Sánchez reparte a dedo el 72% de los 2,4 millones en subvenciones a su Ley de Memoria
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El jefe de Memoria Histórica de Sánchez reconoce que los actuales censos de víctimas no tienen valor
El Gobierno de Pedro Sánchez reparte a dedo el 72% de las subvenciones destinadas a promover la memoria histórica. Un total de 5 de las 6 líneas de las subvenciones públicas del último año de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática fueron adjudicadas de forma directa, sin concurrencia competitiva.
Se consignó un importe total de 2.421.250 euros en concepto de subvenciones públicas de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. De esa cifra, este órgano del Ministerio de la Presidencia, en el marco del Plan Estratégico del 2021-2023, otorga 1.750.000 euros sin un concurso abierto a cualquier entidad que quiera competir por esos fondos públicos.
La Secretaría de Estado que lidera Fernando Martínez (PSOE) aprobó una orden de cara al ejercicio económico que acaba de terminar para marcar la hoja de ruta en la distribución de dinero público. Ahí se puede constatar que la forma de adjudicación de dichas subvenciones públicas ha sido en más de un 72% del total por dedazo por adjudicación directa.
Destaca una subvención directa de 1.000.000 euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sin concurrencia competitiva. Esta entidad está liderada por el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero. También se contempla una partida de 275.000 euros a dedo para el Ayuntamiento de Córdoba, donde se quieren exhumar restos de 4.000 personas. Otras subvenciones a discreción serán para los ayuntamientos o diputaciones de Ciudad Real (100.000 euros), Huelva (100.000 euros) y Jaén (275.000 euros). Por último, y como excepción, se recoge una partida de 671.250 euros que sí se distribuirá en concurrencia competitiva.
En opinión del abogado Guillermo Rocafort, experto en cuestiones de memoria histórica, esto es «una prueba de que se están otorgando subvenciones de forma selectiva, a dedo, sólo a organizaciones e instituciones afines, controladas o colaboracionistas». «Incumplen el mandato legal proveniente de Europa de que no puede haber ayudas públicas directas, sino que deben ser por concurrencia competitiva, al objeto de que todos los operadores interesados puedan participar en un proceso de selección con criterios objetivos y no discriminatorios», agrega.
«Es evidente que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que depende del ministro Félix Bolaños, es por ello un macrochiringuito para el reparto de millonarias subvenciones públicas, y lo que procedería es su inmediata disolución por el futuro Gobierno de España», pide este letrado.
Fosas
Llama la atención, en este sentido, que el dinero que acaba en la exhumación de víctimas de la Guerra Civil es una parte minoritaria del presupuesto de esta Secretaría de Estado. Este año dispondrá de 3.940.000 euros a la partida Material de oficina, suministros y otros dentro del programa de «memoria democrática», una cuantía superior incluso a la dedicada al plan de exhumaciones del que tanto alardea Pedro Sánchez y que está dotado con 3 millones, como desveló OKDIARIO.
El Ministerio se ha negado a concretar los importes precisos a los que destinará esa partida tan abultada. A preguntas de Rocafort, a través del Portal de Transparencia, el director general de Memoria Democrática se ha limitado a explicar que dicho epígrafe engloba los gastos de material de oficina, suministros (energía eléctrica, agua, gas), así como los servicios de comunicación. Es decir, la difusión de las actividades de la llamada memoria democrática, uno de los ejes propagandísticos del Gobierno.
También consta una subpartida de 200.000 euros para gastos por dietas, locomoción o traslados, entre otros. Por ello, en opinión de Rocafort, «sería recomendable una reducción de gastos en dichas partidas presupuestarias por no responder a los fines esenciales de ese Ministerio».
13,9 millones
El Gobierno ha aumentado este año a 13,9 millones la partida para la «memoria democrática», un 17,97% más que en el ejercicio 2022, y que irá destinada a impulsar la ley aprobada gracias a Bildu y que entró en vigor el pasado octubre. Una parte irá para exhumaciones, pero también a la adquisición de archivos históricos, elaboración de censos de víctimas y de edificaciones realizadas con mano de obra forzada o la realización de campañas «para fomentar los valores cívicos de cara a la educación democrática». Se avanzará en la «monumentalización» de determinados lugares de memoria y «continuar el proceso de resignificación democrática en el Valle de los Caídos». También se prevén hasta 10 actos durante la Presidencia rotatoria de la Unión Europea, en la recta final de las próximas elecciones generales.
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