Sánchez apoyó en febrero la equiparación salarial para Policía y Guardia Civil que ahora rechaza

El hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió el pasado febrero a representantes del colectivo Justicia Salarial Policial (Jusapol) que tendrían su apoyo en «la tramitación» y «el debate» en el Congreso de los Diputados de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de una equiparación «real» entre el sueldo de policías nacionales y guardias civiles y el de policías autonómicas. Sin embargo, el partido que sustenta al Ejecutivo ya ha puesto reparos al texto nada más iniciar su periplo por la Cámara baja.

En el transcurso de una asamblea Abierta del PSOE en Castellón, el secretario general de los socialistas y todavía jefe de la oposición se dirigió así a un miembro de Jusapol: «Lógicamente habrá que esperar a cuál es vuestra iniciativa legislativa popular, pero desde luego en la tramitación y su debate en el Congreso de los Diputados, te puedo asegurar que vais a contar con nuestro apoyo, eso seguro».

Sin embargo, la ILP, que fue registrada en marzo en la Cámara baja, tuvo la pasada semana su primera toma de contacto con los grupos parlamentarios, donde hubo un clara disparidad en su recibimiento en la Comisión de Interior. Pese a las promesas de Sánchez cuando todavía estaba en la oposición, la diputada del Partido Socialista Patricia Sierra manifestó que «la iniciativa nos genera ciertas dudas», porque, por ejemplo, «no se adecuaría del todo al reparto competencial que establece a día de hoy el artículo 149 de la Constitución española».

PP y PSOE sostienen que la ILP de Jusapol pone en riesgo el «reparto competencial» con comunidades y ayuntamientos

En la misma línea, el diputado del PP José Alberto Martín advirtió de que se puede poner en riesgo el «reparto competencial» con comunidades autónomas y ayuntamientos recogido en la Carta Magna y en otras tantas normas. La intención del Gobierno socialista es la de mantener el acuerdo firmado por Ejecutivo del PP con los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles, una mejora que Jusapol considera insuficiente. Más receptivos se mostraron, por el contrario, los representantes de Ciudadanos y Podemos.

Desde Jusapol explican que «pese a que las policías autonómicas ejercen las mismas funciones que la Policía Nacional y la Guardia Civil, aunque con menos competencias y movilidad geográfica, cobran una media de al menos 600 euros más al mes».

Respecto a la partida que figura en el acuerdo destinada a la equiparación salarial, Jusapol la ve como «falsa» por «no llegar a las cantidades necesarias para la verdadera equiparación salarial» así como por «no ir destinada al Complemento Específico General (CEG), sino que lo destinan en un 90% al Complemento Específico Singular (CES) y en un 10% a complementos de productividad». Por tanto, los manifestantes quieren que «vaya todo al CEG».

Según apuntan desde la asociación, esta petición se debe a que el CEG es de donde cobran las policías autonómicas: «Mientras que un Policía Nacional o un Guardia Civil cobra entre el CEG y el CES una cantidad de poco más de 700 euros al mes aproximadamente, un mosso de escuadra cobra únicamente el CEG y parte de un mínimo de 1.500 euros al mes, siendo esta la gran diferencia salarial entre unos y otros», ilustran.

Seis meses

La legislación que regula las ILP marca que, a partir de su registro, la iniciativa deberá someterse, en el plazo de seis meses, a un primer debate en el Pleno del Congreso para decidir si se toma o no en consideración. La tramitación parlamentaria de las ILP se efectúa conforme al procedimiento habitual para las proposiciones de ley, con el añadido de que, antes de esa votación, una persona de la promotora de la recogida de firmas (mínimo 500.000) es llamada a comparecer en la Comisión de Interior para explicar los motivos de la iniciativa ante los grupos parlamentarios. Este trámite ya lo cumplió la pasada semana el portavoz de Jusapol, Natan Espinosa. Este colectivo vuelve a manifestarse hoy en Barcelona.