España

Sánchez empieza los recortes entre los empleados públicos: ultima una rebaja media de 2.000 € en Renfe

CSIF denuncia que se trata de una rebaja de sueldos en toda regla que afecta, incluso, a quienes han estado trabajando durante el estado de alarma de forma presencial expuestos al virus

Las cuentas fiscales no le salen a Pedro Sánchez y ya empiezan los primeros recortes. El toque de atención le ha tocado a Renfe, donde la dirección ha trasladado ya su deseo de reducir la paga de productividad en un 80% este año a los empleados públicos: la compañía pretende dejarla en un 20% del total que han disfrutado sus empleados tradicionalmente, tal y como denuncia el sindicato CSIF. Esa medida implica un golpe de entre 2.000 y 2.500 euros de media para los empleados que trabajan en el sector público.

El golpe se mantendría, aunque en menor cuantía, el próximo año: en 2021 el deseo de la empresa pública es dejar este recorte en un 50% de esa paga. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha confirmado a OKDIARIO que Renfe es ya la primera empresa pública que pretende rebajar el sueldo a sus trabajadores por la crisis del Covid-19.

En contra de lo manifestado por el Gobierno, que ha asegurado que las condiciones salariales de los empleados públicos no se iban a tocar, Renfe ha propuesto reducir la parte variable del sueldo a su plantilla en una reunión mantenida con los sindicatos.

El sindicato denuncia que se trata de una rebaja de sueldos en toda regla que, incluso, afecta a los empleados que han estado trabajando durante el estado de alarma de forma presencial expuestos al virus.

CSIF señala que «es el momento más inoportuno para presentar este tipo de medidas a la plantilla y que lejos de premiar la encomiable labor de los empleados, en los momentos más adversos, Renfe se salta las reglas impuestas por el Gobierno para ahorrar dinero en una empresa pública que en 2019 tuvo un beneficio neto superior a los 90 millones de euros».

Rectificación

CSIF exige una rectificación en público a la dirección de la empresa ferroviaria para tranquilizar a la plantilla. El sindicato defiende que la manera de salir más fuertes de la pandemia no es la de rebajar los salarios, ni la de olvidar el carácter preferencial del teletrabajo en los puestos en los que puede hacerse.

Se trata de la primera constatación de un plan que CSIF sabe que existe desde el inicio de los problemas con el coronavirus: el de empezar con los recortes entre los empleados públicos.

El principal sindicato de funcionarios –CSIF– puso el grito en el cielo en el inicio de la crisis del coronavirus por la profunda reforma legal escondida por el Gobierno de Pedro Sánchez en pleno estado de alarma, tal y como adelantó OKDIARIO.

CSIF alertó ya entonces de que la reforma, camuflada entre las medidas de combate al coronavirus y gestionada sin la más mínima negociación con ellos, afectaba a la gestión de las pensiones de 900.000 empleados públicos.

El susto venía camuflado en el BOE de este 22 de abril. Y se ceba con 900.000 empleados públicos comprendidos en lo que se denominan clases pasivas. Y es que el Gobierno ha decidido traspasar la gestión de sus prestaciones al Instituto Nacional de la Seguridad Social sin previo aviso, ni negociar con sus representantes sindicales.

Desde el principal sindicato de la función pública –CSIF– temen que el movimiento sea un paso previo que anticipe un intento posterior de recortar sus condiciones en materia de jubilación.

De momento, la medida se ha conseguido trasladar al Congreso para que sea tramitada con normalidad y no con la urgencia de un decreto. Se ha hecho gracias a la oposición, que ha retardado el deseo de Sánchez de hacer esta reforma bajo el manto de la pandemia.

Funcionarios preocupados

«Hay miles de funcionarios preocupados por el futuro de sus pensiones tras el traspaso sorpresivo del reconocimiento y la gestión de sus prestaciones a la Seguridad Social», destacan desde CSIF.

Los representantes sindicales CSIF señalan que el Gobierno aprovechó «un decreto económico frente al Covid-19 para modificar la gestión de las pensiones de los funcionarios» y reclamaron «a los grupos parlamentarios que frenen el traspaso a la Seguridad Social del reconocimiento y la gestión de prestaciones de los funcionarios».

Desde CSIF saben que el plan del Gobierno es igualar el régimen diferenciado de las clases pasivas al del resto de trabajadores. Y eso implica que, en posteriores y nada descartables recortes con motivo de la crisis, esos 900.000 funcionarios pueden perder su posibilidad de negociar de forma separada. Traducido: que se quedan sin su capacidad de defensa individual frente a congelaciones en las prestaciones o recortes en las condiciones de acceder a la jubilación.