Cerdán, su socio en Servinabar, Leire y Fernández Guerrero cobraron al menos 1 millón en comisiones a cambio de ayudas de la SEPI

• Irene Tabera @irenetabera
• Madrid (1996). Periodista de Investigación y Tribunales. Colaboradora en Telecinco, Cuatro y Telemadrid. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Televisión por la Universidad Católica de Milán. Anteriormente trabajó en Mediaset Italia. Contacto: irene.tabera@okdiario.com
• • 05/06/2026 05:47
  • Actualizado: 05/06/2026 09:55

La pieza secreta del caso de las cloacas investiga las comisiones que Leire Díez, Santos Cerdán, su socio Antxon Alonso y el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero cobraron por influir en ayudas públicas a través de la empresa Mediaciones Martínez. Fuentes consultadas aseguran que la cuantía de estas mordidas asciende a más de un millón de euros.

La Audiencia Nacional tiene acreditado que los cuatro miembros vinculados al PSOE cobraron por amañar contratos. El juez está cuantificando cuánto cobraron cada uno porque de cada ayuda que conseguían se pagaba una mordida. Santos Cerdán llegó a cobrar 40.000 euros por una sola adjudicación.

Los fondos se canalizaban a través de la empresa Mediaciones Martínez. Esta compañía tiene su sede fantasma en un piso del barrio de Salamanca y ahora ha cambiado de nombre y se llama Promociones Inmobiliarias Ku-Ma. El grupo puso al frente de Mediaciones Martínez a Carmelo Aznarez Pellicer, un empresario que figura en una decena de compañías y que utilizaron como tapadera.

Una vez conocido el sumario de la vinculación con el PSOE de las cloacas y cómo trataban de desactivar causas judiciales, ahora se sabrá cómo Cerdán, Díez, Alonso y Fernández cobraron comisiones. Santiago Pedraz, el instructor del caso, tiene previsto alzar el secreto de sumario de esta parte de la investigación judicial en los próximos días.

Cinco operaciones policiales

La investigación judicial a las cloacas del PSOE no ha sido fácil. El juez ha ordenado cinco operaciones policiales con numerosos registros y requerimientos para armar de pruebas la causa. Los agentes de la UCO han trabajado a destajo en este procedimiento puesto que el volumen de información intervenida es muy grande debido a las operaciones policiales.

La última de las operaciones se ha producido este jueves 4 de junio cuando los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a la sede de Tubos Reunidos en Bilbao y a una planta en Amurrio (Álava) de la misma empresa para realizar un registro. También han acudido a la SEPI a requerir información, puesto que la trama cobraba de las ayudas que daba este organismo que presidió durante años Vicente Fernández Guerrero.

Los investigadores se centran en la concesión de un rescate otorgado por la SEPI a Tubos Reunidos por valor de 112,8 millones de euros, de los cuales más de 100.000 habrían ido a parar a Leire Díez, Vicente Fernández y el socio de Cerdán Antxon Alonso.

Leire Díez se interesó por Tubos Reunidos y así lo dejó reflejado en su agenda, en la que destacaba los puntos fuertes de la empresa, que debía considerarse estratégica u operar en un sector estratégico para lograr la concesión de la ayuda.

La Audiencia asumirá las causas

La Audiencia Nacional acumulará todas las causas judiciales vinculadas a las cloacas del PSOE. El magistrado Arturo Zamarriego de los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) que empezó investigando las presiones de la cloaca tendrá que inhibirse en la Audiencia Nacional, donde se investigan también estos hechos y a las mismas personas.

El juez de la Audiencia Nacional también reclamará la investigación abierta en los juzgados de Teruel sobre el caso Forestalia puesto que Leire, Vicente Fernández Guerrero y Antxon Alonso, en representación de Santos Cerdán, cobraron de esta empresa.

El objetivo del juez es ordenar la causa y centralizarla en los juzgados de la Audiencia Nacional que llevan meses investigando estos hechos.