Varapalo del juez de Pegasus a Aragonés: no apartará a la funcionaria «beligerante con la independencia»

El juez que investiga el caso Pegasus, en el que se trata de esclarecer si el CNI espió el móvil del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, tumbará su recusación contra Montserrat del Toro, una funcionaria que trabaja en el juzgado que instruye su querella. La defensa del líder catalán pidió apartar del procedimiento a la secretaria judicial alegando falta de imparcialidad, al haber mostrado –dice– «una posición ideológica beligerante contra la causa independentista catalana». Sin embargo, la Sala ha inadmitido esta petición por extemporánea puesto que fue presentada fuera de plazo. 

Montserrat del Toro es una jurista catalana perseguida por el independentismo que formó parte de la comisión judicial que instruyó el procés. La funcionaria dirigió el registro de la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña llevada a cabo por un grupo de la Policía Judicial de la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017. Del Toro se vio atrapada en el interior de la Consejería ya que el edificio estaba rodeado por una multitud independentista coordinada y organizada a través de sus teléfonos móviles. Esto obligó a Montserrat del Toro a saltar por el tejado y huir. 

Seis años después de estos hechos, ha llegado hasta el juzgado donde trabaja desde hace dos años la querella de Aragonés que ha motivado la apertura de la investigación del caso Pegasus. La defensa del independentista ha clamado contra ello y ha presentado un escrito de recusación para apartarla del proceso, pero el juez se niega a ello. «Montserrat del Toro es una funcionaria más a la que le ha tocado este caso», señalan fuentes del juzgado consultadas por este periódico. 

Apartarla del ‘caso Pegasus’ 

La defensa del presidente de la Generalitat, ejercida por el abogado Andreu Van den Eyde, ha pedido que se retire a Del Toro porque ha demostrado públicamente su posicionamiento «contrario a los intereses y opciones políticas» que defiende Aragonés, por lo que considera que debe abstenerse de participar en las actuaciones. Según recuerda el escrito de recusación, su testigo en el juicio del proceso independentista sirvió «para condenar por el delito de sedición a diversos miembros del Govern». 

Además, el documento recoge que la funcionaria ha defendido públicamente en Internet opciones políticas «antagónicas que propugnan el aniquilamiento de los independentistas catalanes» y aseguran que hay diversas noticias periodísticas que documentan el tipo de informaciones que promovía la recusada en su perfil público de la red social Facebook. 

La defensa del catalán expone que la jurista es libre de expresar su ideología, aunque añaden que su actuación la coloca «como destacada enemiga de todos los valores» que representa el mandato político del presidente de Cataluña. Por todas estas razones, la defensa de Aragonés pidió al instructor que no trabajara su caso aunque debido a su condición de secretaria judicial no tiene capacidad de dictar sentencia o formular acusaciones. 

No coincidió con Aragonés 

Montserrat del Toro no asistió a la ratificación de la querella que hizo Pere Aragonés en sede judicial el pasado 13 de diciembre. Fuentes cercanas a la causa señalan que no acudió por motivos de salud. De este modo, no tuvo que encontrarse a el presidente autonómico cuya defensa barajaba ya entonces pedir su recusación, aunque la petición fue enviada semanas más tarde. 

El líder catalán testificó durante alrededor de una hora y, en declaraciones a los periodistas que aguardaban a las puertas del juzgado, señaló que su querella tenía como objetivo que se sepa toda la verdad sobre el espionaje. «Que ningún ciudadano vuelva a ser espiado con motivo de su ideología», expresó Aragonés tajante ante la prensa. 

Sin embargo, fuentes consultadas señalan que no se le espió por cuestiones políticas sino que fue en el marco de la investigación sobre los grupos de radicales independentistas como los CDR. Además, las escuchas contaron con el aval del Gobierno y el juez de control del CNI del Tribunal Supremo autorizó los pinchazos. Aragonés tiene en su posesión este terminal que fue supuestamente infectado por el software Pegasus y serán los agentes de la policía los que se encargarán de examinarlo para fijar en qué fechas se realizaron las escuchas. Si estas acciones tuvieron orden judicial, se cerrará la instrucción y no habrá juicio, según fuentes solventes consultadas por este periódico.