Las protestas por el precio del gas en Kazajistán dejan al menos 40 muertos y más de 4.400 detenidos

Al menos 40 personas han muerto y más de 4.400 han sido detenidas desde el comienzo de las protestas contra las autoridades de Kazajistán, según un nuevo balance del Ministerio del Interior kazajo.

De acuerdo con las estimaciones, recogidas por la prensa, entre los detenidos hay once instigadores de los disturbios en el país, que el Gobierno ha achacado a la intervención de «terroristas» bajo influencia extranjera.

Entre los fallecidos se encontrarían miembros de las fuerzas de seguridad, según apuntan el diario Vlast y la agencia DPA, así como un niño de 11 años tras sucumbir a la herida de bala en la cabeza que recibió el miércoles, de origen no confirmado.

Los disturbios en Kazajistán emergieron a partir de una protesta en los precios del gas licuado, fundamental para los desplazamientos en coche por el país.

Las manifestaciones comenzaron en las ciudades de Zhanaozen y Aktau, antes de extenderse por todo el país, en particular por el núcleo financiero de Almaty, ahora mismo bajo estado de emergencia.

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha exigido este viernes a las autoridades de Kazajistán que anulen «de inmediato» cualquier orden de las fuerzas de seguridad kazajas de «disparar a matar» e insta a cumplir los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.

«Kazajistán se encuentra en medio de su crisis más violenta desde la independencia y el mundo está muy atento para ver si el gobierno demuestra que respeta los Derechos Humanos», ha dicho la directora asociada de Crisis y Conflictos de HRW, Letta Tayler.

Asimismo, ha añadido que es «fundamental» que las autoridades kazajas se aseguren de que todas las fuerzas de seguridad sobre el terreno «actúen con miras a salvaguardar la vida humana y rindan cuentas si no lo hacen».

«He ordenado a los cuerpos de seguridad y al Ejército que disparen a matar sin advertencia», ha manifestado este viernes Kasim Jomart Tokayev durante un discurso a la nación, en la que ha descartado negociar con los manifestantes, tal y como ha recogido el portal kazajo de noticias Khabar 24.

«Una negociación entre los bandos»

Así, ha tildado de «estupidez» los llamamientos «desde el extranjero» para «una negociación entre los bandos para resolver los problemas políticamente»: «¿Acaso es posible negociar con criminales y asesinos?», se ha preguntado, antes de incidir en que las autoridades hacen frente a «criminales armados y entrenados, tanto nacionales como extranjeros».

El mandatario ha hecho hincapié en que «la operación antiterrorista continúa en el país» y ha agregado que «hay un trabajo a gran escala y bien coordinado que está siendo llevado a cabo por la Policía, la Guardia Nacional y el Ejército para establecer la ley y el orden, en línea con la Constitución».

Las protestas comenzaron por el malestar del precio del gas pero, extendidas ya a varias ciudades, han terminado por convertirse en un desafío sin precedente a las actuales autoridades, que han solicitado la ayuda militar de los países vecinos, incluida Rusia, para contener las movilizaciones. Además, se han registrado cortes de Internet por todo el país y cientos de personas han sido detenidas.

HRW ha recordado que «todas las interrupciones internacionales del acceso a Internet», condenadas en 2016 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además de «violar la libertad de expresión y asociación», pueden «dificultar el acceso a la atención médica, la educación y los servicios sociales».

«Las autoridades de Kazajistán han restringido, durante mucho tiempo, los derechos fundamentales y han rechazado los pedidos de reformas, como el levantamiento de las restricciones a las protestas pacíficas y la libertad de expresión y las prohibiciones a los grupos de oposición, y el fin de los enjuiciamientos por motivos políticos de los críticos con el Gobierno», ha dicho la ONG en un comunicado.