Sánchez pone al Supremo en el disparadero: el tribunal decidirá sobre Franco en campaña electoral

El anuncio del Gobierno en funciones de que la exhumación de Franco será el próximo 10 de junio pone en la diana al Tribunal Supremo que tendrá que decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por la familia para evitarlo en plena campaña electoral.

La situación ha provocado un profundo malestar entre sus magistrados, según confirman fuentes jurídicas a OKDIARIO. No ha gustado a los miembros del alto tribunal que el Gobierno trate de sacar rédito de un tema judicializado y sobre el que todavía debe pronunciarse.

Aunque, aparentemente, la exhumación de Franco estaría más cerca de producirse tras el Consejo de Ministros de este viernes, la realidad es que el Ejecutivo no podrá hacerlo si no supera previamente el trámite del Tribunal Supremo, que deberá autorizarlo. Sánchez, consciente del calvario jurídico que tiene por delante, está dispuesto a utilizarlo para captar votos, sea cual sea el sentido de la futura decisión. Modifica por lo tanto su estrategia en vista de que la realidad lo enfrenta a un proceso largo que no podrá culminar, como prometió a su llegada a Moncloa, antes del próximo 28-A. Ni siquiera en las inmediatamente posteriores del 26-M.

El recurso ante el Supremo determina que el Gobierno deba abstenerse de actuar hasta que el tribunal se pronuncie

El obstáculo, pues, no es menor para el Ejecutivo. Más aún porque, hoy por hoy, el único pronunciamiento oficial del Supremo sobre la materia le advertía de que tendrá la última palabra en lo relativo a la salida de los restos de Franco de su actual ubicación. Y lo hacía amparándose en la jurisprudencia internacional vigente y aplicable para casos análogos.

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, competente para conocer del fondo del asunto, se reunirá en los próximos días, según ha podido saber OKDIARIO, para deliberar sobre la paralización del procedimiento y resolver la pieza separada de medidas cautelares que se ha abierto, tras admitir a trámite los recursos presentados, hasta la fecha, por la familia y la Abadía del Valle de los Caídos.

Tanto si se determinan las mismas (en cuyo caso Sánchez venderá que ha hecho todo lo posible para cumplir, pero ha sido la Justicia quien se lo ha impedido) como si se falla en sentido contrario (en cuyo caso lo presentará como una victoria frente a la familia del dictador) el Gobierno socialista utilizará lo que suceda en el órgano judicial como mensaje a su favor en período electoral.

«Lo lógico sería suspender»

No están dispuestos los magistrados a dejarse influir por ningún tipo de injerencia externa que no se limite, estrictamente, a las motivaciones planteadas por familia y comunidad benedictina sobre los hechos y fundamentos de derecho aplicables a los trámites legislativos. Así como las alegaciones que ultima la Abogacía del Estado, en el plazo de 10 días hábiles de que dispone, para oponerse a los mismos.

Magistrados del Tribunal Supremo consultados por OKDIARIO apuntan que «lo lógico» sería que se acordase paralizar la exhumación, como medida cautelar, hasta que sus compañeros de la Sala Tercera «resuelvan sobre el fondo del asunto». Y ello dado que, en caso contrario y a la vista del último pronunciamiento del Gobierno, el bien jurídico objeto de protección podría quedar dañado, si en dicho ínterin se consuma la exhumación, de forma permanente e irreversible.

Los mismos jueces manifiestan su estupefacción ante la postura del Gobierno dado que la exhumación de Franco se encuentra sub iúdice y, especialmente, teniendo en cuenta que se trata de un Ejecutivo en funciones, cuyas competencias son extremadamente limitadas de acuerdo al criterio fijado por el propio Tribunal Constitucional.

Así las cosas, y pese al polémico anuncio del Gobierno, en el último de sus «viernes sociales», éste tendría prohibido llevar a cabo cualquier actuación que afectase a la sepultura de Franco, hasta que el ponente de la sentencia, resuelva sobre los recursos interpuestos. Lo que podría prolongarse, con toda seguridad más allá del próximo 10 de junio, y durante, como mínimo, un año.