Investidura de Isabel Díaz Ayuso

La propuesta de Vox para investir a Ayuso: eliminación de impuestos, libertad de educación…

Vox renuncia a derogar las leyes del colectivo LGTBI. Exige la reducción o eliminación de impuestos y que se garantice el acceso de la Policía a los datos sobre inmigrantes irregulares, de acuerdo a la ley.

Vox
Ignacio Aguado (C's), Isabel Díaz Ayuso (PP) y Rocío Monasterio (Vox)

Vox ha presentado un documento en el que plantea sus condiciones para votar a favor de la investidura de la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En el texto, renuncia a algunas de sus exigencias más polémicas, como la eliminación de determinados artículos de las leyes autonómicas del colectivo LGTBI. Se trata de una propuesta asumible por Ciudadanos y que, según anuncia la formación, "no compromete a Vox como socio de Gobierno".

"Desde una leal oposición, defenderemos en su integridad nuestro programa político, tal y como nos comprometimos con nuestros electores", dicen desde el partido.

Vox propone la "eliminación o reducción al máximo de todos los impuestos existentes en la Comunidad de Madrid, con respeto a los objetivos de estabilidad presupuestaria, al no incremento de la deuda y a la eficiencia del gasto público".

Además, exigen que se "racionalice" la estructura del Sector Público Institucional, "eliminando aquellas agencias, empresas públicas, entes y organismos que no respondan a criterios razonables de uso del dinero público".

Pretenden, además, que se realice una "auditoría de las subvenciones otorgadas en la última legislatura, con determinación de su importe, destinatario, fines y acceso a la memoria de ejecución elaborada por el receptor de la subvención; con el fin de garantizar que los fondos públicos no van destinados a entidades de carácter ideológico".

También quieren gestionar los recursos destinados a la Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid "dando prioridad a proyectos de desarrollo de la región para frenar la despoblación y/o paliar sus efectos en las zonas rurales y mejorar las zonas marginales que aún existen en nuestra comunidad, así como para la promoción de proyectos que favorezcan el acceso al mercado laboral a personas en situación de vulnerabilidad".

Los recursos procedentes de la reducción de gasto político y de la reducción del Sector Público Institucional se destinarán "a aumentar el presupuesto disponible para educación, sanidad, ayudas a la dependencia y ayudas a la discapacidad". En otra de las propuestas instan a modificar la Consejería de Asuntos Sociales y Familia que "pasará a ser la Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Natalidad para revertir el invierno demográfico e incentivar y apoyar la maternidad".

Libertad de educación

En otro punto, exigen que se "garantice el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones", tal y como está contemplado en el artículo 27.3 de la Constitución. "Para ello, se introducirán mecanismos que garanticen la no injerencia de los poderes públicos en la educación de nuestros hijos", añaden.

"Se respetará la potestad de los centros educativos de adaptar los contenidos formativos al ideario del centro, siempre que éste sea coherente con los principios de libertad de educación recogidos en la Constitución Española", añaden. También defienden la "libertad de cátedra".

Vox quiere también que se ponga en marcha "de forma progresiva" el ‘cheque escolar’ y que se promueva la libertad de elección de centro educativo.

Además, "se aprobarán y/o reforzarán los protocolos existentes en los centros educativos que aseguren protección frente a situaciones de discriminación, acoso o violencia, en concordancia con la legislación vigente".

Sobre inmigración, defienden que ésta sea "ordenada, legal y respetuosa con nuestra cultura occidental y vinculada al mercado de trabajo". Además, "se garantizará que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado tengan acceso directo, de acuerdo siempre con la Ley de Protección de Datos, a la información de que dispone la Administración Regional sobre los extranjeros en situación irregular". 

También piden que se "revise y modernice" la "política de creación de centros para albergar a inmigrantes menores no acompañados (MENAS), bajo las premisas de seguridad para los menores, los trabajadores y los vecinos, así como la eficacia en la inserción cultural y socio laboral".

"Se asegurará que ningún extranjero ingresa en un centro de menores sin que haya sido determinada de forma fehaciente su edad. En caso de no cumplirla, la Administración Regional se pondrá en contacto con los organismos competentes para la acreditación oficial de su edad, así como para los procedimientos necesarios contemplados en nuestras leyes", añaden los de Abascal.

También quieren atar en corto a las mafias de tráfico de personas "y aquellas organizaciones que favorezcan la presencia de extranjeros en situación ilegal y la proliferación de actividades delictivas organizadas", como el narcotráfico, venta ambulante ilegal, prostitución, trata u ocupación ilegal.

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