El sanguinario etarra Josu Ternera confiesa ahora un asesinato borrado por la Ley de Amnistía de 1977

El terrorista Josu Ternera reconoce ahora su participación en el asesinato en febrero de 1976 del alcalde Galdácano, Víctor Legorburu. Un crimen por el que nunca fue procesado al ser sobreseído por la Ley de Amnistía de 1977. El ex dirigente de ETA protagoniza el documental No me llame Ternera, dirigido por Jordi Évole y  que se estrena la próxima semana en el Festival de cine de San Sebastián. La cinta será proyectada a pesar de que un manifiesto apoyado por más de 500 personas, entre las que se encuentran personalidades como Rosa Díez, Fernando Aramburu, Fernando Savater, o Andrés Trapiello y víctimas como Marimar Blanco o Rubén Múgica, pidieran que no se llevase a la gran pantalla.

La película arranca con una entrevista al ex policía municipal de Galdácano Francisco Ruiz, que fue tiroteado cuanto trató de proteger a Legorburu. Atentado en el que, por primera vez, Josu Ternera confirma tener participación. Al inicio del documental, Évole muestra al agente Ruiz las imágenes en las que el etarra reconoce su intervención en el crimen y el antiguo policía municipal «comenta lo que le sugieren esas palabras», según ha adelantado El Correo este jueves. Por el asesinato de Legorburu fueron procesados tres miembros de ETA pero jamás Josu Ternera. No se produjo ninguna condena ya que con la aprobación de la Ley de Amnistía en 1977 «ese y otros crímenes recibieron el sobreseimiento libre», afirma el diario.

Por el asesinato de Legorburu sí fueron procesados Isidro Garayalde, Mamarru; Joaquín Villar Gurrutxaga, Fangio y José Miguel Retolaza, Exequi. El auto judicial señaló que «otras dos personas que participaron» en el atentado quedaron sin identificar. Ahora, Josu Ternera ha confirmado ser uno de esos dos desconocidos.

El comando que formaban estos tres terroristas y los dos desconocidos estuvo implicado también en el asesinato del alcalde de Oyarzun Antonio Echeverria en 1975, y en el del mecánico José Antonio Galarza en 1976, que la propia ETA reconoció que «se había equivocado porque el objetivo era el alcalde de Cizúrquil».

Víctimas indignadas

Víctimas del terrorismo, policías nacionales y guardias civiles consideran que la proyección del documental de Jordi Évole sobre el ex jefe de ETA, Josu Ternera, muestra la debilidad del Estado de Derecho, pues «donde debería comparecer un etarra es ante la Justicia y no en un plató lanzando monsergas».

Las organizaciones firmantes consideran que la emisión de esta entrevista humilla a las víctimas y supone «una muestra de debilidad del Estado de Derecho, que se muestra incapaz de conseguir que Ternera afronte sus responsabilidades en la sala de un tribunal de Justicia». Opinan que la Fiscalía debe pedir la grabación y considerar de forma urgente la emisión de la cinta como un acto de humillación a las víctimas porque actuar a posteriori «no tiene sentido».

En un comunicado, las asociaciones de víctimas AVT y Dignidad y Justicia; los sindicatos policiales SUP, UFP, CEP y SPP; y las asociaciones de guardias civiles Unión GC, AEGC y ASES-GC, se muestran en contra de la proyección en el Festival de San Sebastián del documental No me llames Ternera, en el que se incluye una extensa entrevista de Jordi Évole al ex dirigente de ETA.

Proyección

El Zinemaldia anunció el pasado 7 de septiembre que el documental, que ha generado una fuerte polémica, se proyectará como estaba previsto, al entender que «brinda una dura e inédita mirada» a la trayectoria de Josu Ternera como dirigente de ETA, aborda algunos de los momentos decisivos de la banda terrorista e incluso «permite a una víctima resolver incógnitas del atentado que sufrió hace casi 50 años».

El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha insistido en que el documental de Jordi Évole «no blanquea» el terrorismo y ha recordado que «dar la voz no es dar la razón». Así, en un comunicado, Rebordinos ha respondido al manifiesto apoyado 514 personas -entre ellas personalidades del periodismo, la literatura y la esfera política- y donde solicitaban que se excluyera de la programación del festival el documental producido por Netflix al entender que sirve para «blanquear a ETA».