Sánchez actuará contra la Fundación Francisco Franco «si se desvía» de la legalidad

El Gobierno subraya que la Fundación Francisco Franco goza de «presunción de legalidad», pero se compromete a actuar contra ella si la entidad se desvía de sus fines y si se advierten «indicios racionales» de ilicitud penal.

De esta forma responde el Ejecutivo de Pedro Sánchez a una batería de preguntas realizadas por dos diputados de Unidos Podemos, Miguel Anxo Fernández Vello (En Marea) y Juan Manuel del Olmo (Podemos), que pedían saber cuándo tiene pensado el Gobierno socialista ilegalizar la Fundación Francisco Franco, como así lo reclamaba el PSOE cuando estaba en la oposición.

Ambos parlamentarios formularon sus preguntas el pasado mes de junio, al poco de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa tras el triunfo de su moción de censura, y su respuesta, que ha recogido Europa Press, se ha conocido este lunes, apenas unos días después de que el Parlamento Europeo se pronunciara sobre dicha Fundación.

Estrasburgo pide su ilegalización

En concreto, la Eurocámara reclamó ilegalizar las fundaciones y asociaciones «que exalten y glorifiquen el nazismo y el fascismo» en una resolución que hace referencia a la Fundación Francisco Franco como «una entidad que glorifica una dictadura y sus delitos».

En su respuesta, el Gobierno señala que, según la Ley de Fundaciones, la Fundación Francisco Franco goza de «presunción de legalidad» hasta que se dicte resolución judicial motivada que declare su extinción, al igual que cualquier otra fundación que se ha constituido conforme al ordenamiento jurídico.

Y, continúa, la citada norma atribuye al Poder Judicial, y no el Ejecutivo, la extinción de una fundación «cuando concurran las causas establecidas en las leyes».

¿Apología del franquismo? No, libertad de expresión

Eso sí, el diputado gallego Fernández Vello incidía en la crítica pidiendo la opinión del Gobierno sobre manifestaciones de dirigentes de la Fundación Franco que interpretaba como «una absoluta apología del franquismo». Pero el Ejecutivo evita pronunciarse escudándose en el artículo 20 de la Constitución que recoge la libertad de expresión.

En todo caso, el Gobierno socialista avisa de que si advirtiera «una desviación grave» entre los fines de la Fundación y la actividad realizada, se podría solicitar de la autoridad judicial la intervención temporal de la misma.

También añade que si el Protectorado de Fundaciones, dependiente del Ministerio de Educación, encontrase «indicios racionales» de ilicitud penal en las actividades que desarrolla esa entidad, se daría traslado de los mismos a la Fiscalía o al órgano jurisdiccional competente.

La ministra Delgado decía más en junio

El pasado mes de julio, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, adelantó que su Departamento estudiaría la manera de llevar a cabo la «ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo», como la Fundación Francisco Franco.

Delgado hizo ese anuncio, al poco de llegar al poder, durante su comparecencia ante la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para presentar las líneas generales de actuación de su Ministerio.