Sánchez engorda los Mossos con 1.500 millones mientras tiene bajo mínimos a Policía y Guardia Civil
El Estado financia la contratación de miles de mossos y la mejora de sus sueldos y jubilaciones anticipadas
En España faltan más de 20.000 policías y guardias civiles mientras Moncloa engorda la plantilla de los Mossos
En sólo cinco años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha privilegiado a los Mossos con una inyección extra de 1.463 millones de fondos del Estado y este año seguirá primándolos en la misma línea, lo que elevará la cifra de conjunto muy por encima de los 1.500 millones. Mientras, mantiene bajo mínimos la plantilla de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, e ignora sistemáticamente las reivindicaciones de las organizaciones profesionales de ambos cuerpos estatales para acabar con la precariedad de medios y equiparar sus condiciones salariales a las que se dan en las policías autonómicas.
Cada vez hay más mossos –3.500 más en siete años, un 21% más–, mientras faltan 17.000 guardias civiles en toda España y miles de policías nacionales, cuyas plantillas efectivas y medios técnicos son notoriamente insuficientes para cubrir las necesidades operativas en condiciones de seguridad y eficacia.
Con el telón de fondo de sus condiciones al independentismo catalán, Sánchez empezó a regar a los Mossos con cientos de millones de euros en 2021, según las cifras oficiales recopiladas por OKDIARIO. Y, desde entonces, las transferencias extra no han parado. En 2021 dio a los Mossos 452,11 millones de euros bajo el argumento de «regularizar» su financiación. En 2022 les transfirió 418 millones, 336,33 en concepto de «regularización», 46,06 con la excusa de fomentar la «transición energética» de las instalaciones y equipos de la policía autonómica catalana, 34,5 millones para mejorar las condiciones de jubilación anticipada de los mossos y otro millón para «modernizar» este cuerpo «en el ámbito judicial».
En 2023 la inyección extra ascendió a 379 millones de euros de fondos estatales: 336,33 millones para «regularizar» su financiación y otros 43 bajo la excusa de la «transición energética».
En 2024 salió de la chistera gubernamental otro argumento para seguir regando a los Mossos con fondos estatales: el de intensificar el «despliegue» de esta policía autonómica. Desde 2024 y hasta 2030, Moncloa se ha comprometido a inyectar año a año decenas de millones de euros a los Mossos. Por esta vía, entre 2024 y 2025 les ha otorgado 214 millones de euros. De ellos, 120,5 se los abonó el año pasado.
Este 2026 se repetirá la operación. Y estas transferencias extra se producirán también en 2027, 2028, 2029 y 2030, siempre según lo pactado entre el Gobierno y la Generalitat, al gusto del independentismo que sostiene a Pedro Sánchez en La Moncloa y del que también depende el socialista Salvador Illa para mantenerse al frente del Ejecutivo catalán.
Esto está permitiendo subir las retribuciones de los Mossos, mejorar sus jubilaciones anticipadas, aumentar la plantilla de la policía autonómica catalana y renovar sus instalaciones y medios técnicos operativos. En 2018, la plantilla de los Mossos la formaban 16.540 efectivos; el pasado 2025 acabó con alrededor de 20.000, un 21% más. Y este año la Generalitat prevé que la cifra se eleve a 21.000 efectivos. Sin embargo, el Ministerio del Interior tiene congeladas las plantillas oficiales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que además no tiene cubiertas al 100%: son miles las plazas que están vacantes desde hace años.
Como informó recientemente OKDIARIO, el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska tiene sin cubrir 17.000 plazas de guardias civiles, que además tienen que lidiar con medios técnicos escasos y anticuados. Si a eso se suma el déficit de policías nacionales, la cifra supera con mucho las 20.000 plazas pendientes de cubrir. Y eso atendiendo estrictamente a las plantillas orgánicas, que están obsoletas porque llevan años sin actualizarse.
Todo ello pese a que, como insisten las organizaciones profesionales de ambos cuerpos estatales, es más que evidente que se han disparado las necesidades operativas en seguridad ciudadana, narcotráfico o inmigración ilegal, por lo que las plantillas oficiales tenían que ser mayores que las que rigen en la actualidad y estar cubiertas al 100%. Ni lo uno ni lo otro ocurre.
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