El Tribunal de Cuentas denuncia que Adif amañó contratos del Plan de Recuperación por 77 millones

El Tribunal de Cuentas desvela graves irregularidades en la adjudicación de contratos ferroviarios por parte de Adif, el administrador público estatal de infraestructuras ferroviarias. Según el informe de los fiscalizadores, la entidad pública ha manipulado las puntuaciones de ofertas para beneficiar a empresas determinadas en contratos que superan los 77 millones de euros. Las prácticas detectadas incluyen modificaciones de criterios de valoración y alteraciones en las calificaciones técnicas que han desvirtuado la competencia leal entre licitadores.

Las irregularidades se localizan en la gestión de contratos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), sufragado con fondos europeos, por parte de las entidades públicas Adif y Adif-Alta Velocidad. Según el informe aprobado este 18 de diciembre de 2025, las investigaciones se desencadenaron tras dos denuncias presentadas en los canales éticos de Ineco y Adif entre julio y septiembre de 2022.

Como adelanta OKDIARIO, los denunciantes alertaron sobre la modificación irregular de valoraciones técnicas en seis expedientes de obras, cuatro de los cuales cambiaron su adjudicatario tras las alteraciones.

Instrucciones por escrito

El organismo fiscalizador al que siempre se agarraba el PSOE para esquivar responsabilidades ha constatado ahora que los informes de valoración técnica  de Adif «adolecen de falta de transparencia y motivación en la asignación de puntuaciones». En concreto, se detectaron instrucciones por escrito para modificar puntuaciones «sin hacer referencia a criterio técnico alguno», lo que presenta «indicios de arbitrariedad».

Uno de los casos más llamativos afecta a un expediente vinculado al PRTR adjudicado en 2022 por más de 20 millones de euros. Los técnicos de Ineco realizaron una primera valoración, pero posteriormente recibieron órdenes para estrechar las puntuaciones entre licitadores, alterando el resultado final.

Favoritismo sistemático

El Tribunal ha identificado que una empresa presuntamente favorecida obtuvo siete contratos entre junio de 2018 y julio de 2021, por un valor total de 77,66 millones de euros. Este importe contrasta con los 43,83 millones adjudicados en otros cuatro contratos fuera de ese período. Los pliegos e informes de valoración de los expedientes presentan las mismas carencias detectadas en los casos denunciados. Isabel Pardo de Vera fue la presidenta de Adif entre junio de 2018 y julio de 2021.

Tras el análisis de 15 expedientes, el Tribunal concluye que el modelo de pliegos utilizado por Adif «supone una infracción» de la normativa de contratación pública. Los documentos atribuyen hasta el 57% de la puntuación total a un único criterio, «Memoria y programa de trabajo», sin desagregar la ponderación de sus subcriterios.

Intervención opaca de Ineco

El informe revela que técnicos de Ineco participaron en valoraciones de licitaciones sin que esta prestación figurara en el encargo contractual. Estos profesionales elaboraban borradores de valoración que posteriormente eran modificados por responsables de Adif «de forma habitualmente verbal», sin dejar constancia documental.

«Que el cambio en las puntuaciones lo tuvieran que realizar los técnicos de Ineco, que eran responsables tan solo de un primer borrador, cuando la competencia correspondía a Adif, no se comprende», critica el informe.

Para justificar las puntuaciones, Adif encargó un informe pericial externo a Ineco sobre uno de los expedientes denunciados. Sin embargo, el Tribunal considera que este informe «prescinde totalmente de motivar la asignación de las nuevas puntuaciones» y carece de rigor, dado que se elaboró conociendo ya los resultados de la valoración económica y la adjudicación final.

El organismo critica duramente la laxitud de las investigaciones internas de Adif sobre las denuncias, señalando que carecen «del rigor que sería exigible a la vista de la gravedad de los hechos denunciados».

Control deficiente

El informe constata además un control «muy deficiente» sobre los 328 trabajadores procedentes de Ineco y Tragsatec destinados a tareas de gestión y gobernanza de los fondos europeos. Las entidades fiscalizadas no disponen de información adecuada sobre la identidad de estos trabajadores, «elemento necesario para una gestión adecuada de los conflictos de interés».

Se ha detectado que Adif tardó meses en identificar al personal y que algunas declaraciones de ausencia de conflicto de interés presentaban incongruencias, como empleados de Ineco firmando como trabajadores de Tragsatec.

Se han gastado 5.974 millones de euros dentro del PRTR, de los cuales han percibido 3.570 millones a 31 de diciembre de 2024. El organismo ha identificado «deficiencias» en la trazabilidad de los expedientes, con un 55% de los contratos incluidos sin seguir el procedimiento de modificación establecido.

Recomendaciones ignoradas

A pesar de que el propio Área de Cumplimiento Normativo de Adif recomendó en enero de 2023 formalizar el proceso de valoración técnica y documentar las instrucciones de modificación, el Tribunal constata que las prácticas irregulares se han mantenido.

Se han violado los principios de transparencia e igualdad, lo que «dificulta el establecimiento de límites a la discrecionalidad» y favorece que «en algunos casos se pueda incurrir en arbitrariedad».

Adif rechaza las acusaciones

Adif ha presentado 132 páginas de respuesta en las que rechazan frontalmente las conclusiones del Tribunal de Cuentas. Defienden la total legalidad de todo. Consideran que el informe contiene «manifestaciones genéricas de incumplimiento» sin aportar pruebas concretas de irregularidades.

«No se ha probado que en los informes de valoración realizados por Adif existan infracciones o criterios de arbitrariedad o discriminatorios», se defienden. Argumentan que su forma de proceder ha sido validada en múltiples ocasiones por organismos externos, incluido el propio Tribunal de Cuentas en 2016 sobre la línea Barcelona-Figueres.

Las entidades ferroviarias señalan que el Tribunal «no puede sorpresivamente en este informe desconocer e inaplicar la doctrina y jurisprudencia» que previamente había avalado sus métodos de contratación. Denuncian que el organismo fiscalizador provoca «una absoluta e inasumible falta de seguridad jurídica» al cambiar ahora su criterio.

Respecto a los cuestionados pliegos de contratación, Adif se ampara en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. «Los pliegos contemplan, tal y como viene exigido por la Ley, la aplicación de determinados criterios de adjudicación cuya aplicación depende de un juicio de valor», explican. Las entidades insisten en que sus documentos «se encuentran en perfecta sintonía con el actuar generalizado del sector público» y rechazan cualquier relación entre la redacción de los pliegos y posibles conductas irregulares individuales.

Adif subraya que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales nunca ha cuestionado sus procedimientos desde su creación, y que ningún interesado ha presentado reclamaciones contra las valoraciones técnicas en los expedientes analizados. «Los pliegos no amparan, permiten, ni albergan la posibilidad de realizar conductas contrarias al ordenamiento jurídico», enfatizan.

En cuanto a las dos denuncias internas analizadas, Adif dice que actuó «diligentemente y ejerciendo las competencias correspondientes», teniendo en cuenta que «no disponen de medios de investigación y competencias». Argumentan que se les estaría exigiendo «actuaciones de imposible cumplimiento». Adif recalca que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que solicitó información en abril de 2023, no abrió investigación tras revisar el caso.

Las entidades critican duramente que el Tribunal haya analizado expedientes más allá de los denunciados. Solicitan expresamente que se eliminen del informe varias referencias concretas.

Mientras tanto, Adif sigue gestionando fondos europeos con procedimientos que, según el organismo fiscalizador, contravienen los principios básicos de la contratación pública y abren la puerta a prácticas deletéreas que socavan la confianza en la gestión de los recursos comunitarios.