El PSOE valenciano se financia ilegalmente desde que se estrenó la democracia

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 02/07/2018 02:25
  • Actualizado: 02/07/2018 08:16

El PSOE lleva cometiendo financiación ilegal en Valencia desde que se estrenó la democracia. OKDIARIO muestra la «circular reservada» que el 11 de octubre de 1979 -menos de un año después de aprobarse la Constitución Española- remitió Pedro Lorca de parte de la «Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE» a todos los «compañeros socialistas» que formaban parte del grupo de «concejales socialistas».

Una carta donde se daban explicaciones ya por aquellas fechas de que «al igual que otras federaciones del partido» los concejales y alcaldes debían garantizarse el control de «contrataciones, licitaciones y subastas, al objeto de poder concurrir a ellas». Porque, de ese modo, convertirían los pagos públicos en una «fuente extra de financiación» del partido.

La carta, subraya el carácter de «circular reservada». Y, acto seguido, explica cómo la Ley de Régimen Local abría todo un universo de contrataciones con dinero público desde «las corporaciones, que están facultadas para contratar determinados servicios, utilizando el método de contratación directa». «No se os escapará», señala inmediatamente, «la importancia tanto económica como política que tiene para el Partido, el control de esta contratación».

Esos contratos, obviamente, no podían ir al «Partido». Debían ir a empresas privadas. Por lo que, evidentemente, sólo puede estar refiriéndose a contar con empresas tapadera o sociedades controladas de forma que posteriormente se pudiesen repartir las ganancias.

La circular, que marca la directrices para hacer con esos contratos, pone ejemplos: «El plan general de ordenación urbana, recogida de basuras, mantenimiento del alumbrado público, etc». Esa parte de las directrices ha debido seguirse a rajatabla, porque lo cierto es que no ha dejado de haber escándalos relacionados con esos servicios.

«El contenido es RESERVADO»

La carta señala que no se trata de una práctica exclusiva de la Comunidad Valenciana: «Es propósito de la Comisión Ejecutiva del País Valenciano, que al igual que se ha establecido en otras federaciones del Partido, y más concretamente en aquellos grandes ayuntamientos donde el volumen económico de las contratas, podría suponer una fuente extra de financiación, el establecer en esta Federación una metodología que nos permita estar enterados antes de su resolución y con tiempo suficiente de aquellas contrataciones, licitaciones y subastas, al objeto de poder concurrir a ellas».

El párrafo se incluye sin miramientos. Sin el más mínimo temor. Pese a describir la lacra por la que se han colado desde entonces cientos de millones de euros pagados por los bolsillos de todos los españoles. Millones que han inflado las contrataciones públicas, no por necesidad, sino por corrupción.

De hecho, el urbanismo, guinda por excelencia de estas prácticas, se volvía a subrayar en un párrafo específico donde se decía que «deberéis extremar las medidas de control e información, especialmente en lo referente a la confección y/o revisión de los planes generales de ordenación urbana, puesto que la Comisión Ejecutiva dispone del Gabinete Técnico suficientemente capacitado para dicho cometido».

Pedro Lorca se despedía dejando constancia de lo tratado y señalando una vez más que «el contenido es RESERVADO». Y con un «saludos socialistas».

Hoy descubrimos la trama de Crespo Gomar, la de Acuamed, las investigaciones sobre pagos asumidos por Hospimar y, la última, la de Jorge Rodríguez en Divalterra (la antigua Imelsa). Todas ellas con un patrón de comportamiento que recuerda bastante a la dinámica de financiación ilegal descrita en aquella circular: la de 1979.