España
La trama del PSOE

El Supremo cita a Ábalos y Koldo para revisar sus medidas cautelares: las acusaciones piden prisión

Las acusaciones lideradas por el PP reclaman prisión provisional para ambos "por riesgo de fuga"

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado al ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y a su asesor ministerial, Koldo García, a comparecer el próximo 27 de noviembre para decidir si les envía a prisión como piden las acusaciones populares por la trama de las mascarillas del caso Koldo.

Se trata de la vistilla prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que Puente resolverá sobre la modificación de las medidas cautelares para ambos que han solicitado tanto la Fiscalía como las acusaciones populares en sus escritos de acusación. Ambos deberán acudir personalmente y asistidos por sus abogados.

Las acusaciones populares que lidera el PP han reclamado al Tribunal Supremo que condene a Ábalos y a Koldo a 30 años de cárcel a cada uno por esta trama de cobro de mordidas a cambio de contratos para la compra de mascarillas en plena pandemia, y han pedido que ingresen en prisión provisional de cara al juicio.

Para el empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama, piden siete años de cárcel. En su caso, las asociaciones consideran que se debe aplicar la atenuante de confesión «por su actitud colaboradora para esclarecer los hechos y descubrir las actuaciones delictivas de Ábalos y Koldo».

Imputan al ex ministro y su asesor cinco delitos: pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación. En el caso de Aldama, todos esos delitos, excepto el último. Además de las penas de prisión, reclaman multas de al menos 594.000 euros para Ábalos y Koldo, y de 225.000 euros para Aldama.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo, y siete años para Aldama. Asimismo, solicita que se impongan multas de casi 4 millones de euros a cada uno, embargos por 430.000 euros e indemnizaciones a Ineco y Tragsatec.

Prisión provisional por riesgo de fuga

En el escrito de acusación, de 113 páginas, pidieron al Supremo que celebrara la vistilla para revisar las medidas cautelares de Ábalos y Koldo, que actualmente pasan por la retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

En la vista pedirán al Supremo que ordene su ingreso en prisión provisional porque «existen indicios racionales de criminalidad» y una elevada petición de pena, para evitar así «el riesgo de fuga». Defienden que esta medida es «idónea, necesaria y proporcionada».

La Fiscalía también había solicitado al Supremo la celebración de esta vista, aunque no ha avanzado qué medidas cautelares demandará.

Suculentos beneficios económicos

Las acusaciones populares sostienen que el ex ministro, su asesor y el empresario «encontraron en su relación personal una gran oportunidad para obtener suculentos beneficios económicos».

Señalan que los acusados «no dudaron en servirse» de la «privilegiada situación» en la que se encontraba Ábalos por su condición de ministro de Transportes «para obtener ventajas recíprocas en todas aquellas oportunidades de negocio que se presentaran».

En el caso de Ábalos y Koldo, subrayan «el cobro de comisiones, en efectivo o en especie, por las gestiones realizadas en favor de Aldama y de personas con él vinculadas». Respecto a Aldama señalan las adjudicaciones de contratos públicos y otras gestiones favorables a las empresas cuyos intereses promovía -percibiendo a cambio las correspondientes comisiones provenientes de dichas empresas-«.

Piden que Sánchez declare como testigo

Han pedido que en el juicio declaren como testigos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra María Jesús Montero; la ex ministra de Industria Reyes Maroto; la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera; y el ex consejero delegado de Air Europa Javier Hidalgo.

También las testificales del entorno familiar de Koldo y de Ábalos y de las dos mujeres que habrían sido contratadas en las empresas públicas Ineco, Tragsatec y Logirail.