De poco le está sirviendo a Juan Manuel Santos su empeño en sellar un acuerdo con los narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La firma del pacto, prevista para el próximo 23 de marzo, se ha visto pospuesta ante la desconfianza por ambas partes de que las negociaciones estén llegando a buen puerto. Los colombianos no confían en su presidente y le dan la peor nota de su mandato cuando está a punto de sellar su ansiado acuerdo.
«Después de tanto esfuerzo, después de tanto tiempo, si no hemos llegado el 23 a un buen acuerdo, yo le digo a la contraparte ‘pongamos otra fecha’, porque yo no voy a cumplir una fecha con un mal acuerdo», afirmó Santos en Colombia. «Coincido con el Presidente Santos que para el 23 de marzo es materialmente imposible llegar a un acuerdo», escribió el líder terrorista Timochenko en Twitter.
#NoEsPorPresumir Pero coincido con el Presidente Santos que para el 23 de marzo es materialmente imposible llegar a un acuerdo.
Desde su llegada al Palacio de Nariño en 2010, Santos dio inicio a un proceso de conversaciones con los líderes guerrilleros en unas conversaciones amparadas por la dictadura cubana en La Habana. Inaugurados oficialmente en septiembre de 2012, a los dos años de que el actual presidente de la República de Colombia llegara al poder, los llamados Diálogos de Paz han venido siendo criticados con dureza por Álvaro Uribe Vélez, actual senador y predecesor de Santos en la Presidencia.
Precisamente, Uribe es el político mejor valorado por los colombianos y Santos el peor, según una reciente encuesta de Ipsos Napoleón Franco para RCN y la revista Semana. Según el sondeo, el 73% de los colombianos tienen una opinión desfavorable de su presidente, mientras que su mayor crítico aún conserva una aprobación del 48%.
El desplome de la imagen de Santos, en el ecuador de su segundo mandato, no sólo se basa en la poca confianza de los colombianos en un proceso de paz que «está llevando al Estado a claudicar ante los terroristas», según Uribe, sino a una percepción general de su mandato, con un 77% opinando que las cosas en Colombia van «por mal camino». Así, tres cuartas partes de los encuestados creen que la situación general es mala o muy mala. Y eso se ve en las mayores preocupaciones de la ciudadanía: el desempleo (29%), la violencia (29%), el alto costo de la vida (22%) y la corrupción (17%).
Extracto de la encuesta de Ipsos Colombia Opina.
Hace sólo cinco meses, en octubre de 2015, la imagen de Santos era mucho mejor, con un 45% de los colombianos respaldando su labor. Pero hoy, el 76% se muestra insatisfecho con su trabajo en la Presidencia.
Álvaro Uribe ha llamado a la movilización en las calles el próximo 2 de abril, en una prueba que puede ser clave para el cierre del mandato de Santos, empeñado en sellar el acuerdo con los narcoterroristas cuanto antes. Hasta la semana pasada, el presidente tenía previsto verse con el líder guerrillero Timochenko en La Habana y estrechar su mano en una ceremonia pretendidamente «de paz».
De hecho, el pesimismo sobre el llamado proceso de paz con las FARC sigue creciendo y se ubica en el 66% cuando el octubre de 2015 un 46% era optimista respecto a las conversaciones con los narcoterroristas. En todo caso, sólo el 33% de los encuestados prevén votar ‘sí’ en un eventual referéndum que sirva para rubricar el pacto al que lleguen el Gobierno y la guerrilla.
Ofensiva contra el entorno de Uribe
En las últimas semanas, se ha desatado una ofensiva político judicial contra la familia de su predecesor. El lunes 29 de febrero, la Fiscalía de Medellín ordenaba la detención de su hermano, el ganadero Santiago Uribe por unas presuntas acusaciones de hace más de una década archivadas al menos en dos ocasiones por falta de pruebas y de fiabilidad de los testigos. Y la semana pasada fueron sus hijos, Tomás y Jerónimo, los que acudieron de manera voluntaria a declarar ante la Fiscalía General, tras los rumores que indicaban que se los investigaba por presunta corrupción en su negocio de reciclaje.
Uribe no dudó en señalar al Fiscal General, Luis Eduardo Montealegre, y a la misma «Presidencia de la República» de estar detrás de las presiones a diversos testigos para que declararan en contra de sus familiares. «Han acosado judicialmente, incluso, al candidato del Centro Democrático», el partido fundado por Uribe tras su salida del Palacio de Nariño, Óscar Ivan Zuluaga, acusó en una nota pública el ex presidente.
Santos ha dedicado estos días más tiempo a contestar a Uribe, incluso a través de Twitter que lo que perciben los colombianos de su dedicación a sus problemas en la encuesta de Ipsos. Así, al día siguiente de la declaración voluntaria de los hijos de Uribe por la que era acusado de manipular a las instituciones del Estado, escribió en su Twitter que el «Ejecutivo no conspira ni con Cortes ni con Fiscalía. Poner en duda la Justicia no hace daño al Gobierno ¡Hace daño al país e instituciones!».
Ejecutivo no conspira ni con Cortes ni con Fiscalía. Poner en duda la Justicia no hace daño al Gobierno ¡Hace daño al país e instituciones!
Uribe es el máximo opositor a los llamados Diálogos de Paz con las FARC porque crean mecanismos de alternativos que «manipulan la Justicia, convirtiendo el secuestro y el narcotráfico en delitos políticos para darles la amnistía, generando impunidad», después de más de 50 años de narcoterrorismo».
Esta postura de Uribe es refrendada por los colombianos, que en una abrumadora mayoría creen que los miembros de las FARC deberían pagar con cárcel sus crímenes, en contra de lo que ya se ha acordado en La Habana. Así, el 90% opina que en caso de la firma de un acuerdo, los narcoguerrilleros deberían ir a prisión para purgar sus delitos, frente a quienes piensan los contrario (7%).
Las FARC, fundadas en 1964 con ideología marxista-leninista, han dominado vastísimas regiones del territorio colombiano asesinando y extorsionando a sus pobladores, sembrando minas antipersona y reclutando niños para sus filas. se les atribuyen cientos de asesinatos al año. En 2014, un informe oficial puso números por primera vez al conflicto armado en Colombia: 5,7 millones de víctimas de desplazamiento forzado, 220.000 muertos, más de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados. La fuente de financiación de las FARC son los cultivos de la planta coca y el tráfico a gran escala de la cocaína, además de las extorsiones a los pobladores.
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