La UCO ratifica en el Supremo que García Ortiz jugó un papel «preeminente» en la filtración contra Ayuso

• Nacho Atanes @nacho_atanes
• Redactor de Nacional en OKDiario. Antes, en deportes y SEO. ignacio.atanes@okdiario.com
• • 16/05/2025 12:49
  • Actualizado: 16/05/2025 13:27

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han ratificado este viernes en el Tribunal Supremo que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contó con una «participación preeminente» en la filtración en contra de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La UCO estaba citada en la mañana del viernes para comparecer en calidad de peritos en el Supremo, a petición de la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de Álvaro García Ortiz, y de Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, para combatir dicha conclusión. Los agentes de la unidad de la Guardia Civil se han limitado en su presencia a ratificar el informe redactado con anterioridad.

La comparecencia se ha alargado hasta la hora de duración debido a las preguntas de las defensas de García Ortiz, que han sostenido que las conclusiones a las que llega la UCO en su informe y que han ratificado este viernes no tienen fundamento alguno. El dosier fue presentado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ante el Tribunal Supremo después de analizar el contenido del teléfono móvil incautado a Pilar Rodríguez, durante el registro realizado en su despacho el pasado 30 de octubre por orden del magistrado Ángel Hurtado.

Los peritos de la UCO han acudido al Supremo después de la citación del instructor del caso, el juez Hurtado, al estimar parcialmente la Sala de Apelación un recurso del fiscal general del Estado donde reclamaba una serie de diligencias. Entre ellas, se incluía la declaración de González Amador, fijada para el 23 de mayo.

El magistrado rechazó en primera la petición de García Ortiz para que los agentes de la UCO comparecieran para ratificar o no su contenido y hacer las aclaraciones oportunas, al entender que la propia ratificación no aportaría nada al propio informe. Sin embargo, la Sala de Apelación recordó que la ley «permite al juez de oficio, o mediante la reclamación de los defensores de las partes, como es el caso, pedir a los peritos las aclaraciones necesarias», tanto en la fase de instrucción como en el juicio, por lo que admitió la diligencia, tras lo cual Hurtado puso fecha.

El informe ocupa un puesto fundamental en la investigación que el Tribunal Supremo dirige hacia Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez por la presunta revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. La misma se centra en tres hechos. Por un lado, la supuesta filtración a la prensa de que estaba siendo investigado por delitos fiscales; y, por otro, el email del 2 de febrero de 2024 donde la defensa del empresario se ofrecía a reconocerlos para llegar a un acuerdo con el fiscal del caso, Julián Salto.

El informe de la UCO

El dosier que presenta la UCO en relación al caso del fiscal general del Estado realiza un retrato cronológico de las comunicaciones de Pilar Rodríguez con «otros miembros de la Fiscalía en relación con los hechos investigados» tras haberse ceñido al plazo fijado por el instructor, que va del 8 al 14 de marzo de 2024.

La conclusión de la UCO se basa en que «desde las 21:59, hora en la que recibe el fiscal general del Estado un correo que requiere y que contiene el que finalmente se filtra, y hasta que se publica la filtración a las 23:51, hay tan solo un número muy reducido de personas» que tienen acceso a «todos los correos entre la Fiscalía y el abogado de la defensa» y que tienen conocimiento, no solo de que el Ministerio Fiscal está elaborando un «comunicado», sino del «periodo temporal aproximado en el que éste se publicará».

Los agentes de la unidad de la Guardia Civil incidieron en que «estas dos circunstancias solamente se dan primigeniamente en la Fiscalía, por lo que la filtración debe iniciarse en ésta y, dentro de la misma, puede circunscribirse a la Fiscalía General del Estado, al fiscal jefe provincial, a la fiscal superior, a la fiscal decana de delitos económicos y al fiscal de delitos económicos».