Pumpido esconde a los magistrados del ala derechista la ponencia de la Ley de Amnistía

Magistrados del Tribunal Constitucional expresan su profundo malestar con el presidente Cándido Conde-Pumpido por conocer el domingo por la noche, a través de medios de comunicación y mensajes de WhatsApp, el contenido de la ponencia sobre la Ley de Amnistía que debía llegar horas después a sus despachos por escrito en un sobre cerrado con el sello «Confidencial».

La indignación se extiende por la falta de transparencia y el hermetismo con las que se ha gestionado un asunto de tal trascendencia constitucional, rompiendo los puentes de diálogo tradicionales entre los diferentes bloques del alto tribunal.

La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, ha elaborado una ponencia de 191 páginas que avala en lo esencial la ley de amnistía al considerar que «el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente». El documento da respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular y declara constitucional la medida de gracia en sus aspectos fundamentales.

Por su parte, los magistrados Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel presentarán votos particulares individuales el día del voto final en el pleno, previsto para el 24 de junio.

Fuentes cercanas al tribunal denuncian las prácticas de Pumpido permitiendo filtraciones y que no se les consulte para nada. «Nunca ha pasado esto en el Tribunal Constitucional, si esta situación se alarga en el tiempo, también si cambian las mayorías que no cuenten conmigo para validarlo», expresa un magistrado.

El descontento y desencanto se centra en la gestión hermética de Pumpido, quien ha impedido un debate específico sobre la petición de elevar una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, se designó un grupo de trabajo blindado en el que, según fuentes consultadas, no hay ningún letrado de los magistrados críticos.

La situación ha llegado al extremo de que los magistrados se enteraron por el Ateneo de Madrid que Pumpido realizaría un desayuno informativo para desvelar su hoja de ruta sobre los recursos de amnistía, sin haber sido consultados previamente.

Esta falta de pluralismo y autosuficiencia por parte del presidente podría llevarse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), aunque serían las partes quienes deberían interponer el recurso correspondiente.

La ponencia de Montalbán se presentará en el pleno del 10 de junio, sólo con ocho días para su estudio. El voto no tendrán lugar hasta el siguiente cónclave del 24 de junio. El Tribunal Constitucional adoptará posteriormente un perfil bajo y no retomará los demás asuntos relativos a la amnistía hasta después del verano.

Está por ver qué responderá el Constitucional a la petición expresa del Senado y el PP de elevar una consulta sobre la Ley de Amnistía al TJUE. Los magistrados suponen que se llevará al mismo pleno y habrá un auto específico respondiendo a este extremo. Pero de nuevo hay opacidad total.

La primera sentencia sobre la amnistía marca el inicio de un largo proceso judicial. Las fuentes consultadas calculan que el Constitucional estará despachando asuntos relativos a esta norma jurídica hasta el próximo año, con cerca de una treintena de impugnaciones pendientes de resolución.

La gestión de este expediente ha evidenciado una fractura sin precedentes en el seno del alto tribunal, donde la falta de consenso y transparencia amenaza con erosionar la credibilidad institucional en un momento de máxima tensión política y jurídica en España.

Tres aspectos menores

El borrador propone declarar inconstitucionales únicamente tres aspectos menores de la normativa. En primer lugar, considera que se vulnera el principio de igualdad porque la amnistía solo perdona «los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña», pero no los actos contrarios al procés. Montalbán plantea incluir también a quienes se opusieron al proceso independentista.

La magistrada rechaza el principal argumento del PP, que sostenía que la amnistía requeriría una habilitación expresa de la Constitución. Montalbán sostiene que la amnistía y el indulto son «instituciones diferentes» y que «la inconstitucionalidad de una ley de amnistía no puede fundamentarse en la prohibición de los indultos generales».

Respecto a la motivación de la norma, la ponencia establece que «la ley, como acto jurídico y siempre que respete lo establecido en la Constitución, es libre en cuanto a su fin, que se fija según criterios de oportunidad política».

El segundo punto declarado inconstitucional se refiere al marco temporal. La ley amnistía delitos hasta el 13 de noviembre de 2023, pero añade que también serán perdonados «aquellos cuya ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha». Montalbán rechaza esta proyección a futuro, limitando la aplicación hasta la fecha mencionada.

La magistrada mantiene un silencio sepulcral sobre el delito de malversación, aspecto fundamental que ha impedido la plena aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont –lo que impide su regreso– y Oriol Junqueras. Fuentes jurídicas explican que no alude a ello porque el PP no lo pidió expresamente en su recurso.