, donde fue la máxima responsable financiera entre los años 2007 y 2016.