Radiografía de la desbandada en la Policía que investiga el crimen organizado en Cataluña: «Nos vamos por falta de medios»

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 24/06/2026 05:50
  • Actualizado: 24/06/2026 05:50

El crimen organizado se ha asentado en Cataluña, con delitos de sangre diarios, incluso a las puertas de comisarías. La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia que esta situación se produce por «la falta de presión policial provocada por el Gobierno de Pedro Sánchez, por su desmantelamiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil para contentar al independentismo», y se agrava ahora por una desbandada de agentes de los grupos de investigación criminal, «también por su culpa».  

Según revela en OKDIARIO este sindicato, una decena de efectivos de la Brigada Provincial de Policía Judicial ha pedido su salida de los grupos que investigan el crimen organizado, que comprende el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, la explotación sexual y la explotación laboral, así como el blanqueo de capitales, el cibercrimen y el yihadismo.

«Nos vamos por falta de medios para combatir esta lacra», declaran agentes de este colectivo que en las últimas semanas han reclamado su salida de estos grupos por la «frustración» que sienten. Han dado este paso en el marco del concurso interno, denominado coloquialmente como «concursillo». Y han solicitado su ingreso en otras unidades menos operativas, como es Seguridad y Protección.

«Los compañeros se van por la asfixia a la que están sometidos por la alta carga de trabajo y la falta de medios», sostiene Rocío Caballero, líder de la CEP en Cataluña, y subraya que «si la Policía no puede investigar el crimen organizado, las mafias se sienten impunes y se asientan, como ha ocurrido» en esta comunidad, así como en Málaga, Almería y Alicante.

La incorporación a los grupos de investigación es vocacional, pero los efectivos «ya no aguantan más» la falta de medios para desarrollar su trabajo. A algunos de ellos ni se les ha dotado de chalecos antibalas y han tenido que comprarlos con dinero de su bolsillo. Además, llegan a hacer jornadas de 12 horas por la falta de personal.

Este martes tuvo lugar el concurso general de méritos, en el que se estima una salida de 800 agentes. No existe reposición de los mismos, pero llegan agentes nuevos, «lo que también provoca que se pierda operatividad en la investigación al tener que enseñarlos», según indican fuentes policiales.

Sólo 68 euros de complemento

A esta situación se suma la salida de agentes este verano de Cataluña en comisiones de servicios temporales, una cuestión en la que «siempre es la comunidad autónoma más afectada». Estos efectivos regresarán pasados unos meses, pero, en general, el colectivo no quiere permanecer en Cataluña por el rechazo hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que sufren por parte del independentismo, así como por la falta de incentivos económicos y ayudas de la comunidad autónoma por estar en un territorio donde padecen hostilidad.

Si bien este verano llegarán 786 agentes nuevos, recién salidos de la academia, lo habitual es que «sólo aguanten en Barcelona un año forzoso obligatorio, y que nada más llegar ya estén haciendo planes para marcharse debido también al encarecimiento de la vida en esta comunidad autónoma», a la cabeza a nivel nacional con el precio más caro de la vivienda. Mientras que el precio medio de la vivienda en España se sitúa en 2.795 euros/m², en Barcelona alcanza los 5.243 euros/m².

«En Madrid, los agentes nuevos pasan tres y cuatro años hasta pedir otro destino, pero, en cambio, de la Ciudad Condal se quieren marchar pronto. Y ello porque aparte de que la vivienda es carísima; en Madrid el complemento supone 210 euros al mes, mientras que en Barcelona son sólo 68 euros. Además, a esto se añade la problemática que se vive desde el procés en Cataluña, donde no somos bien vistos por los independentistas», detallan desde el sindicato.

Y critican que el ministro Marlaska y el Gobierno «son conscientes de esta problemática y de cuál es la solución», que pasa por «incentivar a los agentes para que no se marchen y los grupos de investigación sean estancos, pero han optado por no hacer caso».

La CEP destaca que esta inacción del Ejecutivo «es una forma de invitar a los agentes a que se marchen», cediendo nuevamente a sus socios de Gobierno. Desde este sindicato exigen que se ponga fin al desmantelamiento de la Policía Nacional en esta comunidad autónoma y se reponga a los efectivos que se han expulsado.

Una treintena de tiroteos

Cataluña ha registrado una treintena de tiroteos en lo que va de año. El pasado 10 de junio, coincidiendo con la visita del Papa a Barcelona, un hombre fue asesinado a tiros en la céntrica calle Balmes, delante de la comisaría de la Policía Nacional de La Granada.

El pasado jueves también saltó a primera plana que un individuo estuvo paseando por la Ciudad Condal con un cuchillo de más de 20 centímetros de hoja en la mano, y fue atemorizando y amenazando a los vecinos. Los mossos tuvieron que disparar al aire para reducirlo.

Según el último balance de la criminalidad, sólo de enero a marzo de este año se han producido 10 asesinatos consumados en esta comunidad. Los intentos de asesinato han registrado un notable incremento del 22,4% respecto al mismo periodo del año anterior, al aumentar de 58 a 71. También han crecido un 9,8% los delitos de lesiones y las riñas tumultuarias, que alcanzan los 932 casos, así como las agresiones sexuales con penetración, que han subido un 7,1%.

La prioridad de Marlaska

«El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no destina medios suficientes para combatir el crimen, ni materiales ni humanos», denuncian desde la CEP Cataluña, destacando la «difícil situación» que atraviesa especialmente en esta comunidad la Policía Judicial, que hace unos años era un referente a nivel nacional, pero ahora se encuentra «maniatada» ante la escasez de medios, lo que produce que «el número de detenidos y de investigaciones baje».

«La falta de policías en grupos de investigación y la falta de voluntad política para reforzar las plantillas ha hecho que la delincuencia aumente hasta límites insostenibles», añade Caballero, criticando que «para Marlaska la prioridad en Cataluña sea reforzar la expedición de los DNI».

En este sentido, indica que «para contentar al independentismo, desde hace  casi tres años el Ministerio del Interior se está encargando de vaciar de competencias tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil, cediéndolas al Cuerpo de Mossos d’Esquadra –que actualmente está sobrepasado por la delincuencia y los delitos actuales–, y así luego tiene la excusa perfecta para decir que con tan pocas competencias no necesita tantos agentes».

La CEP también advierte que «pese al incremento de inseguridad que sufre Cataluña por el terrorismo yihadista, se está dejando de nutrir de efectivos la Brigada Provincial de Información de Barcelona para que en un futuro ese trabajo lo asuman los Mossos».

Y señala que los grupos organizados que operan en la calle no ven seguridad ciudadana «porque cada vez pasan menos coches policiales».

«El Gobierno se ha comprometido con la Generalitat a aumentar los Mossos d’Esquadra en 25.000 efectivos de aquí a 2030. El objetivo final, aunque no lo reconocen públicamente, está claro: que los mossos asuman nuestras competencias, quedando sólo la Policía Nacional en esta comunidad autónoma para labores administrativas, como realizar los DNI, pasaportes y el control de Extranjería», critica Marcos Veiras, portavoz de la CEP en Cataluña.

Desmantelamiento de unidades

Según informa la CEP, el ministro del Interior ha reducido casi a la mitad durante sus ocho años de mandato los policías nacionales que investigan en Cataluña los delitos cometidos por inmigrantes, el terrorismo y el tráfico de drogas. Una situación que se agrava ahora con la marcha de esta decena de compañeros.

«Si en un grupo de investigación había sólo cinco agentes y ahora se van uno o dos, ya no tiene personal para hacer vigilancias y escuchas», señala.

Según explica este sindicato, los agentes de las Brigadas Provinciales de Información, que investigan el terrorismo, han visto mermadas sus plantillas un 40% durante la etapa de Marlaska, «pese al incremento de inseguridad que sufre Cataluña por el terrorismo yihadista».

En la misma cifra se han reducido los efectivos dedicados a investigar el tráfico de drogas y los delitos tecnológicos. Algo que se produce pese a que en los últimos meses, los narcos están metiendo la droga por Cataluña porque es más fácil distribuirla para Europa, y también a pesar de que los delitos tecnológicos han subido como la espuma.

Además, la Confederación Española de Policía sostiene que el Gobierno ha expulsado casi al 50% de los efectivos de las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Cataluña, que investigan los delitos cometidos por extranjeros, como son el tráfico de personas, la explotación sexual y laboral, y los fraudes a la seguridad social.

«Por ejemplo, en Barcelona, de 12 agentes que había hace 10 años, ahora sólo quedan siete», detalla este sindicato, indicando que la situación es similar en el resto de provincias catalanas.

Además, la CEP advierte que el «desmantelamiento» de estas unidades «afecta gravemente» las investigaciones a inmigrantes de África, Europa del Este, Asia y Latinoamérica», con la consecuencia de que «antes cada grupo llevaba hasta cuatro investigaciones a la vez, pero ahora, ante la falta de efectivos, sólo puede asumir una, como mucho dos».

Usados como moneda de cambio

«Para continuar en el poder no todo vale, la seguridad no debería ser usada como moneda de cambio», subraya Rocío Caballero, quien considera que con el Gobierno de Sánchez y el mandato de Marlaska, «el final que les espera a los policías en Cataluña es la extinción» del Cuerpo en esta comunidad autónoma.

Este sindicato afirma que si al ministro del Interior le importasen los policías, atendería a su reivindicación de la equiparación salarial con los Mossos, les reconocería la profesión de riesgo, una jubilación digna como sí tienen otras policías autonómicas, y les reconocería también las funciones superiores que algunos desempeñan. Sin embargo, denuncia que hasta la fecha, los agentes «sólo reciben desprecios y un maltrato continuado».

«Si el Gobierno pagase los 1.000 euros de diferencia que cobran los mossos respecto a los policías en Cataluña, los agentes permanecerían aquí, pero al negarles la equiparación salarial, se perpetúa este problema», concluye la CEP.