Sánchez acerca al País Vasco a uno de los asesinos de Gregorio Ordóñez

El proceso de acercamiento de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco en el que está inmerso el Gobierno de Pedro Sánchez no entiende de gestos con las víctimas. A la semana de cumplirse los 26 años del asesinato de Gregorio Ordóñez, y cuando hoy el Parlamento Vasco le rendía homenaje con un minuto de silencio, el Ministerio del Interior ha notificado el traslado de uno de los terroristas que participaron en su asesinato.

Juan Ramón Carasatorre Aldaz, condenado a 30 años de cárcel por el crimen que acabó con la vida del dirigente del PP, ha sido progresado al segundo grado y dejará el Centro Penitenciario Castellón II por el de El Dueso, en Cantabria.

Como cada 23 de enero, el pasado sábado los amigos y familiares de Ordóñez recordaban su vil asesinato en el restaurante ‘La Cepa’ de San Sebastián mientras comía con algunos de sus compañeros en el Ayuntamiento, María San Gil entre ellos. Un comando formado por Valentín Lasarte, Francisco Javier García Gaztelu Txapote y el propio Carasatorre acabaron con su vida tras descerrajarle un tiro en la nuca.

Este viernes, además, mientras Interior hacía público el acercamiento de Carasatorre, representantes de todos los grupos y consejeros del Gobierno Vasco, con el lehendakari, Iñigo Urkullu, a la cabeza, se han puesto en pie en sus escaños durante un minuto para tributar un homenaje a Ordóñez antes de comenzar el pleno.

Además de por el asesinato de Ordóñez, Carasatorre acumula otras condenas por delitos de sangre. Fue condenado a 29 años de prisión por matar de un tiro en la nuca al Brigada del Ejército de Tierra Mariano de Juan Santamaría, al que disparó cuando cuando regresaba andando del cuartel a su casa en San Sebastián. Y a otros 30 años por el asesinato de Enrique Nieto Viyella, agente de la Policía Nacional, que también recibió un disparo en la nuca cuando acababa de salir de su domicilio para dirigirse a su oficina.

Marlaska no sólo ha autorizado hoy el acercamiento de Carasatorre al País Vasco, sino que además ha decidido progresarle al segundo grado, dado que cumplirá las tres cuartas partes de la pena en marzo de 2029.

Para justificar ambas decisiones, la Secretaría de Instituciones Penitenciarias asegura que el asesino de Ordóñez ahora»acepta la legalidad penitenciaria, rechaza el uso de la violencia y ha expresado su deseo resarcir el dolor causado a sus víctimas».

Sin embargo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) afirma que el Ministerio del Interior, después de haber trasladado ya a 158 terroristas desde que Sánchez está en La Moncloa, 57 de ellos con delitos de sangre, sigue dar «ninguna explicación y sin hacerse cargo del dolor que estos movimientos provocan en las víctimas del terrorismo, aun presumiendo de contar con una Dirección General de Víctimas del Terrorismo».

Según la AVT, el 15% de los presos etarras están ya en prisiones del País Vasco o Navarra, mientras que otro 42% se encuentra a menos de 200 kilómetros de la residencia de sus familias.

El Ministerio del Interior ha aprobado también los acercamientos de Martín Sarasola, uno de los etarras que atentó contra la T-4 de Barajas acabando con la vida de Diego Armando Estacio y Carlos Alfonso Palate, y Sergio Polo, autor material del atentado que segó la del comandante Luciano Cortizo.

La Secretaría de Instituciones Penitenciarias progresa a Sarasola al segundo grado recordando que es otro de los etarras que se encuentra pendiente de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el tiempo máximo de cumplimiento de su condena.