La reforma de igualdad del PSOE ‘adoctrinará’ a los funcionarios en perspectiva de género
La reforma de la ley de Igualdad del PSOE ‘adoctrinará’ a los funcionarios en perspectiva de género. Así se desprende del texto de la Proposición de Ley para «garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación» registrada- el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados- por el Grupo Parlamentario Socialista y sobre la que deberá decidir el Gobierno en los próximos meses.
El artículo 14 bajo el título «Formación y especialización contra la discriminación por razón se sexo» recoge en su segundo apartado la obligación de que las Administraciones Públicas incluyan «en la formación de sus empleados públicos contenidos sobre igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y no discriminación por razón de sexo».
El objetivo es que todas las instituciones cuenten con personal especializado en igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y en prevención de la discriminación directa e indirecta por razón de sexo.
Y ello pese a que la propia exposición de motivos de la modificación normativa presentada por los de Sánchez, reconoce que los mecanismos e incentivos anteriormente aplicados en la materia han resultado inútiles para la obtención de dicha igualdad.
«Las medidas de naturaleza fundamentalmente promocional o de fomento han obtenido resultados discretos, cuando no insignificantes, lo que contraviene la propia finalidad de la citada Ley Orgánica (3/2007), en la medida que no han hecho efectiva la igualdad de mujeres y hombres y, de este modo, no han evitado los tratos discriminatorios contra los que se pretendía actuar».
Además, en el documento se crea la Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación por razón de sexo en el empleo y la ocupación, que será el órgano encargado de impulsar y coordinar las medidas a aplicar en el ámbito de las Administraciones Públicas sobre la cuestión.
Dicha oficina actuará como una ‘policía’ administrativa diseñada por el PSOE para impulsar la inspecciones en empresas públicas y centros de trabajo privados y tendrá, además, reconocidas funciones que le permitirán tramitar y hasta resolver, los procedimientos sancionadores iniciados por la Inspección de Trabajo.
Precedente en Justicia
Tras su llegada a Moncloa, los socialistas han centrado buena parte de sus esfuerzos en la modificación legislativa orientada a la introducción de medidas «transversales» en materia de género.
Los miembros de la Administración Pública no son una excepción para el PSOE. Si los profesionales de la Justicia fueron los primeros en concentrar la atención del Ejecutivo, el resto de funcionarios no quedarán fuera de la propuesta.
La propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, confirmaba que los jueces recibirán formación específica para valorar con «perspectiva de género» a las víctimas.
“El objetivo es que la Administración de Justicia trabaje con criterios de interpretación correctos de género para interpretar la violencia, poder tratarla procesalmente y emitir pronunciamientos justos”, explicaba durante la presentación de la medida la secretaria de Igualdad socialista, y vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
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