El Parlamento Europeo respalda la reforma que endurece la política migratoria y la creación de centros de deportación

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles la reforma de política de retornos, una medida que endurece las normas actuales y respalda la creación de centros de deportación en países ajenos a la Unión Europea, siguiendo el modelo desarrollado por Italia en Albania.

«Hoy Europa ha cumplido. La gente espera, con razón, que quienes no tienen derecho a residir en el país regresen a sus países de origen. Por eso, mi prioridad es clara: medidas de retorno eficaces y realistas. Y tras casi 20 años de estancamiento, Europa por fin las tiene. El retorno es la pieza clave del sistema migratorio europeo, y me enorgullece enormemente que ya esté en marcha», afirma el ponente Malik Azmani de Países Bajos.

La propuesta, que aún necesita la aprobación del Consejo antes de entrar en vigor, ha salido adelante en el pleno de Estrasburgo con 418 votos favorables, 218 en contra y 30 abstenciones.

Cuando la norma sea adoptada definitivamente, las disposiciones relativas a los centros de deportación en terceros países y a los procedimientos para determinar la edad de los menores serán de aplicación inmediata. El resto de medidas contará con un periodo de doce meses para su incorporación a las legislaciones nacionales.

El reglamento también fija las condiciones para que estos acuerdos sean compatibles con las leyes europeas. Las nuevas normas buscan «simplificar y agilizar» los procedimientos sin olvidar el respeto a los derechos fundamentales y el derecho internacional, y sustituirán a la directiva de retornos vigente desde hace casi 20 años y establecerán el marco legal para que los gobiernos puedan negociar con terceros países la instalación de centros de deportación en su territorio. A ellos podrán ser enviados inmigrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada y que permanezcan a la espera de ser retornados a su país de origen o de tránsito.

Un día antes de la votación, los Veintisiete acordaron preparar el terreno para que estos centros puedan recibir financiación europea dentro del próximo  marco financiero plurianual correspondiente al periodo 2028-2034. En la reunión celebrada en Bruselas, los Estados miembros de la UE respaldaron, pese a la oposición de España, la posibilidad de utilizar el fondo para la acción exterior de la UE para financiar las denominadas «soluciones innovadoras» destinadas a reducir la migración irregular.

Se amplían los periodos de detención

La reforma contempla igualmente un aumento del tiempo máximo de detención de los inmigrantes en situación irregular mientras se tramitan sus expedientes. El reglamento indica que la detención deberá ser ordenada por una autoridad administrativa o judicial y permitirá mantenerlos retenidos hasta 24 meses, con una posible ampliación de seis meses adicionales si cambian las circunstancias o cuando la persona afectada no colabore en su deportación o exista riesgo de fuga.

Estos plazos también podrán aplicarse a menores no acompañados y a familias con niños pequeños. Aunque la norma establece que la detención debe utilizarse únicamente como último recurso y durante el menor tiempo posible y teniendo en cuenta el interés superior del menor.

A favor y en contra

El presidente de la comisión de Justicia e Interior del Parlamento Europeo y eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos, defendió el acuerdo al considerar que una política migratoria creíble requiere «retornos eficaces» y que la confianza de los ciudadanos en las instituciones depende «de la capacidad para controlar la inmigración irregular».

Desde el PSOE, el eurodiputado y exministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, criticó el apoyo del Partido Popular a la iniciativa junto a los grupos Patriotas y ECR. Según afirmó, el reglamento entra en conflicto con derechos fundamentales y plantea dudas con el derecho internacional. «Este reglamento ignora derechos fundamentales como la dignidad humana, la libertad, el derecho de asilo y la tutela judicial efectiva, además de plantear serias dudas de compatibilidad con el Derecho internacional».