El coronavirus amenaza el futuro de las comunidades indígenas que viven en el Amazonas

Los pueblos indígenas que viven en el Amazonas se enfrentan a una triple amenaza provocada por el coronavirus, el desmantelamiento de las políticas medioambientales y la inacción internacional.  La protección de los territorios y tierras ancestrales es el eje central alrededor del cual gravitan las distintas políticas indígenas. Por ello, desde el comienzo de esta pandemia han sido las propias comunidades quienes han trabajado por proteger su territorio y todas las personas que viven en él.

Con el objetivo de reducir al máximo el impacto de esta crisis, la Organización Panamericana de Salud y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) han acordado intensificar la lucha contra la pandemia de la COVID-19 en zonas indígenas de la Amazonia. Así, a través de un comunicado conjunto han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que fortalezcan “la atención en los servicios de salud de la Amazonía, con la dotación de recursos humanos, insumos y dispositivos médicos, incluidas las pruebas y tratamientos y vacunas para la COVID-19 cuando estas estén disponibles”, con especial atención a aquellas comunidades que han decidido aislarse voluntariamente para proteger su hogar.

“El aumento diario de casos y fallecidos por coronavirus ha significado un duro golpe para los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía, cuyas comunidades se encuentran en una situación crítica”, puntualiza este comunicado firmado por ambas organizaciones, en el que advierten de que la propagación de este virus expone a determinadas personas “a un serio riesgo de extinción”.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica y la OPS han transmitido un mensaje claro: “las altas tasas de diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas en estas comunidades aumentan el riesgo de contraer coronavirus con síntomas graves, así como también la desnutrición crónica de niños en pueblos indígenas, altas tasas de mortalidad materna, malaria y dengue, que se suman a la emergencia por la pandemia de la COVID-19”.

En contra a las acciones respaldadas por el presidente brasileño Jair Bolsonaro, ambas organizaciones han pedido a los Gobiernos que implementen de manera urgente y en coordinación con las organizaciones indígenas de la Amazonía, planes y protocolos que sirvan para hacer frente a la actual crisis sanitaria.  En este escenario han resaltado la necesidad de prestar atención a los diferentes contextos geográficos y culturales de cada una de las comunidades. OPS y COICA también han exhortado a la comunidad internacional a “articular las respuestas de las organizaciones indígenas y los gobiernos de los países amazónicos para poner en marcha una respuesta conjunta y adoptada a la realidad social, cultural y necesidades específicas de estas localidades”, haciendo hincapié en las áreas de la frontera.

“Hay que fortalecer una red de protección social para estas comunidades, con el fin de que las acciones de prevención y disminución de la velocidad de la transmisión puedan ser efectivas”, han afirmado incidiendo en que “es vital los programas para enfrentar problemas de salud pública que afectan a los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía como la desnutrición crónica infantil, mortalidad materna, malaria, dengue, tuberculosis, VIH, entre otras”.

En el comunicado conjunto redactado entre ambas organizaciones, la OPS ha asegurado que “la salud indígena es una prioridad” para estas instituciones, que prestan apoyo técnico a las poblaciones indígenas a través de distintos proyectos. “La histórica dificultad para el acceso a la salud de las poblaciones amazónicas, sumadas a la actual emergencia sanitaria exigen una respuesta coordinada y contundente entre Estados, las organizaciones indígenas, las agencias del Sistema de Naciones Unidas y otros socios de la cooperación internacional”, concluye el comunicado.

El mandatario brasileño ha promulgado un proyecto de ley que declara a los pueblos indígenas “grupos en situación de extrema vulnerabilidad” ante la pandemia de la COVID-19, aunque con varios vetos que proponían aplicar medidas de protección social para prevenir la propagación de esta enfermedad en los pueblos indígenas que viven en esta región.  Entre estas prohibiciones se encuentran la de proporcionar agua potable y camas de hospital a estas comunidades. Bolsonaro explicó que no había presupuesto suficiente para gastos propuestos por el Congreso, mientras que diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en que la emergencia es tal que se deberían aplicar este tipo de medidas.  El Instituto Socioambiental brasileño calificó esta decisión del jefe de estado como “criminal”.

Al igual que el Gobierno, la ONU y la OEA han situado a los pueblos indígenas entre los más vulnerables.  Brasil es el país donde más pueblos indígenas viven (305), seguido de Colombia (102), Perú (85) y México (78). En el otro extremo se encuentran Costa Rica y Panamá, con 8 y 9 Pueblos Indígenas cada uno, El Salvador (3) y Uruguay (2).