La UE recibe alertas sanitarias por otra regularización de Sánchez: legalizará mascotas de «origen no autorizado»

La Unión Europea (UE) ha recibido advertencias sobre las consecuencias sanitarias que tendría otra regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez: la legalización de mascotas provenientes de «origen no autorizado». Y es que el Ejecutivo socialista ha creado un registro obligatorio de animales de compañía donde permitirá incluir a seres vivos «procedentes de criador no registrado». Esta falta de control es relevante porque, según los informes recibidos en las entidades comunitarias, debería aplicarse para vigilar los «riesgos sanitarios».

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por el político de Sumar Pablo Bustinduy, prepara un reglamento que desarrolla la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

La norma en cuestión sobre la que Europa pone el foco versa sobre la regulación de la protección del bienestar animal, lucha contra el abandono, mejora de la trazabilidad y combate al comercio ilegal.

La Unión Europea está revisando ahora esa norma que presentó la administración socialista. Se trata de un trámite previo a su aprobación por parte del Ejecutivo de la UE, conocido como TRIS, y que es obligatorio realizar. Si bien el anteproyecto de ley ya terminó su proceso de audiencia pública, ahora debe cumplir con este paso a nivel comunitario.

En este período, los ciudadanos y las entidades que tengan un interés, pueden presentar sus opiniones o discrepancias con el texto propuesto por el Gobierno de España. Y eso es lo que ha hecho ASCELCRE, la Asociación de Profesionales de los Animales de compañía. Este es un organismo que agrupa a los centros autorizados «para las actividades de guarda y custodia, de cría, de gestión del abandono, recogida, tenencia y adopción, educación y/o adiestramiento» de las mascotas.

Inscripción sin origen acreditado

La contribución de esta asociación se centra en su disconformidad con un punto concreto de la norma: «Permite la inscripción de animales con origen no acreditado o procedentes de criador no registrado». Una situación que, según ASCELCRE, «incide directamente en la trazabilidad sanitaria» así como la «protección efectiva del consumidor».

Concretamente se refieren a una de las novedades de esta ley: un sistema centralizado de identificación de animales de compañía. La base de datos a la que dará lugar será pública.

El problema que la asociación denuncia a la Unión Europea es que, en la práctica, permite «la inscripción de animales cuyo origen no queda acreditado documentalmente en el momento de la identificación inicial». Y es que el sistema permite incluir la mascota como «animal procedente de criador no registrado». Y lamentan que se apruebe un reglamento  «sin establecer de forma expresa un control previo suficiente del origen legal del animal».

«Esta técnica normativa produce una regularización administrativa de facto de animales procedentes de circuitos no autorizados», sentencia el informe que ASCELCRE ha enviado a la UE.

Clave para «atribuir responsabilidades»

A su vez, lamenta que, si no se conoce el origen, «reduce la capacidad de atribuir responsabilidades, detectar reincidencias y controlar circuitos de cría o cesión no autorizados».

La asociación pone como ejemplo de buen hacer a la norma de inscripción a la que se obliga a la sanidad en la ganadería: donde el registro obliga a vincular al animal con un operador autorizado. Según el informe presentado por ASCELCRE «un instrumento de control de origen, titularidad, movimientos, responsabilidades y riesgo sanitario».

«En animales de compañía, aunque el régimen material sea distinto, el riesgo jurídico es equivalente: sin origen acreditado no existe trazabilidad real, sino mera identificación individual», subrayan desde esta asociación.

El informe presentado ante la UE lamenta que, al permitir el apartado de criador no registrado, «no combate la cría ilegal» sino que «la incorpora al sistema». En esos casos, la asociación lamenta que la Administración no actúe como «garante preventivo» sino que legaliza «un hecho irregular sin activar, de forma automática, un expediente de control, inspección, intervención o sanción».

Sin «protección al consumidor»

A ojos de la asociación, esto no resuelve el problema de los «animales abandonados, decomisados o intervenidos», para los que sí dicen que es necesario permitirles un registro. En esa línea, rechazan que su regularización se realice a través de «un circuito excepcional, documentado y vinculado a expediente administrativo», en lugar de por una «identificación inicial ordinaria».

Y avisa de un «debilitamiento de la protección al consumidor» si se permite que los registros incluyan mascotas de «origen no autorizado». Según la asociación, la normativa haría que la persona que va a adoptar quede «privado de información esencial».

Y es que en esos datos son necesarios para fijar la «información precontractual, la responsabilidad por enfermedades, vicios ocultos, patologías congénitas o incumplimientos de garantías», indican en el informe enviado a Bruselas.