Prada denuncia ser víctima de una «persecución política» por parte del juez en el caso Campus de la Justicia

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Alfredo Prada destaca su «relevante historial público», pero también los «antecedentes personales y profesionales» tanto de la fiscal como del instructor. Segura fue la representante del Ministerio Público en el caso Gürtel, mientras que De la Mata ejerció como director general de Modernización de Justicia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

«La doctrina jurista más vanguardista ha introducido el concepto ‘lawfare’ y en el presente caso se dan todos los presupuestos de esta teoría jurídica, ‘la guerra jurídica’ como el uso ilegítimo interno con la intención de dañar a un oponente político», alega el exconsejero del PP en su escrito, quien fue imputado formalmente el pasado 19 de marzo, seis meses después de que se abriese la investigación en la Audiencia Nacional.

En su opinión, la «embestida legal» en su contra es «una clara puesta en marcha de una táctica de ‘guerra no convencional’, el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación del adversario político, en el que se combinan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al investigado y su entorno con el fin de perjudicar los legítimos intereses de la formación política a la que pertenece».

Es más, Prada recuerda que es «público y notorio» que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «ha utilizado en reciente campaña electoral» la citación del exconsejero en la Audiencia Nacional en calidad de investigado.

A su juicio, Sánchez utilizó esta «condición como instrumento de debate político, y no sólo en un debate televisado con índices de máxima audiencia para desacreditar a su adversario político, sino que días después lo reiteró en diversos actos públicos».

«Veloz» decisión sin informes

Prada denuncia en su escrito la «veloz» decisión del magistrado de citarle a declarar, sobre todo cuando «ya se habían convocado las elecciones generales» y «sin esperar» a un informe de la Intervención General del Estado (IGE).

Según el exconsejero ‘popular’, un medio de comunicación ha publicado que fue Anticorrupción la que «pidió verbalmente» a dos interventores de la IGE ese informe acerca del «contenido punitivo» del análisis realizado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, cuyo «resultado fue negativo».

Y además, asegura el escrito del investigado, el juez tampoco esperó para citarle al «pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, órgano constitucional encargado de determinar la responsabilidad contable de las actuaciones de la administración».

Además de subrayar, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, que los presuntos hechos delictivos ya habrían prescrito, Prada afirma que todo lo expuesto le lleva a pensar que se ha producido una «inconstitucional politización de la justicia», de modo que solicita al instructor la nulidad de las actuaciones.