¿Coincidencia? Cierra la agencia de cooperación USAID y la derecha encadena victorias en Hispanoamérica

Cuando Gustavo Petro ganó las elecciones colombianas en 2022, la izquierda parecía haber conquistado definitivamente Sudamérica. Lula acababa de regresar al poder en Brasil. Gabriel Boric gobernaba Chile. Alberto Fernández ocupaba la Casa Rosada. Luis Arce controlaba Bolivia. Gustavo Petro rompía una barrera histórica en Colombia al convertirse en el primer presidente claramente izquierdista del país. Los dirigentes del Grupo de Puebla hablaban entonces de consolidar una nueva mayoría progresista continental. Tres años después, el mapa político de la región se está dando la vuelta.

La victoria del nacionalista Abelardo de la Espriella en Colombia, que pone fin a cuatro años de petrismo, ha añadido un nuevo capítulo a una secuencia que empieza a llamar la atención de analistas, dirigentes políticos y usuarios de las redes sociales. Desde el desmantelamiento de USAID impulsado por la Administración Trump, siete procesos electorales consecutivos en Hispanoamérica han terminado con victorias de candidatos situados a la derecha de los gobiernos precedentes.

Argentina eligió a Javier Milei. Ecuador consolidó a Daniel Noboa. Chile llevó a José Antonio Kast a La Moneda. Bolivia abandonó la órbita del Movimiento al Socialismo. Perú volvió a apostar por el fujimorismo. Honduras eligió a Nasry Asfura. Y Colombia acaba de expulsar del poder al proyecto político de Gustavo Petro. El resultado es visible sobre cualquier mapa electoral del continente: donde en 2023 predominaban claramente los gobiernos progresistas, hoy la derecha controla la mayoría de los países sudamericanos.

La coincidencia ha dado lugar a una pregunta bastante obvia: ¿qué relación existe entre ese giro político y la desaparición de USAID, el multibillonario fondo federal de ayuda exterior, principal herramienta de influencia internacional de Washington?

Más de 2.400 millones en ayuda exterior en 2024

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional gestionó durante años presupuestos anuales de decenas de miles de millones de dólares. En 2023, la ayuda exterior gestionada por el Departamento de Estado y USAID para América Latina y el Caribe superó los 2.000 millones de dólares; en 2024, las cuentas vinculadas a ambos organismos asignaron más de 2.400 millones a la región. Oficialmente, ese dinero financiaba ayuda humanitaria, programas educativos, proyectos de desarrollo, gobernanza democrática y fortalecimiento institucional; en la realidad, servía para montar una inmensa red de ONG, medios de comunicación, organizaciones civiles, consultores, formadores de liderazgo y grupos de presión sostenida con dinero público estadounidense y orientada cada vez más hacia las prioridades culturales del progresismo occidental.

Cuando Trump metió el hacha en USAID, lo hizo denunciándola como una sangría de fondos, pero también como difusora de una agenda marcadamente izquierdista en el panorama internacional, la misma que se ha convertido en el pilar ideológico de un nuevo Partido Demócrata cada vez más escorado a la izquierda. La Casa Blanca publicó entonces una lista de programas que presentaba como ejemplo de despilfarro ideológico: 1,5 millones de dólares para promover políticas de diversidad, equidad e inclusión en centros de trabajo de Serbia; 70.000 dólares para un musical sobre diversidad en Irlanda; 47.000 dólares para una ópera transgénero en Colombia; 32.000 dólares para un cómic transgénero en Perú. No eran las mayores partidas presupuestarias. Eran, precisamente por eso, muy reveladoras: mostraban hasta qué punto la ayuda exterior estadounidense había terminado financiando productos culturales y redes activistas perfectamente reconocibles.

La propia evolución institucional de la agencia apuntaba en la misma dirección. En 2023, USAID creó una Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Gobernanza destinada a ampliar programas de participación ciudadana, sociedad civil, medios de comunicación y fortalecimiento institucional, una forma sofisticada de intervención política mediante el sostenimiento de un ecosistema ideológico de izquierdas.

Y la coincidencia temporal entre el desmantelamiento de una de las mayores estructuras de financiación e influencia internacional del continente y la cadena de derrotas de gobiernos vinculados al espacio político del Grupo de Puebla es demasiado llamativa para achacarla sin más a la casualidad.

En 2023, la llamada segunda marea rosa parecía avanzar sin obstáculos. Lula había regresado al poder en Brasil. Petro gobernaba Colombia. Boric era presentado por buena parte de la prensa internacional como el rostro de una nueva izquierda joven y transformadora. Alberto Fernández seguía controlando Argentina. El Grupo de Puebla celebraba encuentros periódicos convencido de estar asistiendo a la consolidación de un nuevo ciclo político continental.

Milei rompe la tendencia

La primera grieta apareció en noviembre de ese mismo año. Javier Milei derrotó al peronismo con el 55,6% de los votos. Argentina llegaba a aquellas elecciones con una inflación superior al 200%, una pobreza creciente y años de deterioro económico acumulado. La victoria fue interpretada inicialmente como una excepción provocada por una crisis extraordinaria.

Después llegó Ecuador. La violencia ligada al narcotráfico se había convertido en la principal preocupación nacional. Daniel Noboa construyó buena parte de su liderazgo alrededor de una respuesta de mano dura frente al crimen organizado y logró consolidar su posición política.

Chile siguió el mismo camino. El fracaso del proyecto constitucional impulsado por la izquierda, la creciente preocupación por la inmigración irregular y el deterioro de la seguridad modificaron profundamente las prioridades del electorado. José Antonio Kast terminó imponiéndose en las presidenciales.

Bolivia abandonó posteriormente una de las posiciones históricamente más sólidas de la izquierda continental. Las divisiones internas del Movimiento al Socialismo, los problemas económicos y el desgaste acumulado durante casi dos décadas de dominio político erosionaron la hegemonía construida alrededor de Evo Morales.

La derrota de Petro como síntoma

Y ahora ha llegado Colombia. La derrota de Petro posee una importancia especial porque Colombia era una de las piezas más valiosas para el proyecto político impulsado desde el Foro de São Paulo y posteriormente articulado en torno al Grupo de Puebla. Durante décadas había permanecido relativamente al margen de la corriente que llevó al poder a Chávez, Lula, Correa, Morales o los Kirchner. La victoria de Petro fue celebrada en toda la región como una conquista histórica.

Su principal apuesta política fue la llamada Paz Total, destinada a negociar simultáneamente con el ELN, las disidencias de las FARC y otros grupos armados. Durante su mandato, sin embargo, comenzaron a acumularse datos preocupantes. Human Rights Watch recogía este año que los casos documentados de reclutamiento infantil por organizaciones armadas pasaron de 342 en 2023 a 625 en 2024. Naciones Unidas alertó igualmente sobre desplazamientos masivos, extorsiones y expansión territorial de grupos criminales.

La situación económica tampoco ayudó. Fitch situó las previsiones de déficit fiscal colombiano por encima del 7% del PIB para 2025. El Gobierno elevó oficialmente sus propias previsiones desde el 5,1% hasta el 7,1%. Una reforma tributaria destinada a recaudar 16,3 billones de pesos terminó bloqueada mientras el Ejecutivo intentaba cubrir el agujero presupuestario mediante medidas extraordinarias.

Los problemas concretos cambian de un país a otro. Inflación en Argentina. Violencia en Ecuador. Inmigración y seguridad en Chile. Estancamiento económico en Bolivia. Paz Total en Colombia. La dirección electoral ha sido la misma.

Hace apenas tres años, la pregunta que se hacían los dirigentes progresistas era qué país sería el siguiente en incorporarse a la nueva marea rosa. En 2026 la pregunta parece ser exactamente la contraria.