Vecinos de Barcelona acusan a Colau de ceder a los okupas un edificio que iba a ser un parque

Los vecinos del barrio de Sants (Barcelona) vuelven a quejarse de los okupas que su alcaldesa Ada Colau permite e, incluso aseguran, «negocia con ellos» para facilitar espacios donde puedan quedarse a vivir.

La denuncia viene esta vez por un local en la calle Violante de Hungría Reina de Aragón en el conocido barrio de Sants donde había una discoteca, llamada Agapito, en los bajos de un edificio que «dio muchas problemas al barrio», cuentan los vecinos, y finalmente se cerró. El edificio, actualmente, se encuentra incluido en un plan urbanístico para ser derruido para crear una instalación de zonas verdes y un parking subterráneo, según los planes del consistorio de Colau.

Sin embargo, el miedo se ha extendido en el barrio desde que llegaron unos okupas que repartían folletos asegurando que estaban negociando con el consistorio quedarse en el edificio. Es más, los vecinos han podido constatar que dejaron una pancarta colgada advirtiendo que pronto estarían ahí viviendo en los próximos meses. La sorpresa de los vecinos fue ver cómo poco a poco y desde el propio Ayuntamiento se volvió a reformar todo el edificio, quedando el parque, que forma parte del proyecto verde, en ‘agua de borrajas’. El propio edificio está etiquetado en estos momentos como «almacén municipal», constatan las mismas fuentes.

La excusa que ponen a los vecinos los responsables municipales es que quieren dotar al barrio de servicios para los jóvenes y piensan construir una biblioteca nocturna; cuando los vecinos aseguran que ya existe una a poco más de tres calles del edificio y que se habían comprometido a crear más zonas verdes. Los vecinos han comenzado a elevar sus quejas asegurando que Colau «quiere financiar una casa okupa con dinero público en el lugar donde deberíamos tener un parque para los niños».

Bandas organizadas

Desde el consistorio dan la callada por respuesta sobre este caso asegurando que «en estos momentos no se encuentra el responsable». Otro fenómeno más escalofriante es el caso del complejo de Ciudad de la Justicia en L’Hospitalet de Llobregat donde hay un bloque de pisos de protección oficial de la Generalitat. Los vecinos y gente del barrio denuncian constantemente que de los más de 60 pisos que hay, «unos 30 están ocupados». «Se trata de bandas organizadas que trafican alquilando pisos cuando no son de ellos», explican con miedo vecinos de la zona.

En ninguno de estos casos los vecinos quieren dar la cara. «Preferimos estar en el anonimato por las represalias que podamos tener», insisten pero piden al consistorio y, en este caso, a la Generalitat la intervención en firme de la Policía porque de lo contrario «siempre vuelven». Explican que «todos tienen la luz y el agua pinchados» y desde la Administración no les dicen más de utilizar la vía judicial para pedir los desahucios. Un proceso que conlleva meses de espera con resultados poco esperanzadores.

Desde el PDeCAT urgen abrir el melón a combatir a los grupos organizados que ocupan viviendas vacías. De hecho y en marzo registraron una Proposición de Ley referente al asunto en el Congreso de los Diputados. El texto en sí pide discernir entre las mafias que se enriquecen ilícitamente y los okupas.

La Proposición fue aprobada con los votos a favor del PdeCat, Partido Popular, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. Desde Podemos se entendió la propuesta con voluntad de agilizar los desahucios en la senda de las reformas llevadas a cabo en 2009 y 2013. Algunos dirigentes alertan de la «política de pacto» que lleva Colau negociando con los okupas como fue con los del barrio de barcelonés de Gracia, el caso del Casal Popular Tres Lliris.

Tras ser desalojados de una entidad bancaria, los okupas invadieron una antigua comisaría de la Policía Nacional y Colau optó por la vía de la negociación dejándoles permanecer mientras tanto. Un asunto que preocupa a los vecinos que se encuentran actualmente con que parte de sus instalaciones o pisos de alrededor han sido okupados y temen por su seguridad y la convivencia vecinal.

Los grupos de la oposición siguen pidiendo a Colau explicaciones ante estos casos tan flagrantes denunciando su «permisividad». «El Gobierno Colau no quiere enfrentarse a ellos porque ellos han sido de estos movimientos», dijo la líder de C’s en el Ayuntamiento, Carina Mejías. «Con Colau saben que tienen barra libre de okupación y el resto de grupos desde el consistorio no lo vamos a permitir», relata un concejal popular.