Victoria Rosell no ve futuro en Podemos y tramita su reingreso como juez

Victoria Rosell, ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y alto cargo de Podemos, tramita su reingreso como juez. El partido que fundó Pablo Iglesias se descompone día a día y, tal como avanza OKDIARIO, otra de sus figuras más conocidas deja la primera línea política para volver a su plaza de magistrada. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado esta semana una propuesta del Servicio de Personal Judicial relativa al «reingreso al servicio activo de la magistrada María Victoria Rosell Aguilar».

Tras Pablo Echenique, Carolina Bescansa, Nacho Álvarez, Luis Alegre, Jéssica Albiach, Jaume Asens, Alejandra Jacinto, Jesús Santos o Roberto Sotomayor, Victoria Rosell también da un paso atrás. Mientras Pablo Iglesias, Irene Montero y Ione Belarra se bunquerizan y preparan las elecciones europeas como punto de inflexión de su sobrevenido proceso de desaparición, la magistrada regresa a la carrera judicial tras su paso por la política.

Fuentes del CGPJ explican a este periódico que «los miembros de la carrera judicial que cesan en un cargo político tienen que pedir el reingreso en un plazo de diez días a partir de la fecha de cese. Si no lo hacen, quedan en situación de excedencia voluntaria». Es lo que ha sucedido en este caso. Su cese apareció en el BOE el pasado 8 de diciembre.

Victoria Rosell descarta una excedencia

Tras su marcha del Ministerio de Igualdad, donde fue artífice de la polémica ley del Sólo Sí es Sí, ha optado por recuperar su sueldo público. Como otros miembros del Poder Judicial como Manuela Carmena, Juan Pedro Yllanes o Luis Villares; Victoria Rosell ha recorrido el tránsito a los poderes ejecutivo y legislativo. En su caso, ahora hace el camino de vuelta como si fuera una puerta giratoria. Sigue así los pasos del polémico Baltasar Garzón, que se presentó como independiente en la candidatura del PSOE al Congreso en 1993. Fue nombrado delegado del Gobierno en el Plan contra las Drogas, con estatus de secretario de Estado. Luego regresó a la judicatura, en 2012 fue expulsado de la carrera judicial​ tras la condena del Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación al investigar el caso Gürtel y finalmente intentó volver al Congreso creando el partido político Actúa.

Por su parte, otros altos cargos de Igualdad como al ex secretaria de Estado Ángela Rodríguez Pam se han apresurado a pedir una indemnización por cese de cargo. A ella le corresponden 7.068 euros al mes que podrá cobrar durante un máximo de dos años.

Volverá a su último destino

Desde el CGPJ explican que ante la petición de Victoria Rosell sólo quedaba la opción de tramitarla. «No hay margen de discrecionalidad: el Consejo tiene que aprobar el reingreso si la petición está hecha en plazo», indican.

Por otra parte, comentan que por ahora «no se le asigna ningún destino: vuelve automáticamente al que tuviera antes de ser nombrada, porque quienes pasan a servicios especiales mantienen el destino que tuvieran». La magistrada fue titular de varios juzgados en La Orotava (Tenerife), Puerto de la Cruz (Tenerife) y Las Palmas. Su último destino fue el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria de 2005 a 2015. Es socia de Juezas y Jueces para la Democracia, portavoz de esta asociación en Canarias de 2002 a 2010, y portavoz adjunta estatal de 2010 a 2015.

Rosell llegó a la política de mano de Podemos en 2015 como cabeza de lista en Las Palmas para las elecciones generales. Tomó como posesión como diputada, pero fue imputada y tuvo que dimitir en cumplimiento del Código Ético de Podemos. Cuando el caso se archivó regresó a la política. En 2019 volvió al Congreso, pero renunció en 2020 para ser alto cargo de Igualdad.

En octubre de 2022 apareció como posible candidata a propuesta de Unidas Podemos como vocal del Consejo General del Poder Judicial​. Su nombramiento no se materializó porque el Partido Popular rompió las negociaciones con el PSOE ante la inminente reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición. ​