Sánchez destina 13 millones a desmantelar Garoña mientras Europa apuesta por reabrir nucleares

Europa se enfrenta a una crisis energética sin precedentes, agravada por las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, y lo nuclear vuelve a estar sobre la mesa. Francia ha anunciado la construcción de 14 nuevos reactores.  Alemania, hasta hace poco impulsora del veto a lo nuclear, tiene un plan para prolongar la vida de sus plantas. La Unión Europea ahora considera «verdes» las centrales de este tipo. Hasta la autodenominada «activista climática» sueca Greta Thunberg ha cambiado de parecer y ahora apuesta por mantener la energía nuclear en la ecuación para alcanzar los objetivos de emisiones. Mientras el precio de la luz sigue siendo un quebradero de cabeza para los bolsillos españoles, el Gobierno de Pedro Sánchez continúa con su plan de cierre de lo nuclear: va a invertir más de 13 millones de euros en sistemas de seguridad antirradiación para los equipos que deben desmantelar la planta de Garoña (Burgos).

Cerrada en 2017, Garoña lleva años ya esperando su desmantelamiento definitivo. Una tarea nada fácil debido al tipo de combustible que utilizan estas centrales y al riesgo que supone su manipulación. Cualquier error o accidente puede liberar radiactividad a la atmósfera, letal para el ser humano. Por ello, el coste económico que conlleva es enorme. Sólo en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 se contempla una partida de 19,1 millones de euros para el sistema de almacenamiento del material radiactivo que aún hay presente en los reactores.

Al margen de ese contrato, el Gobierno también va a firmar otro por importe de 13,6 millones de euros para dotarse de un «servicio de Protección Radiológica para la fase 1 del Plan de Desmantelamiento y Clausura» de Garoña. En la práctica, se busca el suministro de material de protección para poder realizar con seguridad estas complejas tareas, que involucran a cientos de trabajadores.

Por ello, el proyecto de Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), el organismo público que ejecuta esta misión, requiere los servicios de una empresa que aporte dosímetros, laboratorios, personal para la toma de muestras y, en general, un completo sistema de detección de riesgos radiológicos.

Reabrirla

En España, el PP y Vox se han mostrado partidarios de mantener lo nuclear dentro del pool energético. En el caso de Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, su plan pasa por alargar la vida de las cinco centrales que aún están en funcionamiento.

Vox, por su parte, propuso reabrir Garoña. Poner de nuevo en marcha los reactores de la central burgalesa supondría un coste muy importante de tiempo y dinero. Pero, la propuesta de los de Santiago Abascal pasaba por impulsar su renovación con nuevos reactores, aprovechando buena parte de las infraestructuras ya presentes y revitalizando un motor económico que la zona del Valle de Tobalina perdió con el cierre de la planta.

Negativa del Gobierno

La respuesta del Gobierno fue una negativa tajante a revisar, como han hecho otros países, el plan de cierre de las nucleares. «Me ha sorprendido esa salida de pata de banco, una ocurrencia probablemente ideológica utilizando la misma terminología que les gusta usar en la bancada de la derecha y de la ultraderecha, que no se corresponde con ninguna hipótesis medianamente seria ni solvente», aseguró en el Congreso la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el pasado mes de septiembre.

«No tenemos la menor intención de plantear la revisión de un calendario que ha sido acordado entre todos los propietarios de todas las centrales, que, además, no se requiere en un país que, afortunadamente, cuenta con recursos autóctonos enormemente potentes para producir electrones y moléculas verdes», insistió Ribera, dando carpetazo a esa posibilidad de volver a contar con las nucleares. Algo que sí están haciendo los vecinos europeos para abaratar la energía sin recurrir al uso del carbón y disparar las emisiones.