EE.UU. posee 348 documentos con comunicaciones de políticos, policías y fiscales de España sobre BPA

La agencia del departamento del Tesoro de EE.UU. contra los delitos financieros, FinCEN, posee 348 documentos relacionados con el caso BPA, Banca Privada de Andorra, con comunicaciones mantenidas entre el propio FinCEN, el gobierno andorrano, el ejecutivo español y 15 políticos, policías y fiscales de ambos países.

Según desvela OKDIARIO, en esta lista de 15 personas que podrían haber actuado como interlocutores con EE.UU. relacionados con el caso BPA se encuentra el ex ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz; el director de Gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, y el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.

En el ámbito policial, se encuentra el comisario Marcelino Martín Blas, el ex nº 2 de la Policía, Eugenio Pino; el que fuera mano derecha del entonces director adjunto operativo de la policía, Bonifacio Díaz; el comisario José Villarejo; el inspector, José Ángel Fuentes Gago; así como el agente de Guardia Civil, Basilio Luis Sánchez Portillo.

Entre los representantes del Ministerio Público, se encuentra el ex fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce; los fiscales, José Grinda y Fernando Bermejo; y el fiscal general de Andorra, Alfons Alberca. La lista la cierra el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Carles Fiñana; y la jefa del Instituto Nacional de Andorra de Finanzas, Maria Cosan.

Los letrados en EE.UU. de los propietarios de BPA, Higini y Ramón Cierco, solicitaron a la agencia del Tesoro estadounidense en julio de 2016 que les informaran sobre la existencia de «todo tipo de comunicaciones» mantenidas por estos protagonistas, «incluyendo emails, cartas y facsímiles».

Tampoco se descarta que existan «conversaciones telefónicas» entre alguno de los citados que hayan podido ser resumidas o plasmadas en un documento para ser remitido a un tercer interlocutor.

Las fuentes del caso consultadas por este diario afirman que muchos de estos 348 documentos que guarda la agencia del Tesoro estadounidense podría ser «información sensible» sobre la caída del BPA, que afectaría a otros casos de corrupción investigados por la policía española.

Actualmente, se desconoce si el FinCEN posee documentos con «comunicaciones de absolutamente todos los protagonistas citados, o sólo de algunos de ellos», que tuvieron alguna clase de interlocución con la agencia del Tesoro estadounidense.

Este diario publica la lista de estas 15 personas remitida al FinCEN en julio del pasado años por los abogados de los hermanos Cierco y la última respuesta de la agencia del Tesoro estadounidense que se produjo este mismo mes de marzo donde desvela la existencia de «348 páginas con registros relacionados».

La solicitud cursada por los letrados de Cierco se sustenta en la ley de transparencia estadounidense denominada FOIA (Freedom of Information Act). Esta ley federal nació tras del escándalo «Watergate». que terminó con la dimisión del presidente Richard Nixon, y permite a cualquier individuo o entidad demandar registros del gobierno norteamericano siempre y cuando se cumpla con algunos requisitos relacionados con su confidencialidad. 

La caída de BPA

En marzo de 2015, el gobierno de Andorra anunciaba la intervención de BPA, Banca Privada de Andorra, tras ser acusada de blanqueo de capitales por la agencia del departamento del Tesoro estadounidense, FinCEN.

Tal y como publicó OKDIARIO, los propietarios de BPA han exigido al FinCEN que investiguen la denuncia, asegurando que no cumplieron con los requisitos de la Ley cuando se emitió la nota 311 contra la entidad por supuesto lavado de dinero, y que afirmaba que representaba un riesgo para el sistema financiero estadounidense.

Según los abogados de los hermanos Cierco, «el banco se había protegido contra el posible lavado de dinero» y además había informado a las autoridades de los casos citados en la nota por el FinCEN. También negaban que pudiera representar un riesgo para EE.UU. por el tamaño de BPA.

En tercer lugar, aseguraron que el FinCEN «no había cumplido con un requisito de la Ley» porque «no había evaluado las actividades legítimas del Banco», que deberían haber sido valoradas para poder concluir que el principal propósito de la entidad era blanquear capitales.

La emisión de la nota de la agencia del Tesoro estadounidense provocó la caída inmediata de BPA, ya que sin acceso al mercado de dólares un banco extranjero no puede operar, especialmente si en su país de origen no dispone de Banco central. Finalmente, el FinCEN acabó retirando la nota, pero el destino de la entidad ya estaba decidido.