España
Inmigración

El precio de la inmigración ilegal: 55.000 € sólo para destruir las pateras que llegan a Mallorca

El objetivo es cumplir "con los necesarios controles medioambientales"

Tendrá que inutilizar el motor y destruir el resto de la embarcación

El Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez ha gastado 55.000 euros solamente en la destrucción de pateras ilegales que llegan a la isla de Mallorca. Se trata de un contrato público de la Delegación de Gobierno de las Islas Baleares, organismo dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige el ex presidente socialista de Canarias, Ángel Víctor Torres. La contratación, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, se ha formalizado este mes de julio y tiene como objeto el «servicio de retirada y destrucción de embarcaciones dedicadas a la inmigración irregular (pateras) en la isla de Mallorca».

La empresa adjudiataria, ADALMO SL, tendrá que retirar, en primer lugar, el motor, cuya venta queda «totalmente prohibida» como «unidad íntegra» cuando se extraiga del resto de la embarcación. La sociedad está «obligada al desmontado total de las piezas del motor de forma que éstas queden perfectamente separadas». El objetivo es que se acabe «impidiendo su funcionamiento».

En segundo lugar, para el «resto de la embarcación» tendrá que realizarse «la destrucción y eliminación total». Eso sí, la empresa tiene que garantizar «la protección del medio ambiente» durante ese proceso. Y es que, para la Delegación de Gobierno de las Islas Baleares, la principal motivación esbozada en la memoria justificativa para esta contratación es el «ejercicio de responsabilidad medioambiental». Todo para evitar «la acumulación de pateras» y lograr «la retirada de este tipo de residuos por empresa legalmente autorizada». En definitiva, cumplir «con los necesarios controles medioambientales».

Extracto de la formalización del contrato.

Para completar esta labor, el organismo dependiente del Ministerio de Política Territorial dará a conocer la «ubicación» de la patera y la empresa contratante cuenta con «diez días hábiles contados desde la fecha de comunicación» para retirarla.

Será la «Delegación del Gobierno la que, en función de las necesidades del servicio, solicite en todo momento a la empresa adjudicataria el número de las pateras a retirar y destruir», tal y como se desprende del pliego de prescripciones técnicas del contrato.

«Destrucción de las pateras»

Para que la sociedad adjudicataria pueda cobrar el montante acordado, tiene que cumplir con un procedimiento posterior. En primer lugar, enviarle un listado con todas las embarcaciones que ha eliminado. Segundo, presentar un certificado que acredite la «destrucción de las pateras» y en el que se incluya que la parte del motor «ha sido destruida o ha quedado fuera de funcionamiento con la separación total de sus piezas».

El contrato tiene una duración de ocho meses, a contar desde que se formalizó el contrato, es decir, desde el 10 de julio de 2024 y hasta marzo de 2025. En este plazo se ha tenido en cuenta que a las costas mallorquinas pueden llegar «un total de 80 pateras».

El acuerdo también prevé que la empresa adjudicataria pueda quedarse con las piezas del motor como «dación en pago», lo que podría suponer «una minoración en el importe final a abonar» por las arcas públicas. En todo caso, admiten que es «imposible determinar con carácter previo el coste final».

Dentro del gasto público se incluye «el desplazamiento, la retirada, el traslado con vehículos homologados y por personal debidamente formado hasta la planta de almacenamiento o tratamiento correspondiente, así como la emisión y la gestión documental que se genere». Y cada trabajador que preste ese servicio, según el pliego de prescripciones técnicas, tendrá que acudir a su misión «uniformado, limpio y aseado», y tendrá que portar un distintivo para que se le reconozca como trabajador de la empresa.

La Delegación de Gobierno publicó la licitación de este contrato el pasado mes de junio en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Entonces se estimó que el valor de este trabajo es de casi 60.000 euros, un precio que ha sido cercano al que finalmente se ha adjudicado. El coste final del contrato adjudicado, con impuestos incluidos, es de 55.123,75 euros.