La UE advierte a Sánchez que los jueces deben tener poder de decisión en los indultos a corruptos

La Comisión Europea ha advertido, ante una pregunta por escrito de eurodiputados españoles, que los jueces deben tener un papel activo ante la concesión de indultos y otros tipos de suspensión de condenas en el caso de los delitos de corrupción. La advertencia de la UE tiene importantes repercusiones para el Gobierno de Pedro Sánchez -que ya indultó a los condenados por sedición y malversación- mientras avanza en la tramitación de la Ley de Amnistía.

En respuesta a una pregunta de Dolors Montserrat, portavoz del PP en Europa, Bruselas se remite a la Directiva Anticorrupción, que actualmente se negocia entre los grupos y que determina que, en aquellos estados en los que esté prevista «la posibilidad de suspender las sentencias, excarcelación o indultos de personas condenadas» por delitos de corrupción, «las autoridades judiciales deben poder tener en cuenta la gravedad de los delitos penales en cuestión, entre otros factores».

En concreto, Montserrat se dirigió a la Comisión para conocer su posicionamiento ante el posible indulto a los condenados por el caso ERE, el mayor escándalo de corrupción de la democracia -«cuyo fraude alcanza más de 650 millones»-, entre ellos los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

«El Gobierno en funciones ha iniciado los trámites para conceder un indulto a los condenados, que pertenecen al partido del actual Gobierno», advertía la dirigente popular en su pregunta, planteando a Bruselas si esa iniciativa «se ajusta a la línea expresada por la Comisión en el nuevo paquete de lucha contra la corrupción» y «qué opinión le merece la concesión de indultos en el ámbito de los delitos relacionados con la corrupción cometidos por autoridades o cargos públicos». 

La UE, a través de la comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, lanza un mensaje indirecto a Sánchez: indica que «no interviene ante los estados miembros en asuntos judiciales individuales», aunque «subraya la importancia de que los actos de la Administración en el ejercicio de sus potestades discrecionales tengan en cuenta las normas europeas que establecen que dichos actos deben estar sujetos al control de legalidad por parte de un órgano jurisdiccional u otro organismo independiente». En este caso, hace referencia a la propuesta de Directiva sobre la lucha contra la corrupción que, actualmente, está siendo negociada por el Parlamento y por el Consejo.

Rebaja del delito de corrupción

Cabe recordar que, además de conceder los indultos, en diciembre de 2022, el Gobierno pactó con ERC una rebaja del delito de corrupción para beneficiar a los condenados por el proceso separatista catalán.

La reforma recoge penas de entre uno a cuatro años para aquel funcionario o autoridad pública que dé al patrimonio público «una aplicación diferente de aquella a la que estuviere destinado». Si no se aprecia un daño grave, la pena de cárcel se queda en una simple multa.

Por su parte, la directiva en la que trabaja Bruselas propone que los delitos de malversación que se cometan en territorios de la UE sean castigados con una pena máxima de al menos cinco años de prisión, un castigo superior a los tipos pactados entre el PSOE y ERC. Sánchez llegó a justificar su cesión al separatismo en la necesidad de «armonizar» los tipos de corrupción con el resto de países europeos, pese a que ya sabía que la UE exigía endurecer la lucha contra estos delitos. La Directiva europea, de salir adelante, obligaría al Gobierno a enmendar su propia reforma.

Amnistía y perdón de delitos

La Ley de Amnistía, actualmente en trámite parlamentario, también recoge el perdón para los delitos de corrupción.

Así, la norma pactada entre Pedro Sánchez y sus socios separatistas se aplicará a «los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos».

Entre ellos, «se entenderán comprendidos los actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación, directamente o a través de cualquier entidad pública o privada, así como cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere idéntica finalidad».

Según el PSOE y sus aliados, con la aprobación de la ley se pretende «excepcionar la aplicación de normas vigentes a unos hechos acontecidos en el contexto del proceso independentista catalán en aras del interés general, consistente en garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho».

La ley sigue su trámite en el Congreso y se someterá este mismo martes a la votación del Pleno. La intención del Gobierno y sus socios es que quede definitivamente aprobada en primavera.