El Senado exigirá la destitución del fiscal general por su «conducta intolerable» al rescate de Sánchez

El Senado, a iniciativa del PP, exigirá al Gobierno de Pedro Sánchez que destituya de manera urgente a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, al considerar que hay «razones más que sobradas» para ello por «los escándalos que protagoniza y que dañan la imagen» de la institución. Recuerdan, además, su orden para filtrar a los medios de comunicación las conversaciones entre el abogado de la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso y un fiscal bajo sus órdenes.

«Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que hay razones más que sobradas para que el Gobierno proponga el cese del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz», incide el PP en una moción registrada en el Senado que solicita su destitución inmediata por el «incumplimiento grave y reiterado de sus funciones y por su intolerable conducta en el desempeño de su cargo».

Recuerda el PP que García Ortiz no obtuvo siquiera el apoyo «del Consejo General del Poder Judicial, que emitió informe desfavorable» de su nombramiento. Fue, señalan, «la primera vez que ocurre en casi 50 años de democracia, que el CGPJ rechaza al candidato a fiscal general del Estado propuesto por el Gobierno».

La iniciativa recoge, además, el polémico papel de García Ortiz en el asunto de la investigación tributaria a la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Entre sus actuaciones más sectarias y de apoyo al Partido Socialista, está la instrucción dada a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, para que enviara a los medios de comunicación desde su gabinete de prensa una nota de prensa con la cronología de las conversaciones privadas mantenidas entre el letrado de Alberto González y el fiscal del caso, ya que al tratarse de la pareja sentimental de una dirigente del Partido Popular podía tener rédito político la información», incide la formación que preside Feijóo.

«Se trata de un caso gravísimo de violación del secreto profesional y de un derecho tan fundamental como el de defensa jurídica en los tribunales de justicia», alegan.

«Apoyo descarado a Sánchez»

Añade el texto de la moción que «los propios fiscales han pedido al Gobierno que se anule el nombramiento de García Ortiz, por su condena por desviación de poder y su apoyo descarado al Gobierno de Pedro Sánchez». Hacen mención a la anulación del nombramiento de Dolores Delgado (su antigua jefa) como fiscal de sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo.

También menciona el PP la relación de García Ortiz con el caso Koldo y la instrucción dada por el fiscal general del Estado al fiscal jefe de la Fiscalía especial contra la corrupción para «detener de manera deliberada la tramitación del caso» hasta después de las elecciones. Destaca el PP que se trata de «una trama que afectaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez, a varios de sus ministros y a altos cargos socialistas, hurtando a los españoles acudir a las urnas sabiendo que el Gobierno estaba enzarzado en una grave trama de corrupción».

«Deficiente»

«No parece que pueda merecer un juicio de idoneidad el nombramiento de un candidato que ha demostrado tan deficiente esmero en la pulcritud del desempeño de la Fiscalía de más relevante trascendencia», resaltan los populares.

El PP hace referencia en su moción al artículo 124 de la Constitución, que recoge que «el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial». Es decir, que es el Gobierno quien propone el nombramiento y puede proponer su cese siempre que se den algunas de las causas que se recogen en el artículo 31.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: a petición propia, por incapacidad, inhabilitación, incumplimiento de funciones o cese del Gobierno que le nombró.