La transparencia de Sánchez: desoye diez veces más peticiones de información que Rajoy
Pese a presumir de lo contrario, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue siendo con creces más opaco que el de Mariano Rajoy a la hora de facilitar información a los ciudadanos. Según el balance de seguimiento del Consejo de Transparencia, el Gobierno socialcomunista cumplió en 2019 con el 70,7% de las resoluciones, pero al organismo no le consta cumplimiento en el 18,8%. Ese porcentaje se eleva al 27,8% en lo que llevamos de año, y resulta muy superior si se compara con el Ejecutivo de Rajoy. En 2017, por ejemplo, se respondió al 83,9% de dichas resoluciones y no constó cumplimiento en el 1,8%; en 2016, el cumplimiento fue del 82,5% y en 2015, del 87,8%.
Si bien es cierto que el hecho de que «no conste cumplimiento» no implica, necesariamente que sean resoluciones incumplidas, sí que existe un considerable margen con respecto al mandato de Rajoy.
«Puede ocurrir que se haya cumplido pero que, por distintas circunstancias, este resultado no se ha comunicado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno», dice el organismo, pero matiza que eso «es relativamente frecuente en las Entidades Locales de pequeño tamaño, escasamente dotadas de medios humanos y materiales».
No obstante, si comparamos los datos cerrados de resoluciones «cumplidas», el porcentaje del Gobierno Sánchez es inferior al registrado en los años previos a su llegada a La Moncloa.
Algunas resoluciones llegaron a los tribunales. En algunos casos, por el interés del Gobierno en pleitear para no aportar la documentación solicitada. Esto ocurrió, en 2019, en 43 casos (un 10,5%). Un número significativamente superior a los años anteriores. En 2018, por ejemplo, fueron 18, y 5 un año antes.
Los ciudadanos han aumentado también su interés por requerir transparencia al Ejecutivo. Así, en 2019, el Consejo de Transparencia registró 410 resoluciones estimatorias; en 2019 fueron 351; en 2017, 273; en 2016, 257 y 149 en 2015.
Viajes del presidente
Los asuntos que Moncloa intenta esconder con más frecuencia son los relativos a los polémicos viajes de Sánchez y sus estancias de vacaciones. Así, entre las resoluciones de las que, por ahora, no consta cumplimiento, según el balance del Consejo de Transparencia, se encuentra una en la que se requiere a Moncloa que informe de los «gastos realizados por el presidente del Gobierno en 2018 en viajes oficiales en territorio nacional y copia de los informes justificativos de la necesidad de utilizar medios de transporte aéreos, si los hubiese».
Tampoco le consta al Consejo de Transparencia que el Gobierno aportase información sobre el «número de vuelos en helicóptero realizados en Super Puma u otro helicóptero usado de forma oficial por el presidente Pedro Sánchez desde su nombramiento el 2 de junio de 2018 hasta la actualidad, desglosado por meses», además del número de vuelos realizados por cada uno de los presidentes.
La Ley de Transparencia permite a cualquier ciudadano solicitar información a las administraciones públicas, que la pueden denegar aludiendo a determinadas razones justificadas. No obstante, el Gobierno de Sánchez ha hecho un uso abusivo en ocasiones de las excepciones para blindar información que le resultaba especialmente sensible. En ese caso, el ciudadano puede recurrir al Consejo de Transparencia que, una vez evaluada la petición y la respuesta del Ejecutivo, emite una resolución estimatoria o no. Si se admite la petición de información, el organismo da un plazo de diez días para que la proporcione. No obstante, no tiene capacidad sancionadora, con lo que el Gobierno puede hacer caso omiso sin consecuencias.
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