Vox lleva a los tribunales la ordenanza de Almeida sobre las Zonas de Bajas Emisiones
Vox califica las zonas de bajas emisiones como un instrumento de naturaleza esencialmente recaudatoria
Vox ha decidido plantar batalla judicial al Ayuntamiento de Madrid por su nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible. El Grupo Municipal de la formación que lidera Santiago Abascal ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la Ordenanza 2/2026, aprobada por el Pleno municipal el 24 de marzo, en lo que considera un intento del equipo de gobierno de José Luis Martínez-Almeida de perpetuar unas restricciones al tráfico que el Tribunal Supremo ya había declarado nulas.
El recurso, presentado el pasado 19 de mayo por los concejales Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal, denuncia que la ordenanza impugnada fue aprobada con el propósito de consolidar, al margen de los pronunciamientos judiciales, las limitaciones al tráfico que el Alto Tribunal había anulado. Desde Vox sostienen que el Ayuntamiento aprobó la nueva normativa deliberadamente antes de que la sentencia del Supremo adquiriera firmeza, con el objetivo de eludir sus efectos y mantener en vigor un sistema que consideran lesivo para los ciudadanos.
Según el escrito presentado ante el TSJM, la nueva ordenanza de movilidad fue tramitada y aprobada apenas días antes de que el Tribunal Supremo declarara nulas de manera firme las restricciones vinculadas a las zonas de bajas emisiones de especial protección. Para Vox, esta secuencia no es casual: la formación acusa al equipo de Almeida de haber actuado con el fin de dotar de cobertura normativa a unas restricciones que los tribunales ya habían considerado contrarias a derecho, perpetuando así sus efectos bajo una nueva envoltura legal.
El texto del recurso, al que ha tenido acceso OKDIARIO, concluye que la ordenanza aprobada el 24 de marzo «no se ajusta a derecho» y solicita al TSJM que, previos los trámites preceptivos, reclame el expediente administrativo para que la formación pueda formalizar la demanda correspondiente.
Desde el Grupo Municipal de Vox califican las zonas de bajas emisiones como un instrumento de naturaleza esencialmente recaudatoria, camuflado bajo argumentos medioambientales, que recae de forma desproporcionada sobre las familias con menor capacidad económica, los trabajadores que dependen del vehículo privado para desplazarse y los pequeños comercios y negocios del centro de la capital. La formación defiende que son precisamente quienes no pueden permitirse renovar su parque móvil quienes sufren con mayor intensidad las consecuencias de estas restricciones.
La ordenanza impugnada, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM número 80) el 6 de abril de 2026, modifica la Ordenanza de Movilidad Sostenible original, de 5 de octubre de 2018, en materia de zonas de bajas emisiones de especial protección y en el régimen del Servicio de Estacionamiento Regulado. Vox advierte de que, de no ser impugnada, la nueva norma permitiría al Ayuntamiento mantener en la práctica el mismo esquema de restricciones que el Supremo ya expulsó del ordenamiento jurídico.
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