Denuncian ante los ministros Borrell y Delgado que el «CNI catalán» cobraba mordidas del 4%

Un antiguo colaborador de la agencia de ciberseguridad de la Generalitat, el Cesicat, ha denunciado este jueves ante los ministros de Exteriores y Justicia, Josep Borrell y Dolores Delgado, que las empresas contratistas del llamado «CNI catalán» también pagaban mordidas del 4%.

Albert Gabás relató estos hechos ante la UDEF en dos comparecencias, el 17 de septiembre de 2015 y el 9 de marzo de 2016. Tras constatar que la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional no había investigado a fondo su denuncia, este jueves la ha remitido a los ministros Borrell y Delgado.

Según su denuncia, estas prácticas corruptas se prolongaron al menos durante la etapa de Carles Flamerich como director general de Telecomunicaciones de la Generalitat (entre enero de 2011 y noviembre de 2013), bajo la Presidencia de Artur Mas. En este cargo, Flamerich era al mismo tiempo el máximo responsable del Cesicat y del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).

El CTTI exigía a sus contratistas una partida del 4% del importe de los contratos adjudicados, que quedaba fuera de control de los órganos de fiscalización. En ocasiones, el equipo de Flamerich pedía que estos fondos se destinaran a contratar a personas o empresas con las que mantenía estrechas relaciones.

El referéndum ilegal del 1-O

De hecho, Carles Flamerich mantenía un doble vínculo con los principales contratistas del CTTI: la mayor parte de ellos tenían representantes colocados en la dirección de la sectorial TIC del PDeCAT (que dirigía el propio Flamerich) y formaban parte del patronato de la fundación Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno), de la que el mismo Carles Flamerich ha sido creador, presidente y director general durante 10 años.

Tan sólo en el año 2011, el CTTI licitó cuatro megacontratos, por un importe global de 2.014 millones de euros, para la compra de equipos, aplicaciones informáticas e “infraestructuras de proceso de datos” de la Generalitat. Estos contratos millonarios se adjudicaron sin concurso, por el procedimiento de “diálogo competitivo” que permitía a la Generalitat una gran discrecionalidad. Y la mayoría de las empresas adjudicatarias formaban parte de la sectorial TIC del PeCAT o de la fundación CTecno creada y dirigida por Flamerich.

Lea aquí la denuncia presentada por Albert Gabàs ante la UDEF, y remitida este jueves a los ministros Josep Borrell y Dolores Delgado.

Una de las empresas más favorecidas por estas adjudicaciones a dedo fue Seidor SA: recibió contratos de la Generalitat por importe de más de 400 millones de euros, tras contratar como asesor y jefe de proyectos a Joan Antoni Rakosnik, cuñado del entonces presidente Artur Mas.

La Dirección General de Telecomunicaciones de la Generalitat adjudicó otros 430 millones de euros en contratos a T-Systems, la empresa para la que había trabajado el mismo Carles Flamerich durante dos años. Según los informes remitidos por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, estos contratos han servido además para que T-Systems diseñara las aplicaciones de gestión del voto en los referéndums ilegales de independencia del 9-N y el 1-O.

Mas, Espadaler y Puig lo sabían

El propio Cesicat y el CTTI también han jugado un papel clave para poner en marcha la web del referéndum ilegal de independencia convocado por Carles Puigdemont y la aplicación para contabilizar el voto de los catalanes residentes en el extranjero.

Albert Gabás denunció las irregularidades en los contratos millonarios adjudicados por el CTTI en varios correos electrónicos remitidos entre abril y mayo de 2013 al entonces presidente Artur Mas, los consellers Ramón Espadaler y Felip Puig, y Oriol Pujol Ferrusola (que en aquel momento era secretario general de CDC).

Pese a tener conocimientos de estos hechos, ninguno de ellos actuó para depurar las responsabilidades. Ahora, los ministros Josep Borrell y Dolores Delgado tampoco pueden alegar desconocimiento.