España

El PSOE abandona la acusación contra la asociación agraria UPA acusada de fraude de subvenciones

El PSOE de Extremadura ha decidido dejar de perseguir penalmente uno más de los escándalos relacionados con las subvenciones que se ha producido en la comunidad autónoma socialista. La consecuencia de esta decisión es que neutralizará las actuaciones para recuperar el dinero defraudado. El PSOE de Fernández Vara, abandonada de esta manera la acusación contra la asociación agraria UPA acusada de fraude de subvenciones.

El Partido Popular de Extremadura ha exigido ya explicaciones a la Junta de Extremadura por la decisión de retirarse como acusación particular del procedimiento judicial abierto contra los dirigentes de UPA-UCE y por el que la Fiscalía solicita hasta 16 años de cárcel para los máximos dirigentes de la organización agraria.

Tal y como establece la Fiscalía, la Junta de Extremadura sería la perjudicada por el presunto fraude de subvenciones, pero, pese a ello, los socialistas de Fernández Vara han perdido el interés en el proceso contra UPA.

Por todo ello, el Partido Popular señala que “no entiende la decisión de retirarse del procedimiento”. Además, el letrado de la Junta ha alegado “órdenes de la Consejería” para fundamentar dicha retirada, por lo que desde el PP se ha exigido ya que la Junta explique quién lo ordenó y si se trata de una decisión política.

El caso UPA-UCE se remonta a noviembre de 2016, cuando la Guardia Civil detuvo a los máximos dirigentes de esta organización agraria -históricamente cercana a los planteamientos del PSOE- por un presunto fraude en subvenciones al asesoramiento agrario. Una vez que se les tomó declaración, algunos de los responsables quedaron libres y los dos máximos dirigentes, el secretario general y el de Organización, ingresaron en prisión. De hecho, permanecieron en prisión más de 4 meses el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, y el secretario de Organización, Maximiano Alcón.

El modus operandi investigado es sencillo: la organización agraria accedía a la subvención que el Gobierno regional, a través de fondos europeos, ofrecía a los agricultores para asesoramiento agrario. Para ello se creó una sociedad que justificaba los cobros de subvenciones, presionando a los agricultores para que solicitaran dicha ayuda. Durante la investigación, incluso algunos agricultores negaron haber solicitado dichas ayudas, a pesar de que estaba su solicitud firmada. Las sospechas apuntan a un entramado que habría defraudado más de 4 millones de euros, según la última cifra de la Fiscalía.

UPA-UCE es una organización agraria cercana a los planteamientos del PSOE. De hecho, el propio presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, no tuvo problema en mostrarse convencido de su honradez y su inocencia en público. Es más, el propio secretario general nacional de UPA-UCE, Lorenzo Ramos, ha llegado a pedir el voto para el PSOE.

La Fiscalía solicita 16 años de prisión y 33 millones de euros de multa para los dos máximos dirigentes de UPA-UCE en la región, por delito continuado contra la Hacienda pública, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. También hay otros 5 acusados con solicitudes similares de prisión y multas cuantiosas.

Pues bien, como ya hizo el gobierno socialista de Fernández Vara en la trama de los cursos de formación, en la que está implicado UGT, en el caso UPA-UCE ha decidido retirarse de la acusación particular a pesar de que la propia Fiscalía advierte de que la Administración regional es la perjudicada por el presunto fraude que asciende a 4,3 millones de euros. En noviembre del pasado año, sin informar de ello, decidió retirarse, y el propio letrado de la Junta ha alegado que ha recibido “órdenes de la Consejería” para ello.

Ante ello, el Partido Popular de Extremadura ha exigido explicaciones al obierno regional sobre la decisión de retirar la acusación particular siendo la Administración la perjudicada por presunto fraude y que explique si las “órdenes” de retirarse han sido directrices políticas.

También desistió en los cursos de formación

En julio de 2020, OKDIARIO publicó que la Junta de Extremadura socialista decidió dejar de pelear por la devolución del dinero defraudado en los cursos de formación en esta comunidad autónoma. Pese a que el proceso judicial continuaba contra la UGT y CCOO por un escándalo que podría alcanzar los 100 millones de euros, los socialistas de Guillermo Fernández Vara abortaron la acusación para favorecer los intereses de dos de sus principales brazos de movilización social, los dos principales sindicatos.

Tal y como señalaba el escrito de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, “el Secretario General del Servicio Extremeño de Empleo ha dictado Resolución con fecha 3 de diciembre de 2019 (que ya obra en autos). En la misma se acuerda, en base a las consideraciones jurídicas que se contienen en la misma, declarar la pérdida parcial del derecho al cobro de la subvención percibida y el abono del tercer pago pendiente de la subvención”. Esa subvención iba destinada a los dos sindicatos.

Con ese argumento, el Gobierno de Extremadura ha dado orden de considerar perdido el importe y de dejar de pelar, uno, por su devolución, y, dos, por el castigo a los autores del fraude.