Sánchez ordena al PSOE volcarse en Castilla y León para evidenciar que Feijóo sólo gobernará con Vox

• Joan Guirado @joanguirado
• Corresponsal de Gobierno y Casa Real. Siguiendo la actividad del presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y del Rey de España. También política catalana.
• • 17/01/2023 06:50
  • Actualizado: 31/01/2023 22:42

Castilla y León, pese a que es una de las pocas autonomías que no celebrará elecciones autonómicas el próximo 28 de mayo, centrará gran parte de la campaña electoral que para algunos ya ha empezado. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, que este mismo sábado viajará a Valladolid, ha ordenado a sus ministros y a la dirección del partido pisar las ciudades castellanoleonesas para arropar a sus alcaldables. El objetivo es poner de manifiesto la amenaza real de un pacto entre el PP y Vox, si los electores apoyan a los candidatos populares evidenciando así la preferencia de Génova por los de Santiago Abascal. Aunque Alberto Núñez Feijóo ya ha dicho múltiples veces que no. Los socialistas también usarán el altavoz de La Moncloa para dicho fin.

Con una estrategia del miedo ya usada anteriormente por la factoría monclovita sin demasiado éxito, el equipo de Sánchez confía en el revuelo causado por la polémica de las medidas provida impulsadas por Vox para desgastar al principal partido de la oposición. Avisando a los ciudadanos de que con su voto al PP estarán favoreciendo «la sumisión» a Vox en aquellos territorios en los que no tengan mayoría absoluta. Una de las directrices del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE a los suyos es centrar los ataques en la figura del jefe de la oposición.

A modo de intoxicación, en las últimas horas, fuentes gubernamentales ya empezaron a poner sobre la mesa la opción de aplicar el artículo 155 para arrebatar a la Junta de Castilla y León el control de la Consejería de Sanidad. Aunque esta sería la última opción de un camino que empezó ayer mismo con el requerimiento que mandó la ministra del ramo, Carolina Darias, al Gobierno autonómico. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, afirmó que era un paso previo «en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa». Castilla y León también estudia acudir a la justicia tras acusar a Moncloa de «vulnerar el derecho de autonomía».

La también ministra de Política Territorial señaló que el Gobierno utilizará todas las fórmulas para garantizar el cumplimiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y para dar tranquilidad y seguridad jurídica a los profesionales sanitarios. También la intervención, si las medidas son finalmente aprobadas y aplicadas y el Gobierno de coalición de PP y Vox desobedecen a las órdenes de Moncloa. Aunque el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en una comparecencia este lunes, ya avanzó que no tenía intención alguna de saltarse la legalidad vigente ni presionar a los médicos.

Este mismo lunes, la ministra de Industria, Comercio y Turismo y candidata a la alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, ya llevó a la práctica la orden de Sánchez y criticó «el silencio» del líder del PP Alberto Núñez Feijóo ante la polémica. También reprochó al presidente de la región, Alfonso Fernández Mañueco, su falta de liderazgo. La rival de José Luis Martínez-Almeida aprovechó la polémica para llevársela a su terreno electoral, asegurando que el alcalde madrileño y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso se «abrazan a Vox».

«No sabemos quién gobierna en esta comunidad autónoma y lo más preocupante es la ausencia de respuesta del líder del Partido Popular. Lo que pregunto es si esta coalición del miedo es el precio que tiene que pagar Feijóo para gobernar», declaró durante una entrevista en RNE Reyes Maroto.

También durante la jornada de ayer el líder regional de los socialistas castellanoleoneses, Luis Tudanca, declaró que la actitud de populares «pone en riesgo el ejercicio libre de las competencias autonómicas al entregar la Consejería de Sanidad, los derechos de las mujeres y mercadeando con ellos a Vox y la extrema derecha».

El líder de la oposición en esta comunidad autónoma aseguró también en una entrevista radiofónica que ha sido «la presión política, la rebelión de las mujeres y el requerimiento del Gobierno» los que han provocado que la Junta no aplique una norma que, insiste, «hubiera salido adelante sin esta reacción».