Revés de la juez de Barbate al fiscal: pide identificar a los mandos que ordenaron actuar a los agentes
La juez de Barbate rechaza la petición de archivo de la Fiscalía para evitar que se investigue a los responsables
La juez que dirige la investigación por los hechos que se saldaron con el asesinato de los guardias civiles de Barbate (Cádiz) quiere saber quienes dieron las órdenes de entrar en el agua a los guardias con unos medios insuficientes para enfrentarse a media docena de narcolanchas. La petición de la juez incluye: «Un informe sobre la cadena de mando seguida, con identificación de las personas».
En consecuencia con esta decisión, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate ha rechazado el intento de la Fiscalía para archivar las diligencias abiertas por un delito contra la seguridad laboral de los agentes que intervinieron en el dispositivo fallido.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que interpuso la denuncia por la que se abrieron estas diligencias y cuya personación en el sumario como acusación popular ha sido aceptada por el juzgado, ha informado este martes de que el juzgado ha desestimado la petición de la Fiscalía de archivar las diligencias.
«Por el contrario, ha acordado la práctica de diligencias de investigación», y en concreto que la Dirección General de la Guardia Civil «informe sobre la cadena de mando seguida, con identificación de sus personas, que dio finalmente la orden a los agentes de la Guardia Civil de entrar en el agua con la patrullera el día 9 de febrero de 2024», explica en una nota de prensa la AUGC.
Los supervivientes
El juzgado también ordena que se incorporen a la investigación sobre la responsabilidad de las actuaciones, las declaraciones ante el juzgado de los guardias civiles supervivientes.
Se trata de los guardias que viajaban con los dos agentes fallecidos en la lancha que sufrió las embestidas de las narcolanchas en el puerto de Barbate cuando iban a identificar a sus tripulantes. Esos mismos guardias se refirieron a «las inaceptables condiciones de seguridad y de falta de medios» con las que se enfrentaron a las narcolanchas.
La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) también se sumó a estas acusaciones y denunció por un presunto delito de homicidio por imprudencia y delitos de lesiones graves al general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía y al coronel jefe de la Comandancia de Cádiz como responsables de aquel operativo.
Jucil presentó la denuncia tras analizar las declaraciones de los cuatro guardias civiles que sobrevivieron al ataque de la narcolancha ante el juez. En ellas, según Jucil, es fácil constatar que «los superiores denunciados tenían constancia plena de que los medios eran insuficientes y, aun así, obligaron a los guardias civiles a realizar una intervención policial fuera de sus capacidades y aptitudes».
Estas diligencias para aclarar la responsabilidad de las órdenes del operativo de ese día, se enmarcan dentro de una pieza separada que pretende dilucidar la presunta responsabilidad por un delito contra la seguridad laboral de los guardias civiles que actuaron contra las narcolanchas.
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